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Capacitarían a los policías en el uso de la fuerza
En la Cámara de Diputados aprobaron, por unanimidad, el dictamen a las iniciativas que reforma la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, con lo cual se cumple lo mandatado por la SCJN que ordenó al poder Legislativo incluir los principios de racionalidad y oportunidad, además de eliminar el concepto de “uso de fuerza epiletal”.
Las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados aprobaron, por unanimidad, el dictamen a las iniciativas que reforma la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, con lo cual se cumple lo mandatado por la SCJN que ordenó al poder Legislativo incluir los principios de racionalidad y oportunidad, además de eliminar el concepto de “uso de fuerza epiletal”.
El dictamen, que además incluye la capacitación de policías, fue aprobado por 51 votos a favor, y modifica diversos artículos de la ley para establecer que la finalidad del uso de la fuerza es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir al restablecimiento del orden público, la seguridad y la paz social.
Sobre principio de racionalidad, se indica que es la decisión con la que se valoran las circunstancias de la agresión, las características personales y las capacidades tanto del sujeto a controlar como del integrante de las fuerzas de seguridad, lo que implica que, dada la existencia del acto o intención hostil, es necesario la aplicación del uso de la fuerza.
En cuanto al principio de oportunidad, señala que cuando se requiera hacer uso de la fuerza se debe evitar todo tipo de actuación innecesaria cuando exista evidente peligro o riesgo de la vida de las personas ajenas a los hechos. Esto significa que es necesario reducir al máximo los daños y afectaciones tanto a la vida como a la integridad de las personas involucradas y sus bienes y, en general, la afectación de los derechos de las personas.
Mientras que a través de un transitorio, plasma que las instituciones de seguridad revisarán y actualizarán los protocolos de actuación, los manuales para el uso de la fuerza, la descripción de las conductas a realizar por los agentes y los cursos de capacitación a efecto de incorporar la finalidad del uso de la fuerza y los principios de oportunidad y racionalidad en sus contenidos, para lo que tendrán un plazo de 60 días hábiles contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor del decreto.
