Necesitamos una amplia y eficaz política social

México tiene 53 millones de pobres; 60% de los que trabajan lo hacen en la informalidad; en calidad de vida, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, estamos en el lugar 50; la seguridad social excluye a 60% de la población ocupada; internacionalmente en infraestructura en general nos ubicamos en la posición 58. Y según el Coneval, el ingreso medio de los hogares se estancó en 25 años. En 1992 se ganaban 3,508 pesos al mes, cifra igual que en el 2016. Por eso no es de extrañarse la inseguridad.

Los candidatos presidenciales ofrecen apoyos para aliviar la precariedad. Meade propone triplicar el ingreso que reciben las familias que están en el programa Prospera e incorporar a 2 millones más, lo cual totalizaría 8.8 millones de familias. Además, ofrece a las madres de familia 1,200 pesos mensuales. Anaya plantea una Renta Básica Universal cada mes para todos los pobres. López Obrador propone becas para los ninis y duplicar el apoyo a los adultos mayores. Y en la Ciudad de México, la candidata Barrales promete 2,500 pesos mensuales a todas las jefas de familia.

Este asistencialismo está asociado a las elecciones. Lo que necesitamos es una política social de gobierno amplia y eficaz, que vaya más allá de estas compensaciones que pueden tener efectos contrarios a los que se buscan.

Está comprobado que el crecimiento económico es el que conduce al bienestar social. Por ello es necesario derribar los obstáculos que han generado la baja inversión y el bajo crecimiento económico. Se recordará que en el Pacto por México se planteó una meta de 5% de crecimiento del PIB. Sigue siendo deseable para superar el nivel actual de estancamiento. Durante el periodo 1996-2015 el crecimiento del PIB per cápita fue de sólo 1.3% anual.

También es conveniente que a través del sector financiero se privilegie el crédito para la producción de bienes y servicios, más que el crédito al consumo.

Además, debe haber mayor gasto en calidad educativa, salud, vivienda e infraestructura. Esto significa inversión en capital humano y en actividades creadoras de empleos.

Moderar el crecimiento demográfico, que es la fuente de la cada vez mayor demanda de servicios.

Un programa de becas y la incorporación a los programas de educación para el trabajo, para los ninis, hombres y mujeres. Cifras arrojan que 22% de los jóvenes mexicanos ni trabajan ni estudian pero sí consumen, según un informe reciente de la OCDE. México es, dentro de esta organización, uno de los países que tiene más ninis.

También se deben desarrollar programas de atención infantil que permitan a los adultos ir a trabajar.

Enfrentar el problema tecnológico que está sustituyendo en todo el mundo a la mano de obra. Esto plantea un problema ético, el de la relación del trabajo con la vida.

Coordinar los programas públicos y privados que se dedican a la atención social, con el propósito de lograr convergencia y eficacia. Se calcula que en nuestro país hay más de 5,000 programas de desarrollo social. Con 50 serían suficientes.

Subir el salario mínimo que, pese al aumento reciente, continúa por debajo del umbral de la pobreza. Asimismo, mejorar la posición negociadora de los trabajadores.

Transformar el sistema pensionario. En este sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo reconoce: “El esquema de las afores no cumple con el propósito esencial, que es otorgar pensiones”.