Fintech, Regulación y Desarrollo Económico

Los servicios financieros son esenciales para el desarrollo económico y social de un país. Al ofrecer medios seguros para ahorrar e invertir, estimulan el crecimiento económico tanto para individuos como para empresas. Proporcionan créditos para negocios, viviendas y educación, y facilitan transacciones rápidas y seguras. Además, reducen el uso de efectivo, incrementando la transparencia y seguridad en las transacciones. Al ofrecer productos y servicios accesibles, ayudan a disminuir la desigualdad económica y promueven la inclusión social, lo que impulsa la innovación y aumenta la competitividad del país en el mercado global.

En México, pese a avances en la penetración de servicios financieros, persisten rezagos significativos. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el 97% de la población adulta tiene acceso al sistema financiero, pero solo el 56% utiliza algún producto financiero. Más del 80% de las transacciones se realizan en efectivo, reflejando una baja bancarización. El crédito al sector privado representa apenas el 40% del Producto Interno Bruto (PIB), en comparación con más del 70% en otros países de la región. Estos datos evidencian la necesidad de mejorar la inclusión financiera y fomentar el uso de servicios financieros formales.

En este contexto, han surgido las fintech, empresas que utilizan tecnología para mejorar y automatizar los servicios y procesos financieros. Las fintech ofrecen servicios más eficientes, accesibles y convenientes mediante aplicaciones móviles, software y algoritmos. Entre sus servicios se incluyen pagos rápidos y seguros, opciones de financiamiento flexibles, herramientas de inversión, gestión de pólizas de seguros y aplicaciones para la gestión financiera personal. Estas empresas atienden necesidades no satisfechas por la banca y amplían el acceso a servicios financieros.

El sector fintech en México ha experimentado un crecimiento significativo, consolidándose como uno de los más dinámicos en América Latina. Con más de 800 fintech operando, México se posiciona como el segundo país con mayor número de estas empresas en la región, solo detrás de Brasil. En 2024, el sector fintech mexicano registró un crecimiento del 4% y un aumento del 31% en ingresos.

Sin embargo, las fintech enfrentan barreras que dificultan su competencia con los bancos. Entre los desafíos se encuentran la falta de conectividad a internet, la preferencia por el uso de efectivo, la economía informal, la limitada educación financiera y la lealtad de los usuarios hacia los bancos. Además, existen obstáculos regulatorios que no proporcionan condiciones equitativas para competir.

La regulación financiera en México impone cargas diferenciadas según las actividades de cada intermediario. Las normas aplicables están dispersas en leyes, reglamentos, disposiciones y circulares, lo que complica su cumplimiento. La adaptación de la regulación al entorno digital

ha priorizado a las instituciones bancarias sobre otras entidades financieras. Por su parte, las fintech enfrentan restricciones para el fondeo de préstamos, ya que no todas pueden acceder a fondos de capital de riesgo o a otras sociedades financieras. Estas regulaciones otorgan ventajas a los bancos para adoptar nuevas tecnologías y reducir costos operativos en comparación con las fintech.

Asimismo, en aspectos como la operación con corresponsales o los planes de contingencia, la regulación es menos estricta para los bancos que para las fintech, a pesar de que estas últimas presentan menores riesgos. Los cambios en la regulación operativa requieren autorizaciones de la CNBV, lo que en ocasiones incrementa la carga regulatoria sin que se justifique por un mayor catálogo de servicios o un incremento en el riesgo. Finalmente, aunque la legislación contempla la creación de modelos novedosos, hasta ahora no se han otorgado autorizaciones bajo este rubro.

México necesita un sistema financiero con competencia intensa donde todos los modelos de negocio tengan la oportunidad de participar, cumpliendo con la regulación prudencial necesaria para proteger a los ahorradores y mantener la estabilidad del sistema. Sin embargo, mientras estos avances no se den al ritmo observado en otros países, el desarrollo económico y social buscado a través de las políticas públicas seguirá estando por debajo de las necesidades de la población.