¿Una ley puede frenar los problemas de acoso que enfrenta Uber?

Es imposible deslindar a Uber de las violaciones y el acoso sexual documentados en México, incluso si su contrato de adhesión lo determine de esa manera. Uber —como Cabify y otras empresas de transporte privado que funcionan a través de plataformas tecnológicas— promete a sus usuarios un viaje seguro en un país lastrado por la inseguridad y la violencia contra las mujeres. Pero Uber no puede cumplir y defrauda la confianza de los consumidores.

Recuperé enunciados idénticos a los de un artículo sobre Mara Castilla y Cabify publicado aquí el 17 de septiembre de 2017 porque enfrentamos una situación similar: con sus términos y condiciones, Uber quiere sacudirse la responsabilidad de las conductas de sus “socios conductores”, asegurando que contribuye a las investigaciones judiciales cuando éstas se presentan y recalcando que sus procedimientos de selección rechazan a 88 de cada 100 aspirantes a conducir un automóvil en Uber. Pero aunque sólo 12% de los aspirantes pase los exámenes de admisión, es evidente que el procedimiento es insuficiente: Uber tiene que hacer más para evitar casos como los documentados por la unidad de investigación #44Lab de Señal Informativa de la Universidad de Guadalajara.

Las periodistas Guadalupe Martínez e Ivette Solórzano encontraron que, entre enero y febrero de 2018, la Fiscalía General de Jalisco abrió tres carpetas de investigación por violación y violación equiparada cometidas presuntamente por conductores de Uber y que desde 2016 se han presentado 15 denuncias por conductas similares. Uno de los casos tratados por #44Lab es el de una estudiante que, para regresar a casa después de salir de fiesta, solicitó un Uber y, en el camino, el conductor detuvo el automóvil y la violó. Ocurrió en Guadalajara en octubre pasado; según una fuente citada, Uber contribuyó muy poco con la Fiscalía de Jalisco para resolver el caso.

En el Senado se discute una iniciativa para agregar dos artículos a la Ley Federal de Protección al Consumidor que obligarían a Uber y otras compañías de redes de transporte privado a 1. poner en un registro público a todos sus socios conductores; 2. hacerse responsables de las conductas de sus socios conductores mientras éstos se encuentren en servicio, y 3. sujetarse a la legislación y competencia de autoridades y tribunales de México. Esto va en sentido contrario al contrato de adhesión de Uber, que asegura que sus términos y condiciones “se regirán e interpretarán exclusivamente en virtud de la legislación de los Países Bajos, con exclusión de sus normas sobre conflicto de leyes”.

En caso de aprobarse, los nuevos artículos permitirán que las víctimas de abusos de parte de conductores de Uber o de otras compañías ejerzan acciones judiciales directamente contra el agresor, sin la intervención de la compañía como mediadora, y harán responsables solidarios a estas compañías ante “cualquier obligación, reclamación o daño causado por los prestadores de servicio aprobados y registrados en su plataforma”. Esto es, tendrán una responsabilidad clara ante violaciones, acoso sexual o asesinato, como ha ocurrido con socios conductores de Uber y Cabify.

La iniciativa también robustece la tendencia jurídica para que otros proveedores de servicios en la economía digital, globalizada, se sujeten a la legislación mexicana, como vimos ya con el caso del abogado Ulrich Richter Morales contra Google en México en la Suprema Corte. Un vocero de Uber México, consultado para este artículo, comentó: “En Uber, la seguridad es nuestra principal prioridad. (...) Reiteramos nuestra entera disposición para mantener un diálogo abierto con las autoridades, y consensuar acciones inclusivas y de libre competencia en materia de movilidad, siempre en beneficio de los ciudadanos”.

Una ley no puede frenar los problemas de acoso y violencia contra las mujeres en Uber, pero puede contribuir a que esta y otras compañías de la nueva economía se tomen más en serio su responsabilidad con los consumidores mexicanos.