Suicidio en México. Cambiar la narrativa

“El único problema filosófico verdaderamente serio es el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena ser vivida es responder a la pregunta fundamental de la filosofía.”

Albert Camus

El 10 de septiembre, en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, es un momento para reflexionar sobre un problema que afecta profundamente a la sociedad. En México, las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran una realidad preocupante: en 2023 se registraron 8,837 suicidios, representando el 1.1% del total de muertes en el país. La tasa de suicidios fue de 6.8 por cada 100,000 habitantes, con una marcada diferencia de género: 11.4 en hombres y 2.5 en mujeres.

Los estados de Chihuahua, Yucatán y Campeche destacan con tasas significativamente más altas, alcanzando hasta 15 suicidios por cada 100,000 habitantes. Este panorama refleja cómo las desigualdades estructurales, tanto sociales como económicas, están estrechamente vinculadas al riesgo de suicidio en México.

El perfil de las víctimas también es alarmante. El 65.6% de los suicidios en México ocurrieron en personas menores de 40 años. Esto revela la vulnerabilidad de la juventud, un grupo que enfrenta una combinación de factores como la falta de empleo, la inseguridad económica y el acceso limitado a servicios de salud mental.

A pesar de los esfuerzos de prevención, el suicidio sigue siendo la 19ª causa de muerte en México, y la tendencia va en aumento. Entre 2013 y 2023, la tasa de suicidios pasó de 4.9 a 6.8 por cada 100,000 habitantes. Ante esta crisis, es fundamental cambiar la narrativa y adoptar un enfoque más amplio, como el que proponen los diversos autores en la revista “The Lancet”, basado en la salud pública.

El enfoque tradicional hacia el suicidio ha sido clínico, centrado en los individuos en crisis. Sin embargo, en “The Lancet” se aboga por un cambio en esta narrativa, poniendo el foco en los determinantes sociales y económicos que agravan el problema. El suicidio no es solo una cuestión de salud mental; es un síntoma de fallos en las estructuras sociales que generan pobreza, violencia y exclusión.

Se destaca la importancia de abordar los factores de riesgo que afectan a la población en su conjunto. Factores como el desempleo, el abuso de sustancias, el acceso a armas y la violencia doméstica juegan un papel crucial en la prevalencia del suicidio. Las políticas públicas deben reconocer estos factores y actuar sobre ellos para mitigar el impacto a nivel poblacional.

El enfoque de salud pública que se propone se basa en tres tipos de intervenciones: universales, selectivas y personalizadas. Las intervenciones universales buscan modificar las condiciones estructurales que afectan a toda la población, mientras que las selectivas se enfocan en grupos con mayor riesgo debido a su situación particular. Las intervenciones personalizadas, por otro lado, están diseñadas para quienes ya han manifestado pensamientos o conductas suicidas.

Entre las intervenciones universales, se sugiere que los gobiernos adopten políticas públicas que aborden de manera integral el impacto de factores económicos sobre la salud mental. Por ejemplo, las políticas de austeridad o recortes presupuestales deben ir acompañadas de medidas de protección para los más vulnerables. En varios países, se ha observado que el aumento del salario mínimo contribuye a la reducción de las tasas de suicidio, demostrando el vínculo entre la estabilidad financiera y la salud mental.

Otro ejemplo de intervención universal es la regulación de industrias clave como el alcohol y las armas, que influyen directamente en el comportamiento suicida. Limitar el acceso a alcohol mediante el control de puntos de venta o aumentar la edad mínima de consumo ha demostrado ser una estrategia efectiva para reducir las tasas de suicidio. Combinadas con campañas de concienciación, estas medidas pueden tener un impacto significativo.

Las intervenciones selectivas están dirigidas a grupos con un riesgo elevado de suicidio. En este contexto, se destacan los programas de tratamiento para personas con problemas de abuso de sustancias o que han sido víctimas de violencia doméstica. Estos programas no solo abordan el riesgo inmediato, sino que buscan prevenir que las personas lleguen a una crisis más profundas.

Para quienes ya han manifestado comportamientos suicidas, se hace un llamado a mejorar la capacidad de los sistemas de salud para la atención personalizada. En México, donde el acceso a servicios de salud mental es limitado, es esencial capacitar a los profesionales de salud para identificar señales de alerta tempranas. También se debe garantizar que las personas en crisis reciban tratamientos adecuados que aborden tanto sus problemas de salud mental como los factores subyacentes que las empujaron hacia el suicidio.

Un aspecto clave del enfoque propuesto es la relación entre las desigualdades sociales y el riesgo de suicidio. Los estudios han demostrado que las personas en desventaja socioeconómica tienen un riesgo significativamente mayor de suicidio, especialmente durante periodos de recesión económica. En México, la falta de acceso a servicios de salud mental, combinada con la pobreza y la violencia, crea un entorno en el que muchas personas consideran el suicidio como la única salida.

Las políticas públicas deben centrarse en reducir estas desigualdades, proporcionando redes de seguridad social que protejan a los más vulnerables. Un sistema de salud más inclusivo, junto con programas que mejoren las oportunidades económicas y el acceso a la educación, es fundamental para disminuir las tasas de suicidio a largo plazo.

La propuesta de los estudiosos es clara: necesitamos cambiar la narrativa. El suicidio no es solo un problema de salud mental; es un reflejo de las condiciones en las que viven las personas y de las políticas que moldean esas condiciones. Si queremos reducir las tasas de suicidio en México y en el mundo, debemos adoptar un enfoque de salud pública que aborde las causas profundas y estructurales del problema. Solo entonces podremos avanzar hacia un futuro en el que cada vida cuente y el suicidio sea una tragedia prevenible..

*El autor es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, doctorado en ciencias de la salud y en administración pública, y es diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura.