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Política

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Atrae caso de homicidio entre hermanos

La SCJN resolverá la solicitud de amparo del empresario Alfonso Martín del Campo Dodd, quien fue condenado a 50 años en prisión por el asesinato de su hermana Juana Patricia Martín del Campo Dodd y su cuñado Gerardo Zamudio Aldaba, con base en su confesión, la cual -afirma el acusado- se obtuvo bajo tortura.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá la solicitud de amparo del empresario Alfonso Martín del Campo Dodd, quien fue condenado a 50 años en prisión por el asesinato de su hermana Juana Patricia Martín del Campo Dodd y su cuñado Gerardo Zamudio Aldaba, con base en su confesión, la cual -afirma el acusado- se obtuvo bajo tortura.

La madrugada del 30 mayo de 1992, Juana y Gerardo fueron asesinados en su domicilio. Según el expediente, el mismo día el Ministerio Público detuvo al señor ?Alfonso Martín del Campo Dodd y recabó su declaración ministerial, en la que éste admitió haber asesinado tanto a su hermana como a su cuñado. Si bien Martín del Campo Dodd expresó en su declaración preparatoria que fue torturado, el juez de la causa penal dictó sentencia condenatoria por el delito de homicidio calificado.

La SCJN indicó que a partir de entonces diversos órganos nacionales e internacionales, entre los que destacan la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del DF, la Comisión de Derechos Humanos del DF y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han emitido diversas resoluciones en el sentido de que Martín del Campo fue objeto de detención arbitraria y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, por parte de policías del DF, con el objeto de hacerle confesar el homicidio.

Ante ello, a propuesta de ministro Arturo Zaldívar, la Primera Sala de la SCJN informó que el caso de Alfonso Martín del Campo Dodd goza de una especial relevancia en el ámbito nacional, en razón de que se trata de un asunto paradigmático que ha sido utilizado en repetidas ocasiones, tanto a nivel nacional como internacional, para ejemplificar las nocivas prácticas de detención arbitraria y tortura que continúan realizando en México.

Este asunto permitirá determinar si las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias en sus términos para las autoridades del Distrito Federal.

ana.langner@eleconomista.mx

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