Telecomunicaciones latinoamericanas, versión 2025

El sector latinoamericano de las telecomunicaciones enfrenta los inicios de 2025 con turbulencias reales y ficticias. Muchos operadores se encuentran transitando una fase de transición en la que intentan reencontrar su verdadera identidad, que no es otra que responder a las demandas del mercado. Ergo, se libra una batalla entre las exigencias de incrementar inversiones y el deseo de imponer un enfoque conservador al lanzamiento de nuevas tecnologías.

Esto es especialmente palpable en aquellos países donde, durante los últimos cuatro años —ese momento pos-Covid—, los gobiernos de turno asignaron espectro radioeléctrico con el fin de impulsar el crecimiento y la adopción del 5G. El resultado es que muchos proveedores de servicio, al enfrentarse con los requisitos de despliegue de infraestructura, observan que la dinámica competitiva del mercado no es la que anticiparon al momento de construir los planes de negocio que justificaban las promesas de inversión o el precio ofertado por el espectro.

Esta situación puede verse agravada en países donde los servicios ya comienzan a sufrir por la falta de espectro radioeléctrico suficiente, o donde las asignaciones vienen entrelazadas con procesos de renovación que impactan negativamente las finanzas de los operadores móviles. Estos, a su vez, se ven obligados a continuar la expansión del 5G mientras intentan promover la migración de sus usuarios hacia dispositivos compatibles con esta tecnología, una estrategia que no resulta del todo satisfactoria debido al aún elevado precio de los teléfonos 5G en comparación con los de generaciones anteriores.

Como si esto no fuera suficiente, el crecimiento de las redes 5G también genera presión sobre los proveedores de fibra óptica o de infraestructura de torres, quienes deben incrementar su cobertura para brindar la capacidad de backhaul adecuada a estas redes. Este servicio, a su vez, atraviesa una transición debido a la caída de precios en el mercado de servicios satelitales de acceso a banda ancha y transporte de capacidad.

El resultado es una especie de pesadilla para las autoridades encargadas de velar por la competencia, debido al afianzamiento de las asimetrías en los mercados. Así como los altos precios —en algunos casos, por el espectro radioeléctrico— y la inversión en infraestructura han afectado el flujo de caja de los operadores, también es cierto que los actores con mayores ingresos y participación de mercado han sido quienes más rápidamente han expandido su red, aprovechando la imposibilidad de sus competidores para igualar estos esfuerzos de inversión en el corto y mediano plazo. El 5G, entonces, se convierte en una vitamina para fortalecer a los llamados operadores móviles dominantes en mercados como Colombia o México.

Claro que todo depende de la perspectiva desde la cual se mire. Por ejemplo, las autoridades de la región son conscientes de los graves problemas de conectividad en sus respectivas jurisdicciones. Estos van desde llevar acceso a localidades donde actualmente no existe, hasta educar a las personas sobre los beneficios de la tecnología, crear aplicaciones de gobierno electrónico e integrar la tecnología en los servicios de salud y educación.

No obstante, el desafío es enorme y continúa requiriendo montos significativos de inversión. Además, la pobreza en zonas rurales impide que muchas personas, incluso en áreas donde ya hay servicios de telecomunicaciones, puedan acceder a ellos simplemente porque no pueden costearlos. En otras palabras, la conectividad es un tema que va más allá de las autoridades gubernamentales encargadas del sector tecnológico y de telecomunicaciones. Por tanto, debe diseñarse una política holística que complemente la cobertura con iniciativas para reducir la pobreza, aumentar la accesibilidad de los servicios, mejorar la educación digital y fomentar el desarrollo de aplicaciones que incrementen la eficiencia de los trámites gubernamentales.

El principal reto es que los tomadores de decisiones comprendan que, para incrementar la conectividad, se debe reducir la pobreza. Hay que entender que es más importante hablar de asequibilidad y de la presencia de infraestructura civil antes de considerar los tiempos de llegada de las redes de telecomunicaciones a nuevos territorios, mayormente caracterizados por altos niveles de informalidad laboral, extrema pobreza y, desafortunadamente en Colombia, Ecuador y México, por la creciente inseguridad derivada del narcotráfico y grupos armados.

Es hora de pensar en un nuevo paradigma, donde las empresas que han surgido en zonas rurales —por ejemplo, los llamados wisperos en Colombia, las cooperativas en Argentina o los miembros de ATIM en México— sean reconocidos como actores clave para cerrar las distintas brechas digitales e impulsar la conectividad. El gobierno debe abandonar la receta centrada exclusivamente en los grandes operadores nacionales y adoptar un enfoque más ecléctico, donde todos los proveedores, independientemente de su tamaño, tengan un rol.

A fin de cuentas, son los operadores rurales quienes están al tanto de las verdaderas necesidades de sus territorios. No se pueden resolver los problemas de conectividad sin atender las demandas de los habitantes de la ruralidad latinoamericana. Las tradicionales recetas homogéneas dictadas desde México, Buenos Aires, Brasilia o Bogotá hacia las zonas apartadas deben modificarse con retroalimentación proveniente de las regiones rurales: un acercamiento desde las bases hacia la dirigencia nacional.

El desarrollo de las telecomunicaciones y las TIC depende de iniciativas dirigidas a eliminar la pobreza, mejorar el estado de la infraestructura civil —como carreteras y tendido eléctrico—, actualizar los currículos universitarios y fomentar la adopción de nuevas tecnologías por parte del Estado. Si no se plantea un enfoque tecnológico que contemple este escenario básico, será muy difícil planificar correctamente iniciativas que eliminen las brechas digitales que persisten en América Latina.