Análisis cuestiona que sólo en Estados Unidos se enjuicie a funcionarios

El arresto de Genaro García Luna pone en tela de juicio la “fallida” estrategia de seguridad del gobierno contra los grupos narcotraficantes mexicanos, señala un análisis de la agencia InSight Crime.

“Dicha estrategia no sólo fue bastante defectuosa, sino que además —como lo sugiere el reciente arresto— los encargados de librar la guerra dormían en la misma cama con aquellos a quienes supuestamente debían perseguir”, indica el artículo de Parker Asmann.

Considera que la detención de García Luna, exsecretario de Seguridad Pública entre el 2006 y el 2012 durante el mandato de Felipe Calderón, por cargos relacionados con drogas y por recibir supuestos sobornos de narcotraficantes —un “explosivo hecho” tras el juicio del Chapo Guzmán, destaca—, deja claro que solamente en Estados Unidos los funcionarios mexicanos corruptos pueden ser enjuiciados por trabajar mano a mano con las organizaciones criminales y que “en México pueden operar a su antojo y a toda costa”.

Asimismo, el analista de InSight observa la acción como una prueba de que las autoridades, al menos en EU, se enfocan en la corrupción generalizada al interior del gobierno mexicano, la cual salió a relucir durante el juicio del Chapo en Nueva York.

Desde las primeras intervenciones, el equipo de defensa del exnarcotraficante llamó la atención sobre la corrupción rampante dentro del gobierno que, sostenían ellos, facilitó las actividades de narcotráfico de su cliente, se lee en el análisis de la consultoría.

Jeffrey Lichtman, uno de los abogados defensores del Chapo, sostuvo que los expresidentes Calderón y Peña Nieto recibieron “cientos de millones en sobornos” del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García, alias el Mayo.

Mientras que el hermano menor del Mayo, Jesús, el Rey, Zambada, testificó durante el juicio que el Cártel de Sinaloa había entregado 50 millones de dólares en sobornos a García Luna, quien respondió que aquello era mentira.

“Llegar al bolsillo de funcionarios de alto nivel como el jefe de la policía del país es esencial para que organizaciones como el Cártel de Sinaloa puedan operar con éxito”, reza el análisis.

En el caso de García Luna, los fiscales estadounidenses alegan que, a cambio de “sobornos multimillonarios”, se le “permitió al Cártel de Sinaloa operar impunemente en México”. Por lo que durante seis años, según las autoridades de EU, el cártel “pudo pasar sin inconvenientes sus cargamentos de drogas y obtuvo información sensible de los organismos de seguridad sobre las investigaciones en torno al cártel, así como información sobre cárteles rivales”.

Los fiscales supuestamente tienen pruebas de que, en al menos dos ocasiones, los intermediarios financieros del Cártel de Sinaloa entregaron sobornos a García Luna en maletines que contenían entre 3 y 5 millones de dólares en efectivo.

“García Luna era millonario cuando se retiró del servicio público y se trasladó a Estados Unidos en el 2012”.

En caso de ser declarado culpable, García Luna enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.

InSight Crime concluye que con la detención del exfuncionario se generan varias preguntas, por ejemplo, si el expresidente Calderón sabía —y cuándo lo supo— de los estrechos nexos de su principal funcionario de seguridad no sólo con la organización narcotraficante más poderosa del país, sino también con su máximo dirigente; asimismo, que faltaría ver si otras personas que durante el juicio del Chapo fueron nombradas por su supuesta participación en la corrupción generalizada, como el expresidente Peña Nieto, también enfrentarán consecuencias.

Cabe recordar que tras la aprehensión de García Luna, Calderón dijo desconocer por completo  las acusaciones.

“Espero que se realice un juicio justo y de confirmarse las imputaciones, se aplique la ley. Sería además una grave falta a la confianza depositada en él”, expresó en Twitter Calderón como respuesta a las acusaciones.

Desde que Calderón inició la denominada guerra contra las drogas y los grupos del crimen organizado en el 2006 —de la que García Luna fue el principal artífice—, unas 200,000 personas  han sido asesinadas, y decenas de miles más han desaparecido.

A quiénes se acusó en juicio del Chapo

Además de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón, en el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán, testigos y la defensa vincularon a otros personajes políticos —de diversos niveles— con el crimen organizado.

Enrique Peña Nieto

En el juicio del Chapo Guzmán, uno de los testigos fue Jorge Milton Cifuentes Villa quien durante años fungió como una especie de secretario del capo mexicano.

Cifuentes, de origen colombiano, declaró que Joaquín Guzmán le había confesado que entregó 100 millones de dólares para la campaña del entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto.

El acuerdo, refirió durante el juicio, era entregar dicha cantidad con el objetivo de que el gobierno de Peña Nieto dejara traficar y realizar actividades ilícitas al Cártel de Sinaloa.

Felipe Calderón H.

El abogado de Joaquín Guzmán Loera, durante su juicio en Nueva York, Jeffrey Lichtman, vinculó a Felipe Calderón en la lista de funcionarios a los que supuestamente sobornó el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con Lichtman, dicha afirmación provenía de declaraciones hechas por Jorge Milton Cifuentes Villa, mano derecha del Chapo Guzmán, realizadas en el 2016.

Ante las acusaciones en su contra, el expresidente mexicano tachó de “falsas y temerarias” las afirmaciones que lo vinculaban con la red de sobornos.

Gilberto Toledano

Jesús el Rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, este último fundador del Cártel de Sinaloa, declaró en el juicio de Joaquín Guzmán que habría sobornado a elementos de la milicia mexicana, entre ellos a Gilberto Toledano, general de División del Estado Mayor.

En el proceso judicial, el Rey Zambada indicó que por órdenes del Chapo acudió con Toledano para entregarle el dinero y darle saludos por parte del líder del Cártel de Sinaloa.

Otro objetivo, añadió, era poder traficar cocaína a través de Guerrero con el aval de Toledano.

Gabriel Regino

Durante años, Jesús el Rey Zambada fungió como líder de plaza por el Cártel de Sinaloa en la CDMX. En el juicio en Nueva York, habló de supuestos sobornos a Gabriel Regino, quien se desempeñaba entonces como subsecretario de Seguridad Pública en la capital, durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador.

Según Zambada, se preveía que Regino asumiera como secretario de Seguridad de la capital y se dio la supuesta entrega de recursos para que las actividades del Cártel de Sinaloa estuvieran protegidas. Regino negó mediante su cuenta de Twitter las acusaciones.

maritza.perez@eleconomista.mx