El T-MEC y la desaparición del IFT

Terminó el proceso electoral en los Estados Unidos, y con ello se cerró el espacio de aparente apatía por parte de la Casa Blanca respecto de las distintas medidas que la 4T ha venido impulsando en México, que desde la óptica de ellos pudieran significar un menoscabo en los compromisos que nuestro país asumió con nuestro vecino del norte y con Canadá en el marco del T-MEC, y los beneficios comerciales que ello ha significado para ellos, o bien, que pongan en riesgo los acuerdos de cooperación entre nuestro país y los Estados Unidos en materia migratoria o de combate al narcotráfico y el crimen organizado, por ejemplo.

Tal coyuntura, caracterizada por esa aparente actitud apática de la Administración Biden, permitió que muchos actores en México sean audaces para asegurar que tal o cual medida no incumple compromisos de México. Esa valoración la hará la nueva administración que encabezará Donald Trump a partir de 2025. Los funcionarios del gobierno de México, así como también diputados y senadores de las bancadas mayoritarias, pueden afirmar lo que crean que les resulte conveniente para convencer a su público, que nuestro país no se está apartando de compromiso alguno o que no se pone en riesgo la relación comercial o de cooperación en materia migratorio o de seguridad. El día que el gobierno de EUA determine que eso no es así, será un órgano de solución de disputas el que resuelva si hemos violado o no nuestros compromisos. No un posicionamiento en la tribuna del Senado de la República.

Perder una disputa comercial con Estados Unidos cuesta mucho dinero, generalmente por el lado de los beneficios comerciales adicionales que en su caso se tengan que otorgar a ese país, porque eso hacen los órganos de solución de disputas, cuantificar el daño que se haya provocado, además de ordenar el desmantelamiento del andamiaje normativo que dio lugar al incumplimiento de compromisos, o dicho de otra forma, que significó que México haya violado sus compromisos.

Un caso que se han empeñado en subestimar es de la eventual desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que además implicaría el traslado de sus atribuciones regulatorias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) cuya creación está por discutir -y aprobar- la Cámara de Diputados, en su papel de cámara de origen.

Desde la presidenta Claudia Sheinbaum hasta varios legisladores, han tratado de desvirtuar las advertencias de que al regresar al ámbito del Poder Ejecutivo las funciones que hoy la Constitución prevé que estén asignadas a un órgano con autonomía constitucional como el IFT en materia de regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión, se asegurarán que para no violar los compromisos en el TMEC se cuidará que la entidad que se encargue de estas tareas dentro del gobierno federal tenga autonomía técnica y operativa. En el caso de las telecomunicaciones la cosa no es tan simple.

Tal parece que ni el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ni la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, han entendido lo que establece el artículo 18.17 del TMEC, que en su primer párrafo dispone que: “Cada Parte asegurará que su organismo regulador de telecomunicaciones sea independiente y no rinda cuentas a un proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones” y “...cada Parte asegurará que su organismo regulador de telecomunicaciones no tenga interés financiero o mantenga un papel operativo o administrativo en un proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones”. Este primer párrafo contiene un pie de página que dice: “Para México, el organismo regulador de telecomunicaciones es autónomo respecto del Poder Ejecutivo, es independiente en sus decisiones y funcionamiento.”

Pues bien, el traslado de la función reguladora a la ATDT, con todas las atribuciones y mandatos que se le otorgarán a ésta, que además de diseñar e instrumentar políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, también será proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones, vía su participación en Altán con la concesión de bandas de frecuencias con que opera la red compartida, o del sistema satelital MexSat, viola el artículo 18.7 citado, además de que se incumplirá que sea autónomo respecto del Poder Ejecutivo. Pero se enredan en sus interpretaciones.