Coahuila produce carbón rojo con una industria casi enterrada

Mientras el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que ha sido un éxito el programa de compra de carbón a productores de la región carbonífera de Sabinas, Coahuila, investigadores y organizaciones de defensa de los derechos de los trabajadores mineros cuestionan esa aseveración; aseguran que persisten condiciones de explotación y alto riesgo en esa industria, simulación y coyotaje y que los ganones siguen siendo los empresarios voraces de siempre.

Todo eso ocurre mientras la industria enfrenta una situación difícil provocada por una pérdida casi total de la demanda de carbón metalúrgico, por parte de las empresas consumidoras locales, lo cual ha derivado en el cierre de minas, plantas lavadoras de mineral y empresas de toda la cadena de valor, generando pérdidas de miles de empleos, una percepción negativa a la inversión y la desaceleración económica de la región.

El 4 de mayo de 2019, el presidente López Obrador se comprometió en Sabinas, Coahuila a intervenir para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) adquiriera carbón a  los mineros locales, que producen pequeñas cantidades.

De inmediato iniciaron una serie de visitas del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, a esa región del norte del país, para reunirse con pequeños productores.

Reiteradamente expuso que se trataba de un tema social y de justicia, donde se debía evitar el "coyotaje" y el acaparamiento o monopolios. La compra de carbón debe ser de calidad, como lo requieren las centrales carboeléctricas Carbón II y José López Portillo (Río Escondido), ubicadas en el municipio de Nava y en un precio justo, para así apoyar a los pequeños productores e incentivar la economía de la zona, dijo entonces.

El 14 de julio de 2020, la CFE anunció que adquiriría dos millones de toneladas de carbón, a través de un proceso de adjudicación directa, con contratos multianuales, de julio de 2020 a diciembre de 2021.

Advirtió que el proceso se realizaría con apego a los principios instruidos por el presidente de México: cero corrupción, cero coyotaje, preferencia a pequeños productores, honestidad en la entrega del mineral y precios justos. 

La compra del carbón se distribuiría de la siguiente manera:

• Micro productores: 572,850 toneladas  28.64%
• Productores pequeños: 888,517 toneladas  44.43%
• Productores medianos: 320,000 toneladas 16.00%
• Grandes productores: 218,633 toneladas  10.93%

La ya desaparecida Subsecretaría de Minería, a través del Servicio Geológico Mexicano (SGM), realizó un censo a un universo de 120 productores, para determinar quiénes podrían proveer carbón a la CFE.

Según la Comisión, ese ejercicio compiló información sobre la concesión minera del productor, la cantidad máxima de producción mensual y el estatus de sus obligaciones ante el Sistema de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Medio Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección Ambiental.

En octubre de 2020, la CFE informó la compra de dos millones de toneladas  de carbón a 60 productores a 1,034.31 por tonelada más IVA. La compra se adjudicó como sigue:

• Micro y pequeños productores 73%
• Medianos productores 16%
• Grandes productores 11%

En febrero pasado, la CFE afirmó que el programa de compra de carbón coquizable fue un éxito, ya que contribuyó a la reactivación económica de la región carbonífera y permitió que, al eliminar intermediarios, una gran cantidad de empresas micro, pequeñas y medianas, se convirtieran en proveedores directos de la CFE.

Luego informó que la adquisición 2022-2024, al igual que la realizada en 2020, beneficia principalmente a los micro y pequeños productores de carbón.

Esta vez, para la selección de posibles proveedores de carbón, se identificaron a 148 productores de los cuales 121 enviaron los requisitos completos y 43 de ellos debieron ser visitados dado que no fueron inspeccionadas en 2020 por  el SGM o debido a que los centros de extracción son distintos a los del 2020. 

Adicionalmente, se revisaron actas de inspección realizadas por la Gerencia de Desarrollo Social de CFE y estadísticas de entregas de carbón y clasificación de proveedores, emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

A partir de la información proporcionada por el SGM y la STPS, la CFE seleccionó a 54 empresas, mientras que 94 no fueron seleccionadas por motivos que van desde la rescisión de contrato, incidentes en su mina, retrasos de entregas, simulación de operaciones o incumplimiento con características técnicas.

De los 54 posibles proveedores seleccionados, se adjudicaron 52 contratos, por más de 3,845 millones de pesos para adquirir 3.18 millones de toneladas de carbón. A cada proveedor se le adjudicó una partida de acuerdo con su capacidad de producción y  la categoría de productor asignada. Se suscribieron contratos plurianuales de julio de 2022 a diciembre 2024.

Cuestionan cumplimiento de inspecciones

El problema es que según autoridades, organizaciones sociales y mineros, la explotación del carbón para venderlo a la CFE se realiza en condiciones que ponen en riesgo la vida de los mineros y se traduce en tragedias. De 2006 a diciembre de 2021 se registró la muerte de 80 mineros en pozos, “minitas” o cuevas que usan concesiones  que se han otorgado sobre minados viejos. 

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme afirmó que “la grandiosa idea de Manuel Bartlett de darles más carbón a los productores más pequeños y menos a los más grandes, provoca coyotaje, que termina en la explotación de pozos sin la seguridad necesaria para poder cuidar de la vida de los trabajadores.

De acuerdo con el mandatario, lo que debió hacerse es capitalizar a los pequeños productores para que estuvieran en condiciones de invertir en seguridad e incorporarar a sus trabajadores al Seguro Social.

Por su parte, la organización Familia Pasta de Conchos (FPC) acusa a la CFE de comprar carbón que proviene de minas inseguras, con ausencia de inspecciones laborales, por lo que exige la cancelación de las concesiones de los sitios en donde no se garantiza la integridad física de los mineros.

La FPC afirma que “absolutamente en todos los eventos mortales se identifican violaciones graves a las normas de seguridad e higiene, por la voracidad de los empresarios”.

Cristina Auerbach, dirigente de la FPC expuso a este periódico que, durante años, esa organización se integró a brigadas de supervisión de la Secretaría de Trabajo federal para verificar las condiciones de seguridad en las minas, sin embargo, hace tres años, el gobierno federal actual ya no la reconoció como experta en la materia y ya no le permitió hacer esa tarea.

Para ilustrar la forma en que se realicen las inspecciones dijo que la semana que recién concluyó se realizó una inspección en la mima de Rancherías. Al llegar los funcionarios, los mineros se escondieron y les hicieron creer que ahí no se estaba trabajando.

Dijo que es inaudito que en Sabinas se siga extrayendo carbón de la forma que se  hacía a mediados del siglo XVIII. Se trata de Carbón rojo, que es aquel que se extrae en minas donde los empresarios no invierten en medidas de seguridad, simplemente para reducir costos y aumentar sus ganancias al máximo y de eso los testimonios abundan.

La Auditoría Superior de la Federación ha señalado deficiencias

La preocupación por las condiciones en que trabaja la industria minera en esa zona del país ha llegado también a los reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La auditoria de desempeño 372-DE, realizada al programa “Regulación e Inspección de las condiciones laborales mineras”, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, contenida en el informe de resultados de fiscalización de la cuenta pública de 2019, señala que si bien la secretaría del Trabajo contó con dos normas específicas para el sector minero y 30 normas oficiales vigentes, en materia de seguridad y salud; no acreditó contar con un diagnóstico integral sobre la problemática laboral que se requiere atender y si las normas vigentes en materia de seguridad y salud permiten atender las necesidades de los trabajadores, como es el caso de los mineros,  y garantizar un trabajo digno o decente.

Además indica que la STPS contó con el Programa de Inspección 2019, en el que se estableció como meta realizar 31,231 inspecciones; sin embargo, en dicho documento no se establecieron metas por sector, rama o actividad específica, ni cuántas de las inspecciones programadas correspondieron a la revisión de centros de trabajo minero,

Destaca que para la elaboración y actualización del marco regulatorio, la secretaría estableció 27 temas en el Programa Nacional de Normalización 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de los cuales uno se relacionó con la materia por auditar, referente a la modificación de la NOM-032-STPS-2008, Seguridad para minas subterráneas de carbón; no obstante, no se proporcionó la evidencia de las gestiones realizadas, a fin de analizar su aplicación, complementariedad y mejora de su contenido.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, en Coahuila se cuenta con tres Oficinas de Representación de la dependencia (Saltillo, Torreón y Sabinas), donde trabajan 24 inspectores federales del trabajo, 13 de los cuales tienen presencia permanente en Sabinas. 

En los últimos tres años en todo el país se han realizado 979 inspecciones a minas, de ellas, en la zona carbonífera de Sabinas se han realizado 387. El 39% de todas las inspecciones mineras desarrolladas en el país, se han  realizado en la zona carbonífera coahuilense, donde  en los tres años de la presente administración, la STPS ha ordenado la suspensión de actividades por incumplir gravemente con las medidas de seguridad, de 27 explotaciones mineras, es decir, el 84% de todas las suspensiones de minas en el país por incumplimiento en las medidas de seguridad. 

Los beneficiados son los políticos y empresarios de siempre

Por otra parte, la  organización Familia Pasta de Conchos asegura que los beneficiados de la actividad son, principalmente, empresarios y políticos o sus familiares.

Como ejemplo señala que el contrato de la CFE 0700-ADAAN-0040-2022  fue adjudicado a Antonio Flores, hermano de la presidenta municipal de Múzquiz, Tania Flores y extrae carbón en la Concesión Los Menores I,  propiedad de MIMOSA. 

El problema es que, su manifestación de impacto ambiental está a nombre de una tercera empresa y extrae el mineral en una zona de alto riesgo porque está en un minando viejo.

En junio de 2021, trabajadores de la mina Micrán, en el ejido Rancherías quedaron atrapados luego de que las paredes de un tajo se anegó con las lluvias y se derrumbó sobre nueve trabajadores. 14 meses después se conoció que la Secretaría de Economía suspenderá los derechos del concesionario pero, según la OFPC, la CFE les renovó un contrato por 89 millones de pesos, mediante adjudicación directa, el 22 de junio de 2022, a nombre de Carkim Industrial.

La organización asegura que la CFE entregó contratos a empresas que estaban restringidas por la Secretaría del Trabajo, por no cumplir con las normas de seguridad e higiene o que nunca fueron inspeccionadas “como sucede con los pozos del Pinabente”.

Cristina Auerbach recalcó que los empresarios que explotan las minas y venden a la CFE son los mismos caciques que toda la vida se han beneficiado económicamente de esa actividad. “No cambio nada, nada más el discurso”.

Por su parte Ana Lilia Moreno, investigadora de México Evalúa comentó que la decisión de la CFE de comprar carbón a pequeños productores en Coahuila ha generado un incentivo perverso, porque, si bien hay una derrama económica en la zona a partir de esas adjudicaciones, implica un gran riesgo para los mineros.

Además, ese tipo de compra no cumplen con todas las normas que regulan la extracción del carbón, para dar certeza a los mineros, en términos de seguridad industrial y derechos humanos.

Dijo que, por la forma en que se realizan las adjudicaciones, no cumplen con la normatividad y ocurre que las mas jugosas se las dan a las personas que están mejor conectadas con el poder político. 

Para la investigadora, el problema es que la CFE no garantiza en su cadena de proveeduría cumplir con los estándares de seguridad, lo cual ha sido documentado por México Evalua. 

Indicó que el personal de la Secretaría del Trabajo encargados de supervisar las mimas no cuentan con los implementos necesarios para cumplir con su tarea.

Asimismo, tampoco existe una buena interlocución entre las autoridades estatales y federales.

La investigadora mencionó que uno de los problemas es la debilidad institucional en el sector, pero lo grave es que eso se traduce en riesgos para los mineros.

La producción de carbón está a la baja

La región carbonífera de Coahuila se localiza en los municipios Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas, Progreso y Juárez, en una extensión de 16,040 kilómetros cuadrados y donde viven 183,521 personas.

Si bien en la entidad hay tres cuencas carboníferas, que son la de Fuentes-Río Escondido; Sabinas-Monclova y Colombia-San Ignacio, solo de las dos primeras se extrae carbón subituminoso de tipo térmico y en la tercera de tipo siderúrgico.

Destacan las minas de carbón Tajo La Sauceda, de Minera del Norte, en el municipio de Muzquiz; Tajo Soledad, de MINSA, en Muzquiz; Las Conchas, de Mineral del Norte, en Sabinas; Mina VII, de Minera del Norte, en Progreso y las minas 2 y 3 Santa María de MINSA en San Juan de Sabinas.

Según el SGM en la región de Sabinas, existen un total de 67 pequeños y medianos productores de carbón que se constituyen en dos asociaciones mineras y productores independientes que son la Unión Mexicana de Productores de Carbón (UMPC) y la Unión Nacional de Productores de Carbón (UNPC). Sin embargo también está la Unión Nacional de Auténticos Mineros (UNAM).

El Anuario Estadístico de la Minería mexicana 2020, edición 2021 del SGM, refiere que durante los últimos cinco años, la producción de carbón en el estado ha ido cayendo. En 2016 significó ocho millones 125,458 toneladas, cifra que bajó a seis millones 704,540 en 2018 y a dos millones, 161,196 en 2020. Aún así, se mantiene como el principal productor de ese mineral a escala nacional, pues de esa entidad proviene 98.89%.

En 2016, en valor de la producción estatal de carbón fue de 4,083 millones 217,843 pesos y para 2020 bajó a 1,293 millones 654,592 pesos.

Luis Fernando Camacho Ortegón, director del Centro de Investigación en Docencia Aplicada de la Universidad Autónoma de Coahuila explicó que la minería del carbón en Coahuila genera carbón coq uizable, es decir metalúrgico, para la industria del acero y de la fundición para producir carbón coque que se utiliza en altos hornos para producir aceros o en los cubilotes para construir monoblock de vehículos de combustión interna.

Sin embargo, en los años 90 del siglo pasado se abrió la compra de carbón por parte de la CFE a los pequeños y medianos productores de la región, para, de esa manera, apoyar el desarrollo económico local.

Las centrales carboníferas de la CFE utilizan una mezcla de carbón bituminoso coquizable (20%) y carbón subbituminoso no coquizable (80%) para la generación de energía eléctrica. 

Los productores se organizaron en la Unión Nacional de Productores de carbón y a través de ella gestionaron la venta ante la CFE para destinarlo a la  central carboeléctrica, José López Portillo (Río Escondido), que destinaba a ellos alrededor de 80% de sus compras y el 80% restante a la empresa Minera Carbonífera  Rio Escondido (Micare).

Posteriormente se incrementó el volumen de compra a pequeños productores y surgieron otras organizaciones de productores, cuando se inauguró la termoeléctrica Carbón II. Llegaron a vender alrededor de tres millones de toneladas al año.

Sin embargo, con el tiempo, los márgenes de utilidad para los pequeños y medianos productores bajó. Eso lo que ocasionó es que no les alcanzan sus ingresos para invertir en maquinaria y equipo y por ello trabajan en las condiciones que hoy todo mundo conoce.

Tienen que seguir practicando esta minería a base de pistolas de aire, transporte con carretillas para seguir operando.

El especialista consideró que la solución al problema es que la CFE busque mecanismos para que se realicen contratos a largo plazo, que les garantice ser viables inversiones en tecnología vía crédito.

Dijo que hay viabilidad para la industria del carbón en la zona, pero implica aportarle valor agregado, es decir que el carbón se pueda coquizar, lo cual implica que se instalen coquizadoras y posteriormente se atraigan empresas fundidoras que puedan reactivar la economía.

Comentó que, a escala mundial, una tonelada de carbón coque cuesta alrededor de 600 dólares la tonelada, cuando el carbón todo uno, es decir el que apenas sale de la mina, 50 dólares la tonelada.

La situación es que la región carbonífera de Coahuila no ha logrado migrar hacia un sistema industrial donde se tengan todo el aparato industrial encadenado, que permita darle un proceso industrial al carbón y aprovechar todo el valor agregado que se pueda, incluso, aprovechando gases para fabricar polímeros y aceites que haga más eficiente al sector.

diego.badillo@eleconomista.mx