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Política

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Algunos gobernadores saben que la inacción afectaría su legitimidad: Ángel Gustavo López Montiel

Muchas acciones que adelantaron los gobiernos estatales ya habían sido puestas en marcha por organizaciones de la sociedad civil y empresarios, destaca Ángel Gustavo López Montiel, investigador del Tecnológico de Monterrey.

Algunos gobernadores endurecieron medidas sanitarias por la emergencia del Covid-19, ante la falta de acción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, consideró el profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, Ángel Gustavo López Montiel. Foto: Reuters.

Algunos gobernadores endurecieron medidas sanitarias por la emergencia del Covid-19, ante la falta de acción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, consideró el profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, Ángel Gustavo López Montiel. Foto: Reuters.

La reacción de algunos gobernadores que endurecieron las medidas de prevención y contención del coronavirus, adelantándose a las disposiciones del gobierno federal, se debe a que ellos tienen una responsabilidad más directa con la gente que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, expuso el profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, Ángel Gustavo López Montiel.

En entrevista, el maestro y doctor en Ciencias Políticas, por The New School for Social Research de Nueva York, explicó que ante el hecho de que al jefe del Ejecutivo federal no se le vea realizando ciertas acciones para detener el contagio, algunos mandatarios estatales consideraron que tenían que actuar, porque calcularon que, de no hacerlo, el impacto, en términos de su legitimidad local, sería muy grave.

Dijo que, incluso la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum (surgida de las filas de Morena, el partido de López Obrador), decidió impulsar una serie de medidas, a pesar de que el mismo día el presidente dijo que no eran necesarias.

“Lo que ocurre es que hay una preocupación por parte de los gobernadores porque sí prevén que, ante la ausencia de una estructura local y ante los estragos que la crisis económica, se puede agravar la situación en sus estados con una gran cantidad de infectados”, refirió.

Sin embargo, el académico destacó que hay que tomar en cuenta que los gobernadores dependen de los recursos que les manda la federación para operar, debido a que el pacto fiscal (que se había horizontalizado en los últimos años), con la llegada de López Obrador se verticalizó y, otra vez, buena parte de los recursos se ejercen desde la federación.

El reconocido analista político indicó que en esta situación lo primero que hay que entender es que en estos momentos la prioridad del gobierno de López Obrador es que la crisis económica que se está generando en México y en el mundo no provoque un impacto tan grave como el que se prevé.

Por eso está tratando que la economía siga funcionando hasta donde se pueda en alguna medida porque un deterioro económico traerá consecuencias graves.

López Montiel recordó que, en México, los efectos de la crisis de 2008 significaron una reducción de alrededor de 1% del Producto Interno Bruto y ahora las estimaciones rondan el 4 por ciento.

Lo que calcula López Obrador es que el costo de las personas contagiadas, incluso las muertes, será menor que el costo que tendría una crisis económica de gran escala.

Subrayó que como el Presidente no puede decir que su objetivo es lograr que la economía no se detenga, ha actuado de la manera como lo ha hecho.

La sociedad civil ya se había adelantado

López Montiel apuntó que, incluso, muchas acciones que adelantaron los gobernadores ya habían sido puestas en marcha por organizaciones de la sociedad civil y empresarios.

En ese sentido juzgó pertinente tomar en cuenta que el presidente López Obrador desconfía de la sociedad civil y desde el inicio de su administración cerró todo el flujo de recursos hacia las organizaciones no gubernamentales, en buena medida, porque desconfía de ella y porque no quiere tener intermediarios entre su gobierno y la población.

Ahora, con lo que está pasando en el espacio público con la emergencia del coronavirus, si bien no se va a configurar una forma distinta de participación, sí se va a  fortalecer la estructura de la sociedad civil a partir de la necesidad de generar recursos propios de movilizarse por cuenta propia, lo cual sería positivo en el mediano y largo plazos, porque es precisamente lo que hace falta: que la sociedad mexicana se organice y si existen ya estos polos organizados podrían abonar a ese proceso.

Recordó que, en los últimos años, debido a la grave situación de inseguridad surgieron organizaciones que tienen como fin colaborar para tener mejores condiciones de seguridad o bien la defensa de víctimas.

En este caso, añadió, la epidemia sí puede generar mecanismos de fortalecimiento de la sociedad civil.

Mencionó que en el sector salud han funcionado desde hace tiempo las instituciones de asistencia, así como organizaciones que tienen como causa la lucha contra el cáncer, por ejemplo.

Dijo que tan sólo el tema del desabasto de medicinas en instituciones públicas sí movilizó a personas que se organizaron, las cuales no se habrían interrelacionado si no hubiera ocurrido una situación como esa.

Ahora, consideró, con el tema del coronavirus se va a incrementar esa movilización en la medida en que el gobierno no sea capaz de resolver ante la propia forma que se desarrolla la pandemia.

Una muestra eso, argumentó, es que los trabajadores de la salud se han organizado ya para exigir al gobierno insumos o de lo contrario van a parar porque no solo estarían poniendo el riesgo su saludo, sino la de sus familias y las de otras personas.

diego.badillo@eleconomista.mx

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Periodista mexicano, originario de Amealco, Hidalgo. Editor del suplemento Los Políticos de El Economista. Estudié Sociología Política en la Universidad Autónoma Metropolitana. En tres ocasiones he ganado el Premio Nacional de Periodismo La Pluma de Plata que entrega el gobierno federal. También fui reconocido con el Premio Canadá a Voces que otorga la Comisión Canadiense de Turismo, así como otros que otorgan los gobiernos de Estados Unidos y Perú.

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