Los básicos

Creo que nadie en su sano juicio podría cuestionar que es mejor que los narcotraficantes estén en la cárcel que sueltos en las calles. Esto asumiendo, claro está, que las cárceles sirvan efectivamente como cárceles y no como centros de operaciones ligeramente menos cómodas que sus casas de seguridad.

En eso, ojalá, todos los mexicanos estemos de acuerdo. Nadie quiere descubrir que en la cuadra siguiente La Barbie o El Grande -que por lo menos por su enorme estatura bien podría haber tenido una exitosa carrera en la NBA y no andar corriendo a salto de mata- operaban con total impunidad. Bien. Hasta ahí todos contentos.

La cosa se complica, sin embargo, una vez que el gobierno logra asegurar a estos criminales. Ahí es donde comienza el desbarajuste, los mensajes encontrados y la pachanga. Me explico:

1.- Una vez que el gobierno logra detener a un criminal o un grupo de criminales no es apropiado que se monte el show que frecuentemente se monta para consumo popular. La práctica de anunciar esas capturas y poner a los criminales a dar la cara frente a la opinión pública no sirve absolutamente para nada.

¿O de qué nos sirve ver a La Barbie riendo? (O más frecuentemente, ¿a los criminales con cara de vinagreta amarga?). Los shows montados por el gobierno federal son, además, violatorios de los derechos humanos de las personas.

2.- Sí… las personas, todas -criminales o no- tienen los mismitos derechos fundamentales, ni más ni menos. Eso no nos ha quedado claro como sociedad. Hay quienes se rehúsan a reconocer que existen ciertas normas básicas para todos, sin importar lo que hayamos hecho en nuestras vidas.

Todavía peor: hay quienes se creen con la autoridad moral como para ser ellos mismos los que decidan si a estos criminales deben respetárseles sus derechos fundamentales o no. Queremos un México más cívico, más avanzado y menos bárbaro, pero creemos que hay un grupo de personas que no valen lo mismo frente a la ley. Eso de cívico no tiene nada.

3.- Para que un narco opere con impunidad debe haber detrás, al menos, un funcionario público que se ha corrompido, por acción o por omisión. En realidad, no hay de otra. ¿Dónde están estas personas? ¿A cuántos funcionarios públicos se les ha iniciado un juicio penal?

Éstas son preguntas relevantes y que el gobierno las responda debería ser más importante que organizar desfiles mediáticos para presentarnos a su más reciente capturado. Con la cerrazón y poca transparencia que hay en México en materia de combate a la corrupción, la opinión pública no tiene manera ni elementos para evaluar lo que se ha conseguido en ese rubro. La corrupción es el otro lado de la moneda y no debemos dejar que el gobierno decida arbitrariamente qué informarnos sobre esa cara, simplemente no es relevante.

Los mexicanos tenemos todavía muchos temas que resolver en nuestro enfrentamiento con el crimen organizado. Debatir la estrategia que eligió el presidente Felipe Calderón para este combate es, sin duda, una de nuestras tareas.

Sin embargo, esté quien esté tomando las decisiones en Los Pinos, debemos de partir de al menos una concepción básica: la lucha contra el crimen organizado no debe hacernos renunciar a nuestros principios y libertades básicas, al respeto a los derechos humanos y a nuestro derecho a ser informados.

afvega@eleconomista.com.mx