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Agresiones a periodistas suman 14 indagatorias
Los delitos registrados van desde amenazas, secuestro, daños en propiedad ajena, robo, abuso de autoridad y lesiones, según información de la fiscalía especial, la FEADLE.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) inició 14 indagatorias por agresiones contra periodistas entre enero y febrero de este año, sin embargo, no hay registros claros de avances en las investigaciones.
De acuerdo con el informe estadístico de la fiscalía, hasta febrero pasado se iniciaron seis indagatorias por amenazas a periodistas; tres por privación ilegal de la libertad, dos por daños en propiedad ajena, mientras que se había registrado una indagatoria por robo, otra por abuso de autoridad y otra más por lesiones.
No obstante, no hay registros que permitan observar si las indagatorias se han judicializado.
Para el mismo periodo, la FEADLE indicó en su informe que se han generado tres acciones penales: dos judicializaciones de expedientes y una consignación; sin embargo, no precisa si estas acciones penales corresponden a las mismas indagatorias iniciadas entre enero y febrero pasados o a los cientos de expedientes que mantiene en rezago.
Lo mismo pasa con las tres órdenes de aprehensión que se han girado entre enero y febrero de este año: una derivada de una averiguación previa y otras dos más por carpetas de investigación.
La fiscalía tiene una gran carga de expedientes iniciados en materia de investigaciones de agresiones hacia comunicadores en el país y que aún debe desahogar.
Para el 2019, también hasta febrero, se precisó en las estadísticas de la fiscalía especial federal, había 223 expedientes pendientes de resolución por agresiones a comunicadores.
Medidas de protección
Desde el 5 de julio del 2010 y hasta febrero pasado, la FEADLE tuvo registros de 326 expedientes que contemplan a 505 periodistas beneficiarios de medidas de protección derivado de amenazas para desarrollar su labor.
A esos beneficiarios se les ha emitido un total de 734 medidas de protección: 548 por la FEADLE, 169 por el Mecanismo de Protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y 17 por la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Del total de las medidas aplicadas por los tres órganos, destaca la de contacto policial, con un total de 219 veces aplicada; le sigue en segundo lugar los rondines domiciliarios con 110, y en tercer lugar la entrega del Manual de Prevención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.
De acuerdo con las estadísticas, medidas como la entrega de chalecos antibalas, en sólo 12 casos, son acciones menos frecuentes. También la reubicación temporal (cuatro casos) y permanente (un caso), así como los traslados que en el mismo periodo —entre el 2010 y hasta febrero pasado— se aplicaron, sólo ocho ocasiones en total.
La efectividad de la fiscalía para generar sentencias es acotada si se analizan las sentencias que ha obtenido en su favor derivado de los casos que investiga.
De acuerdo con los registros de la FEADLE hasta febrero pasado, se había logrado un total de 10 sentencias: seis en el 2018; una en el 2017; otra dos más en el 2016, y una en el 2012.
La sentencia más fuerte que ha logrado la fiscalía es la suscitada en el 2017 a un funcionario público en Quintana Roo que se derivó de actos de tortura contra un periodista y por lo cual se le dictaron cinco años de prisión, una multa de 265 días de salario mínimo y la destitución e inhabilitación del servidor público para ejercer algún cargo por cinco años y tres meses.
En tanto que entre el 2010 y hasta febrero pasado —periodo con registros de la fiscalía— se decidió tras realizar las investigaciones no ejercer acción penal en 181 casos por cuestiones como el perdón del afectado o el fallecimiento del imputado, entre otras.
