Reforma judicial: ¿no hay de qué preocuparse?

La evidencia internacional es abrumadora: los países con mayor nivel de desarrollo económico son aquellos que históricamente se han caracterizado por tener un marco institucional en donde prevalece la democracia liberal, uno en donde uno de sus componentes principales es un sistema de contrapesos determinado por la separación e independencia de los poderes del Estado. 

Montesquieu en su obra El Espiritu de las Leyes (1748) señaló: “Cuando en la misma persona o cuerpo de magistratura la potestad legislativa y la potestad ejecutiva están reunidas, no puede haber libertad porque se puede tener que el mismo monarca o senado pueda hacer leyes tiránicas, para ejecutarlas tiránicamente”.

Y continuó: “De nuevo, no hay libertad si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva. Si estuviese unida a la potestad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los individuos sería arbitrario debido a que el juez sería el legislador. Si se uniera a la potestad ejecutiva, el juez podría tener la fuerza de un opresor”.

Así, en línea con el pensamiento de Montesquieu, en los países desarrollados que han tenido por largo tiempo un sistema político liberal con separación de poderes, ha prevalecido un arreglo caracterizado por la libertad económica de los individuos, uno en donde los derechos privados de propiedad están eficientemente definidos en el marco legal y están efectivamente protegidos por un Poder Judicial independiente e imparcial en contra de actos de terceros, incluidos aquellos actos de gobierno que los vulnere, un Poder Judicial que, además, garantiza el cumplimiento de los contratos entre agentes privados y entre estos y el gobierno.

A raíz de los actos y propuestas legislativas de López, secundadas por la presidenta Sheinbaum, la evolución reciente del marco institucional violenta el principio de separación de poderes y la existencia de contrapesos en el ejercicio del poder, particularmente el del Ejecutivo. De entrada, con la ilegal complicidad del INE y el Trife que le otorgó la mayoría calificada a Morena, Sheinbaum de facto controla al Poder Legislativo, más aún cuando los diputados y senadores de Morena y los partidos parásitos han decidido asumir una actitud de subordinación y pleitesía hacia la titular del Poder Ejecutivo. Este control del Legislativo por parte del Poder Ejecutivo sería aún mayor si prospera la iniciativa de eliminar los diputados y senadores plurinominales.

El tiro de gracia a la separación de poderes y a la democracia liberal es la reforma del Poder Judicial. Tomando prestada la famosa frase pronunciada por el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt cuando se refirió al ataque japonés a Pearl Harbor, lo que sucedió el sábado 12 de octubre de 2024 en el Senado de la República, cuando por tómbola decidieron cuales jueces de distrito y magistrados serán arbitrariamente cesados de sus cargos el próximo año, será recordada como “la fecha que vivirá en la infamia”.

El arbitrario cese de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la forma en la que serán reemplazados, con voto popular a propuestas de la presidenta Sheinbaum y del Congreso, dominado por Morena, destruyen la independencia del Poder Judicial y garantizan su efectiva subordinación al Ejecutivo. Y respecto de los jueces y magistrados, además de que su elección también será mediante el voto ciudadano, el que siempre vayan a estar con la guillotina al cuello por parte del “robespierrano” Tribunal de Disciplina Judicial también dominado por el Poder Ejecutivo, garantiza que no serán independientes y que bajo ninguna circunstancia fallarán en contra del gobierno y a favor de los particulares, aunque estos hayan sido víctimas de actos arbitrarios del gobierno.

La semana pasada, ante la preocupación que ha surgido por la reforma judicial, Sheinbaum afirmó “no tiene de qué preocuparse el inversionista nacional o extranjero; tiene todas las condiciones para desarrollar sus empresas”. ¿En serio no tienen de qué preocuparse? ¿Y la certeza jurídica? ¿Cómo garantizar que los contratos se van a cumplir si los jueces no son independientes porque son leales a un determinado empresario que los postuló y manejó su elección? ¿Cómo garantizar que un juez fallará a favor de una empresa que enfrenta prácticas monopólicas por parte de otra que fue arbitrariamente favorecida por el gobierno más aún cuando su permanencia en el puesto depende de que el gobierno no lo denuncie ante el tribunal de la inquisición?

¿En serio no hay de qué preocuparse si la presidenta Sheinbaum con la participación de un Congreso servil puede proponer y aprobar leyes que vulneran los derechos de propiedad como son las expropiaciones, incluidas las cuentas individuales de retiro en las afores, o atentar en contra de la autonomía del Banco de México? Porque, como señaló Montesquieu, si el Poder Legislativo está dominado por el Ejecutivo, pueden “hacer leyes tiránicas, para ejecutarlas tiránicamente” y, con un Poder Judicial subordinado, no habría quién nos defendiera.

La destrucción institucional que durante su gobierno hizo López atentó en contra de la certeza jurídica y el resultado fue inhibir la inversión privada a tal grado que en términos de crecimiento económico el suyo fue un sexenio perdido con una caída del PIB por habitante. La destrucción del Poder Judicial y la pérdida de su independencia e imparcialidad son la puntilla al Estado de derecho y a la certeza jurídica. Si prosiguen por este camino, por el afán de amasar el poder político violando además el T-MEC y otros tratados internacionales, la inversión nacional y extranjera seguirán deprimidas y, en términos de crecimiento económico, este sexenio también se habrá perdido.