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Buscan afinar ley anticorrupción
La nueva legislación determinará las obligaciones de los servidores públicos para salvaguardar la legalidad en el desempeño de sus cargos y comisiones.
Los servidores públicos de la Federación que cometan hechos de corrupción, así como cualquier persona física o moral involucrada o que resulte beneficiada por los mismos, serán sancionados por el órgano responsable de su combate, con base en la nueva ley que habrá de expedir el Congreso de la Unión.
Así establece la minuta que reforma seis artículos de la Constitución, pendiente de ratificación por parte de la Cámara de Diputados puesto que no se logró su concreción en el pasado periodo de sesiones ordinarias.
En análisis por parte de los diputados federales que integran las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Transparencia y Anticorrupción, la minuta que ya aprobó la Cámara de Senadores ordena que el Congreso de la Unión deberá expedir la ley general en materia de responsabilidades de los servidores públicos y combate a la corrupción, cuya aplicación corresponderá a la Federación, entidades federativas y municipios.
La nueva ley determinará las obligaciones de los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos y comisiones, además de las responsabilidades y sanciones administrativas que deriven de los hechos calificados por la ley como de corrupción.
Las sanciones administrativas consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, y las economicas tomarán en consideración los daños y perjuicios patrimoniales causados.
En ningún caso las sanciones excederán de tres tantos los beneficios obtenidos o los daños y perjuicios causados , cita la adición del Artículo 109 constitucional.
El Artículo 113 prevé que el nuevo órgano federal responsable de combatir la corrupción será público, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que en el cumplimiento de sus atribuciones no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario ni fiscal.
Además de que desarrollarán programas y acciones para difundir y promover la ética y la responsabilidad en el servicio público, y la cultura de la legalidad; podrá emitir también recomendaciones particulares o de carácter general a los órganos públicos de los tres niveles de gobierno orientadas a mejorar los procedimientos administrativos y prevenir las prácticas de corrupción.
De acuerdo con los cambios acordados, la ley fijará las bases del sistema nacional de combate a la corrupción para la coordinación entre el órgano responsable a nivel federal, las instancias de procuración de justicia, el organismo garante en materia de transparencia y acceso a la información, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los órganos equivalentes en las 32 entidades federativas.
Cuando los actos u omisiones sean calificados por la ley como de corrupción, establece la enmienda del Artículo 114 de la Carta Magna, los plazos de prescripción no serán inferiores a cinco años .
