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Apagón tecnológico en penales
Los diputados federales buscan precisar en la ley que los reos no podrán usar tabletas, computadoras, laptops, radios o celulares.
La Cámara de Diputados confecciona reformas para prohibir en los reclusorios el uso de cualquier aparato o dispositivo tecnológico y equipo de cómputo que permita la comunicación de los reos con su exterior.
Los legisladores federales pretenden modificar la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación de sentenciados para precisar que los reclusos no podrán utilizar tabletas, computadoras, laptops, radios, celulares y memorias USB, que los custodios solamente podrían hacer uso de radios conocidos como Matra, y que los teléfonos fijos de cada uno de los 429 penales del país serían para uso exclusivo del personal administrativo.
Ello, por considerar que las medidas jurídicas y administrativas tomadas a la fecha por las autoridades en los centros penitenciarios del país, como el uso de teléfonos celulares y el bloqueo de señales satelitales, han sido deficientes e ineficaces en su operación para combatir el delito de extorsión.
De ahí que el propósito sea reducir el número de aparatos que, por su avance tecnológico en su capacidad y acondicionamiento resulten prácticos para la comunicación de los reos con el exterior, representen un grave peligro para la sociedad y vulneren las medidas de seguridad que establecen los penales.
A la fecha, no hay datos precisos sobre el número de aparatos de cómputo que los reos usan en las cárceles, pero los legisladores aseguran que el fenómeno es alarmante y creciente, por lo que buscan ponerle freno.
Según cifras del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos AC, desde el interior de los penales se genera 95% de las llamadas telefónicas con fines de extorsión y tres de cada 10 secuestros se planean y coordinan desde algún penal mexicano. Sólo 5% de las extorsiones se hace desde el exterior de las cárceles.
Hasta marzo del año pasado, cuando el Congreso de la Unión aprobó reformas legales dirigidas a inhibir el uso de teléfonos celulares desde el interior de los centros penitenciarios del país, se tenía documentado que cada día se realizaban desde ahí 6,000 llamadas para extorsionar telefónicamente.
Aunque está prohibida la utilización de teléfonos móviles en los centros penitenciarios, esa práctica se sigue dando por la corrupción imperante, y se teme que el uso de aparatos de cómputo y dispositivos tecnológicos termine siendo la nueva modalidad para extorsionar.
Desde el punto de vista de los representantes populares, a la fecha, se han podido burlar los sistemas de seguridad y vigilancia porque la prohibición para el acceso de teléfonos celulares está dirigida únicamente a los reos y no al personal que labora en los centros penitenciarios, sobre todo porque son los custodios los que llegan a tener un trato directo con los reos para facilitarles el servicio de llamadas y mensajes al exterior a cambio de una cuota o remuneración.
De ahí el interés de promover jurídicamente la prohibición absoluta del uso de aparatos o dispositivos tecnológicos dentro de los reclusorios y penales del país, considerando los de todo tipo y características que representen un peligro en manos de los reos para inhibir su comunicación con el exterior.
La intención es complementar la normatividad que regula los centros penitenciarios en su operación, con el fin de asegurar la integridad física y patrimonial de los habitantes.
Extorsionadores
- En los 429 penales del país operan al menos 916 bandas de extorsionadores y 15 de las más delictivas lo hacen en el Distrito Federal.
- En el 2005, 37% de las víctimas pagó la extorsión o fue defraudada.
- Del 2001 a diciembre del 2009, 7,324 personas perdieron entre 1,000 y 50,000 pesos
- Del 2001 al 2011, los extorsionadores obtuvieron más de 978 millones de pesos a nivel nacional.
- Han sido utilizados más de 715,000 celulares, de los que 52% es del DF; hay reos que desde la ciudad de México operan con teléfonos móviles de Michoacán, Puebla, Sonora, Tabasco y Durango.
- El DF es la entidad más afectada por la extorsión, seguida del Estado de México, Michoacán, Jalisco, Tabasco, Puebla, Nuevo León, Guerrero, Chiapas y Tamaulipas.
rramos@eleconomista.com.mx