Opacidad por Decreto

La transparencia no ha sido el fuerte del gobierno de la 4T. Más el decretazo que el presidente López Obrador promovió la semana pasada son palabras mayores, es el acto más autoritario e ilegal en el actuar público de la época reciente. Opacidad por decreto, así le he llamado, porque a partir de ahora, de manera discrecional toda obra de infraestructura del Gobierno federal podrá ser considerada como un asunto de seguridad nacional, exentándolas de toda normatividad exigida en materia de transparencia, permisos y muchas más obligaciones administrativas.

Según lo publicado en el DOF, el decreto se funda en lo que establecen los artículos 26 y 90 constitucionales, así como diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Sin embargo, ninguno de estos preceptos constitucionales le confiere facultades al presidente para declarar obras de infraestructura como asuntos de seguridad nacional, todo lo contrario; las disposiciones de la Ley Orgánica que alude, dan cuenta que el decretazo viola lo establecido en el artículo 6, 107 y 134 de la carta magna, ya que suspende la posibilidad de juicios de amparo, así como el derecho de todos los mexicanos al libre acceso a la información y a la transparencia en el manejo de fondos y recursos públicos.

Por otro lado, destaco algunos alcances que tendrá este decreto: 1) se impedirá a los tribunales procesar amparos con el fin de suspender dichas obras, 2) se podrá promover de forma indiscriminada los procesos de adjudicación directa, saltándose la recomendación constitucional de licitar de manera pública y transparente y 3) se facilitará el otorgamiento de permisos para comenzar proyectos de obra pública, incluso si éstos no cuentan con los estudios de pre-factibilidad que mandata la Ley; algo que puede tener costos irreversibles.

Sin lugar a duda, la estrategia es clara. Se busca agilizar las obras federales sin un análisis preliminar que pueda determinar si esa inversión es viable para convertirla en un proyecto, o si se tienen los recursos económicos y materiales para llevarla a cabo. Incluso, iniciarían estos proyectos sin estudiar los posibles impactos al medio ambiente y la evaluación de cómo remediarlos, en su caso. Para colmo, todos estarán reservados o, en otras palabras, “ocultos por decreto”.

Como tabasqueña, me preocupa que el decretazo seguirá fomentando la falta de transparencia o #TransparenciaColorChapopote, como le han llamado mis representados, en la construcción de la Refinería de Dos Bocas. Para ejemplo, les informo que recientemente, a través de la plataforma nacional de transparencia, recibí información de que este proyecto, el único destinado para la reactivación económica de Tabasco, cuenta con un avance físico de sólo 33% y financiero de 26% a siete meses de su supuesta conclusión. En innumerables ocasiones, he insistido en conformar una comisión plural en colaboración con organismos nacionales e internacionales, tanto para trasparentar su ejecución, como para que den cuenta del avance de los programas de prevención al cambio climático la ser una obra altamente contaminante, pero la negativa ha sido la constante. Desafortunadamente, con el decretazo, la falta de información se agudizará.

Yo insisto, la transparencia, la rendición de cuentas y el apego a las mejores prácticas administrativas son los elementos que el Gobierno debe impulsar para consolidar la verdadera “cuarta transformación”; no decretazos inconstitucionales que atentan contra el Estado de Derecho y ponen en riesgo la autonomía de los poderes de la Unión.

@PerezSoraya