Lectura 2:00 min
Analizarán prisión preventiva de Emilio Lozoya
El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ordenó a un juez de control revisar la prisión preventiva que dictó como medida cautelar en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, en el caso Odebrecht.
Un juez concedió aplazar la audiencia contra el extitular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Foto EE: Eric Lugo
El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ordenó a un juez de control revisar la prisión preventiva que dictó como medida cautelar en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, en el caso Odebrecht.
Dentro del amparo 265/2022, desestimaron una impugnación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), en contra la determinación —del 16 de agosto del 2022— de la magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, quien también ordenó revisara la medida cautelar impuesta a Lozoya.
El amparo otorgado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito implica que el juez deberá analizar nuevamente si fue correcta o no la prisión preventiva que impuso a Lozoya. En ese sentido, puede confirmar la medida o retirarla para imponer alguna otra.
La nueva resolución judicial debe seguir los principios de congruencia y exhaustividad, y responder a los argumentos expuestos por la defensa de Emilio Lozoya.
El tribunal dejó en claro que la prisión preventiva justificada se rige por las reglas comunes de la imposición de cualquier medida cautelar sumado a diversos requisitos adicionales que la legislación contempla, con el objetivo de limitar su uso y garantizar el principio de excepcionalidad y de última racionalidad.
El pasado 17 de enero, un juez federal aplazó hasta el 10 de marzo la audiencia donde la Fiscalía General de la República (FGR) prevé solicitar una sentencia para el exdirector de Petróleos Mexicanos (Emilio Lozoya) por el caso Odebrecht.
Desde el año pasado, la defensa de Lozoya Austin ofreció un acuerdo reparatorio a Pemex, para obtener su libertad, consistente en 10.2 millones de dólares (7 millones 385,000 dólares por el proceso penal Odebrech y 3 millones 400,000 dólares por el caso Agronitrogenados).
