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Política

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Aprender en lengua indígena es todo un reto en México

Uno de los obstáculos que enfrenta la instrucción para ese sector de la población es la diferencia lingüística entre estudiantes y maestros, indica el Panorama Educativo de la Población Indígena 2015.

Cuatro de cada 10 escuelas mexicanas donde tanto los profesores como los alumnos hablan una lengua indígena, no se trata de la misma, lo cual constituye un serio obstáculo que enfrenta la educación indígena en el país, expone el estudio Panorama Educativo de la Población Indígena 2015, presentado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El informe reporta que México es un país de casi 120 millones de habitantes, de los cuales 10% son indígenas. De esta cifra, 3.9 millones son niñas, niños y adolescentes de entre tres y 17 años que deberían cursar los niveles de educación obligatoria y desarrollar al máximo sus capacidades y aptitudes.

Sin embargo, en el sistema educativo, que atiende a más de 30 millones de menores de 18 años, aún existen niños y niñas fuera de la escuela. De ese tamaño es el reto que tiene el Estado como garante del derecho a la educación y con calidad , advierte el Unicef.

El organismo internacional estima que en el 2014, la población indígena en México era de poco más de 11.9 millones de personas, lo que representa 10% del total de habitantes en el país. Los hablantes de lengua indígena se estiman en poco más de 7.1 millones de personas, de las cuales más de 724,000 no hablan español.

Los números arrojan que de casi 4 millones de niñas, niños y adolescentes indígenas (tres a 17 años), poco más de 1.8 millones hablan alguna lengua de pueblos originarios, de los cuales más de 1.4 millones habitan en localidades rurales, aproximadamente 312,000 habitan en localidades semiurbanas, y más de 100,000 en urbanas; todos ellos con derecho a recibir educación en su idioma.

Empleando la metodología del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se estima que en el 2014, 53.9% de la población de cero a 17 años en México es decir, 21.4 millones , se encontraba en situación de pobreza. En paralelo, 78.6% de los menores de edad en hogares indígenas y 90.8% de población hablante de lengua indígena se encontraba en esa misma situación.

El estudio expone que en el 2014, 6.3% de la población de 15 años o más era analfabeta, condición que en la población indígena es tres veces mayor (19.2%) y entre los individuos que hablan un idioma de pueblos originarios llega a una cuarta parte del total (25.1 por ciento).

Al inicio del Ciclo Escolar 2013-2014, en todo el país en educación básica había al menos 1.17 millones alumnos hablantes de lengua indígena, de un total de casi 26 millones de alumnos. Al menos 121,000 de ellos no hablaba español.

Mientras que las lenguas indígenas más habladas por alumnos en educación básica en todo México son náhuatl (28%), maya (7.1%), lenguas mixtecas (5.7%), totonaca (4.5%) y otomí (3.9%); aquellas dominadas por los docentes del país son náhuatl (31.6%), maya (12.8%), lenguas mixtecas (4.8%), totonaca (4.6%) y otomí (5.7 por ciento).

El Unicef advierte 72,773 escuelas de educación básica con al menos un alumno de habla indígena que no tiene maestros que dominen idiomas originarios. Asimismo, sólo en 59.7% de ellas los docentes hablan las mismas lenguas que los estudiantes, en 9.5% hablan la lengua de sólo algunos alumnos, y en 25% los profesores hablan una lengua distinta a la de los pupilos.

La educación es un derecho humano exigible por toda persona y es obligación del Estado eliminar las barreras que limitan la asistencia y trayectoria regular de las niñas, los niños y los adolescentes en las escuelas. También debe asegurar que éstas dispongan de infraestructura adecuada y materiales educativos suficientes, contar con docentes y directivos preparados y programas educativos relevantes para el desarrollo del país, y que estos últimos sean tanto pertinentes como significativos para los alumnos , recordó el Unicef.

ana.langner@eleconomista.mx

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