Prohibido prohibir, excepto en energía

En la retórica de algunos, la reforma constitucional en materia energética es un documento sublime: un hito restaurador de la soberanía nacional. Pero, en la práctica, no es mucho más que una larga lista de prohibiciones para cualquier mexicano que no trabaje para Nahle, Bartlett o Romero Oropeza.

Pare empezar, la reforma propuesta por el gobierno prohíbe a cualquier planta que no esté bajo el control absoluto de CFE competir por hasta 54 por ciento del mercado de generación de electricidad. Prohíbe también que cualquier persona, empresa u organización decida a quién comprarle y a quién venderle la energía: en territorio nacional, la electricidad sólo se le compraría a la CFE; sólo se le vendería a la CFE.

Ya encarrerado, el texto prohíbe la subsistencia de cualquier contrato eléctrico previo a este gobierno. Y, como si fuera posible que en este gobierno se colara algún funcionario con criterios y pensamientos independientes a los que vienen desde arriba, también prohíbe que haya cualquier organismo regulador autónomo. Nadie que no tenga a Nahle como su superior jerárquico directo podrá hacer regulación o política energética.

Quizás estas sean más escandalosas porque son prohibiciones con aspiración de rango constitucional. Pero son parte de una larga tendencia prohibitiva, vía leyes y políticas, que en muchos casos ha resultado inconstitucional.

En la práctica, en este sexenio quedó prohibido para cualquier mexicano que no trabaje para Pemex desarrollar nuevos proyectos petroleros desde cero. A pesar de que la constitución mandata las rondas para ampliar el aprovechamiento de los recursos petroleros, el único camino hacia la actividad petrolera que no se ha bloqueado son los contratos de servicios bajo Pemex, en la mayoría de los casos bajo adjudicación directa; todo a la orden de Pemex. En este sexenio, el fracking está prohibido por retórica presidencial, aunque varios analistas sostienen que Pemex sigue usando la práctica. En algún momento, además, se planteó una norma que permitía al gobierno prohibir (o al menos restringir) ciertos tipos de exportaciones petroleras. Y está por verse si en la práctica queda prohibido operar un campo unificado con Pemex.

Si no son de Pemex, también está prácticamente prohibido instalar nuevas gasolineras. De acuerdo con empresarios gasolineros, la cantidad de permisos que de plano no se han otorgado llega a los cientos. Y también parece que se está prohibiendo progresivamente operar terminales de importación que no sirvan desde origen a Pemex. Es difícil encontrar infraestructura de almacenamiento, transporte o distribución de petrolíferos que no haya sido clausurada – o no se haya buscado clausurar bajo cualquier pretexto.

De regreso al sector eléctrico, a lo largo de los últimos dos años, se ha prohibido que los certificados de energías limpias funcionen como fueron diseñados. En muchos casos se ha prohibido que nuevas plantas de privados entren en operación, interconectándose de lleno con el sistema eléctrico.

En otros casos, se ha prohibido selectivamente la operación ininterrumpida de plantas ya en operación, con instrucciones de curtailment que tienen fuertes tufos de irregularidad. También se ha prohibido la renovación de permisos a empresas que no sean CFE. Aunque esto parece que ha ocurrido en solo una ocasión, hay temores de que esto también se convertirá en una tendencia conforme otros permisos caduquen.

Aquí hay mucha prohibición. Desde el poder, la consolidación del poder del Estado en el sector energético se canta como una oda o una sinfonía, un motivo de regocijo desencadenado -- quizás un nacionalista huapango que evoca paisajes naturales puros, llenos de luz. Pero entre tanta prohibición, ¿no sería más apropiado tararear una oscura marcha imperial?

@pzarater