Más allá de los buenos deseos…

La semana pasada con 441 votos a favor —incluida la oposición— se aprobó la minuta a la reforma al artículo 21 constitucional para que la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana amplíe sus facultades de investigación, labores de inteligencia y coordinación. Con esto se busca consolidar, una estrategia de seguridad que logre hacer intervenciones a nivel local, estatal y federal, a partir de asumir nuevas facultades para investigar de la mano de los ministerios públicos y articular o dirigir operaciones coordinadas con las secretarias de la Defensa Nacional, Marina y la Guardia Nacional. A su vez, estará a cargo de la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia y gestionar acciones con los tres órdenes de gobierno.

Definitivamente facultades que hay que reconocer como positivas en el horizonte de administración, y organización que permita unificar criterios de investigación, intervención y agendas de riesgos entre las instituciones encargadas de la seguridad en el país. Estas facultades se aprueban en el marco de la reducción de presupuesto en el rubro de seguridad -se espera un recorte de 224 millones de pesos para servicios de inteligencia en el 2025-, así que habrá que observar como la gestión de la ahora denominada “súper-secretaría”, se las arregla para gestionar cuerpos -depende en gran parte de las capacidades de la Guardia Nacional-, tecnología, profesionalización, coordinación - y ejecución.

En el mismo sentido, si bien es cierto que legitimar estas facultades es positivo, los retos frente a la ola de violencia y criminalidad que se han vivido en este país crónicamente -tan solo en el primer mes del nuevo gobierno se registran 2564 homicidios-, requerirán compromisos fuera de toda convención política por parte de los secretarios encargados de la seguridad, intervenciones donde los abrazos no deberán ser tolerados, y sobre todo, enfrentarse a la complejidad de cotos históricos de control territorial y económico por parte de organizaciones criminales, que en algunas localidades de este país han sido tolerados y solapados por las mismas instituciones tanto políticas como de seguridad, mismas que han logrado expandir sus controles, actividades y logísticas delictivas, sometiendo a la autoridad y operando con total impunidad.

Si, el panorama sin lugar a duda no es sencillo. Por otra parte, valdría la pena tener en cuenta que el éxito de una estrategia de seguridad se mide por resultados que puedan evidenciar, al mismo tiempo una permanencia temporal y una disminución de delitos, que se refleje en la recuperación de espacios, en la desarticulación de redes criminales -locales, estatales-federales-, en políticas de prevención del delito y un gran compromiso por comprender e intervenir en los contextos criminales locales. A su vez, no dejar de lado, la necesidad de generar y fortalecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, de la mano de un trabajo colaborativo con la sociedad civil, puede jugar un papel complementario indispensable con el Estado, para fortalecer su capacidad de gestión, monitoreo, resolución de conflictos y fortalecimiento de solidaridades ciudadanas más libres y democráticas…Los tiempos cambian, la visión sobre el paradigma de seguridad tiene que cambiar…¿Los operadores estarán convencidos de esto?...La presión no solo es interna, en enero la exigencia por resultados puntuales en temas de seguridad no se dejarán esperar y serán determinantes para mediar en las relaciones con los Estados Unidos, por ahora no solo se trata de desearles buenos deseos a los encargados de la seguridad, sino pedir resultados palpables que puedan materializarse concretamente en la vida de los ciudadanos.