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Alterar independencia del PJF impactará derechos básicos
Leonardo Lomelí, rector de la UNAM indicó que la máxima casa de estudios está en favor de que la independencia judicial prevalezca.
Comprometer la independencia de los poderes judiciales federal y locales dejaría sin defensa los derechos fundamentales en el país, resumió Diego Valadés, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), interpretación que dijo hacer suya su colega Pedro Salazar y compartieron también Leonardo Lomelí y Sonia Venegas.
“Sería una derogación parcial de las garantías constitucionales y contravendría acuerdos internacionales suscritos por el Estado mexicano como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana”, profundizó Valadés.
Durante la inauguración del “Foro Reforma constitucional en materia de justicia”, a cargo de Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, institución organizadora del evento que inició ayer y concluirá el próximo jueves, el integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM se manifestó en contra de la elección de ministros, magistrados y jueces, como propone la reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión.
Nadie puede ofrecer evidencias de que la elección popular sea una garantía de honorabilidad y de capacidad de los elegidos. La elección popular es un elemento de la democracia, pero no es toda la democracia”, sostuvo.
Desde la óptica de Valadés, una elección expone a candidatos a presiones políticas; “este no es un escenario ideal para los juzgadores.
“Además, en México muchos aspirantes a cargos electivos son víctimas de acciones delincuenciales que suelen quedar impunes. Es inexplicable que se pretenda someter a los juzgadores a esos intereses y peligros”.
El jurista consideró que a lo largo del tiempo en México se han acumulado muchas esperanzas fallidas y que una de ellas concierne a la justicia, por lo que “necesitamos una reforma razonada, seria, compleja” en la materia.
Explicó que actualmente se debate una propuesta de reforma constitucional anunciada como decisión irrevocable, que pretende promover la imparcialidad, garantizar la independencia, combatir la corrupción y mejorar la calidad en la impartición de la justicia.
Tales objetivos, detalló, “se hacen depender de varias medidas entre las que sobresalen tres: seleccionar a los juzgadores por elección popular, reducir sus ingresos y someterlos a un órgano disciplinario que censure sus sentencias”.
En su opinión, esas “providencias no resolverán los problemas existentes y en cambio derogarán avances logrados a lo largo de décadas”.
Garantías
Por su parte, Lomelí hizo hincapié en que es primordial considerar la independencia judicial y la división de poderes como eje central del intercambio de ideas respecto de la reforma judicial porque son la garantía para que las decisiones de los jueces se basen en el derecho y la jurisprudencia y no en presiones externas o intereses de grupo.
En su turno, Sonia Venegas, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM consideró urgente reflexionar sobre la viabilidad de la reforma en ciernes por su impacto en la independencia judicial, la eficacia y eficiencia en la administración de justicia, la transparencia y rendición de cuentas, la influencia en la política y en la sociedad, así como la evaluación de la justicia, entre otros aspectos.
“Resulta imprescindible mirar la experiencia comparada para evitar la fragilización de la independencia judicial, concepto que implica la ausencia de influjos externos de carácter político o económico porque cuando el Poder Judicial no goza de independencia y existe una subordinación a intereses ajenos o privados se corre el riesgo de que la justicia se trastoque en un instrumento de dominación y control”.
