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Política

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Acusación de la FGR contra científicos del Conacyt es asunto juzgado, dice uno de los 31 acusados

El extitular de la Unidad Jurídica de Conacyt refirió nunca haber cometido algún ilícito o haber aprobado recursos para fines distintos.
 

José Rodrigo Roque Díaz, extitular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) entre 2013 y 2014, es una de las 31 personas que la Fiscalía General de la República (FGR) intentó recluir en un penal de máxima de seguridad por delitos federales, aunque un juez resolvió su inocencia. Tras sortear dos denuncias de la Fiscalía, Roque Díaz celebró la autonomía del Poder Judicial de la Federación en este caso, y consideró que este asunto ya es cosa juzgada.

Cinco de las 31 personas denunciadas y absueltas por un juez, entre ellos José Rodrigo Roque Díaz, acudieron el miércoles a una audiencia con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, para celebrar que sin presiones y de forma independiente, un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya, Estado de México, negó en definitiva a la FGR órdenes de aprehensión en contra los 31 científicos y ex funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“La reunión fue muy cordial, muy respetuosa. Nosotros pedimos la cita para presentarle de manera personal al Poder Judicial nuestro reconocimiento, porque hay un acto en todo este debate que se ha dejado de lado, y es la autonomía, la valentía del Poder Judicial de la Federación. Afortunadamente tenemos un Poder Judicial que tiene la capacidad de analizar las cosas de manera objetiva y de actuar sin presiones. A eso fuimos con el Ministro y salimos con muy buena impresión, porque el ministro nos ratificó que en este tema el Poder Judicial de la Federación va a seguir actuando de manera imparcial e independiente. Nos dijo que el Poder Judicial arropa a sus jueces y que va afrontar este asunto como todos, que va a resolver conforme a derecho. Como yo soy inocente estoy contento y satisfecho”, contó a El Economista.

En una conversación telefónica, el doctor en derecho José Rodrigo Roque Díaz dijo confiar en las instituciones, y que la denuncia de la FGR contra los 31 científicos y ex funcionarios del Conacyt no se trató de una venganza del fiscal Alejandro Gertz Manero.

Argumentó que el mencionado juez analizó a detalle el delito de cohecho del que se acusó a las 31 personas, analizó pruebas y concluyó que no hubo delito y, por lo tanto, tampoco existió el uso indebido de atribuciones y mucho menos lavado de dinero y delincuencia organizada.

Por ello, Roque Díaz refirió no saber de qué otro delito podría acusarlos la Fiscalía, quien la víspera anunció que integraría una nueva carpeta de investigación en contra de los científicos y ex funcionarios del Conacyt con la intención de lograr su detención.

“Ese asunto ya está resuelto, ya es cosa juzgada, ya no hay forma de que se modifique esa resolución judicial que dice que no hay delito que perseguir. Esa resolución judicial no fue impugnada por la Fiscalía. Si estuviera en contra de la resolución del juez, la hubiera combatido mediante un recurso, pero como no lo hicieron, ese asunto ya está resuelto por el Poder Judicial”, expresó.

Sobre el señalamiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 24 de septiembre en su conferencia matutina, en el sentido de que entre 2002-2018, el foro consultivo recibió alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología, y 471 millones de pesos para cubrir gastos de operación, entre los que se incluían choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero, el doctor Roque Díaz dijo que la Presidencia de la República no tiene la información correcta sobre los recursos destinados al foro.

“Yo no sé de dónde obtiene la información, estoy seguro que no está bien informado porque las actividades del foro siempre fueron financiadas conforme a la norma, por otro lado, sus presupuestos fueron autorizados por su mesa directiva en la que no participamos nosotros, y sus gastos fueron revisados y muchas veces auditados. Por otro lado, en cuestión de números, hay que atenerse a ellos y no especular y en la página del foro consultivo, científico y tecnológico, ahí aparece toda la información sobre sus actividades y su información financiera, donde se prueba que el foro sí destinó el recurso que recibió a lo que estaba destinado: desarrollar sus funciones y financiar su operación como dice la ley”, sostuvo.

En ese sentido, el extitular de la Unidad Jurídica de Conacyt refirió nunca haber cometido algún ilícito o haber aprobado recursos para fines distintos.

“Estoy muy preocupado en lo personal, porque sabiendo que cuando fui funcionario yo actúe conforme a la ley, el marco jurídico me obligaba a mi y a todos mis colegas de Conacyt a financiar al foro consultivo, científico y tecnológico en sus proyectos y en su operación, así lo dice la ley. Es un foro que no constituí. Estoy preocupado porque habiendo cumplido la ley, ahora resulta que soy culpable presumiblemente de delitos que no cometí. Entonces la verdad si estoy muy preocupado, pero también estoy muy confiado en que el Poder Judicial resolverá conforme a derecho. De hecho, una parte de este asunto ya lo resolvió conforme a derecho, ya hay una sentencia firme (del Juez federal del Estado de México), inapelable que dice que soy inocente de los delitos que se me acusan.

“Como yo soy inocente y está claro, el juez ya nos absolvió de las acusaciones, naturalmente eso hace que resulte más fortalecido en mi credibilidad, pero también estoy preocupado porque fueron a visitar a mi casa, en el momento en quise defenderme en la carpeta no me dieron acceso y me enteré que querían que yo me defendiera no en la carpeta sino en un penal de alta seguridad en el Altiplano.

“Cuando a mí me visitó la Fiscalía en mi domicilio, la primera vez fue hace tres meses, varias veces pedí acceso a la carpeta para defenderme y la Fiscalía no me dio ese acceso. Era mi derecho humano, tengo derecho a defenderme cuando soy inocente. Ese derecho humano. La Fiscalía quería que lo ejerciera en un penal de máxima seguridad como el Altiplano. Lo que sí quiero decir es que yo, como todos, estamos dispuestos a enfrentar las acusaciones y defendernos”, afirmó.

 

─ ¿Cómo funcionaba el Foro Consultivo?, se le preguntó.

“El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C era una instancia de diálogo entre los académicos, el Conacyt y el Congreso. Era integrado por las universidades, la UNAM, la UAM, el IPN, la Asociación Nacional de Universidades, las Academias Nacionales de Ciencias, de Física, de Medicina, entonces nosotros no éramos los que teníamos el control del foro, era un órgano externo, autónomo, cuya función era asesorar, pero también ser la plataforma de diálogo entre los académicos, los investigadores y el Estado. Por eso la ley establecía que el foro tenía para asegurar su autonomía y cumplir con esta función consultiva dos mecanismos: uno, lo sacó de la estructura de Conacyt y lo hizo asociación civil, y dos, se tiene que financiar su funcionamiento y su operación permanente, porque sin estos dos requisitos no se podría garantizar su autonomía. Por lo tanto, la figura del foro como estaba constituida era legal. Primero, los recursos provenían del Presupuesto de Egresos de la Federación, por eso no tiene un origen ilícito. Luego, esos recursos se destinaban al foro consultivo mediante reglas de operación muy transparente que tenía múltiples revisiones durante el camino, y al final había una autorización y una serie de formalidades, entre ellas la aprobación de un comité. En ese comité estamos muchos de los que fuimos señalados y ahora ya fuimos declarados inocentes por resolución judicial. Después de que se autorizaba en ese comité, llegaba al foro y era la mesa directiva del foro la que decidía cómo se iba a gastar el recurso. Luego de que se ejercía, se auditaba el recurso, no solo había una revisión por parte de la Secretaría de la Función Pública, sino que auditores externos revisaban el ejercicio del gasto. Entonces, era un presupuesto muy revisado, vemos que el dinero es legal y se ejerció todo el tiempo de manera legal”, comentó.

“El Foro era órgano crítico por naturaleza de las decisiones del Conacyt; es un foro para dialogar, pero también para que le diga al Conacyt qué considera que está bien y qué está mal. Al haber desaparecido el foro, y ser absorbido por el Conacyt, en mi opinión se le quita autonomía, por lo tanto, hay una preocupación de que se judicialicen temas penales contra científicos y académicos, y también está la preocupación de que el Estado esté mandando señales de atentar contra la independencia y la autonomía de la ciencia y la academia”, expresó.

─ ¿Entonces ven persecución contra los investigadores desde la Fiscalía?

“Yo la verdad confío en las instituciones. Ayer fuimos a ver al ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, para hacerle el reconocimiento de que en este caso el Poder Judicial actuó de manera independiente y con absoluta libertad de jurisdicción y sin presiones el juez resolvió en nuestro favor. Y el ministro nos aseguro que en todo este proceso el Poder Judicial va a estar muy pendiente, y nos aseguró que siempre se va a aplicar la ley, por lo tanto, yo confiando en las instituciones y sabiendo que soy inocente, estoy seguro de que el Poder Judicial me va a dar la razón.

En relación con la presidencia yo creo que no les han dado la información correcta, porque en relación con los hechos y las pruebas de los delitos que se presentaron,

─También se habla de una venganza al foro por parte del fiscal por no haber logrado el grado de investigador ¿lo ven así?

“Es muy importante que tengamos una Fiscalía fuerte, que tenga la capacidad de enfrentar a los verdaderos criminales, entonces, este debate personal es un debate ocioso, porque yo no conozco al señor Fiscal, lo que sí sé es que hay muchos ministerios públicos que hacen extraordinariamente su trabajo, yo confió en la institución del ministerio público. Y, por otro lado, confío en que tienen la obligación de actuar de manera leal y honesta a la hora de investigar de manera objetiva”, concluyó.

jorge.monroy@eleconomista.mx

rrg

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