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Política

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Comisión Permanente del Congreso de la Unión avala segundo periodo extraordinario; analizarán desafueros

El segundo periodo extraordinario de sesiones fue programado para el próximo miércoles 11 de agosto a las 11:00 horas.

Sesión de la Comisión Permanente del lunes 9 de agosto. Foto EE: Cortesía Cámara de Diputados

Sesión de la Comisión Permanente del lunes 9 de agosto. Foto EE: Cortesía Cámara de Diputados

Este lunes, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó en lo general y lo particular realizar un segundo periodo extraordinario de sesiones programado para el próximo miércoles 11 de agosto a las 11:00 horas, con el fin de analizar y en su caso, aprobar los desafueros de los diputados Saúl Huerta, acusado de abuso sexual contra un menor de edad, y de Mauricio Toledo, señalado de enriquecimiento ilícito.

En tanto, aunque el dictamen de la Primera Comisión de la Permanente: Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia incluía el análisis sobre el desafuero de Uriel Carmona Gándara, fiscal General del Estado de Morelos, así como una iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por Morena, con la que se buscaba expedir la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, los legisladores rechazaron en votación separada retirar del periodo extraordinarios ambos temas.

Por lo anterior, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados convocará a las sesiones que sean necesarias, a fin de tratar sólo los desafueros de Huerta y Toledo.

Durante la sesión presencial de la Comisión Permanente, la diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI) celebró que por vez primera se discutiera cada asunto por separado, pues el tema del Fiscal de Morelos reviste una máxima delicadeza porque se trata de una posible violación a un amparo constitucional “con todo lo que esto conlleva”.

Asimismo, señaló que esta era la tercera o cuarta vez en la que se trataba de aprobar la convocatoria a un periodo de sesiones extraordinario que ha sido insistentemente convocado para los temas de los desafueros de ambos diputados de la actual Legislatura, además de la desestimación de la solicitud de desafuero del Fiscal de Morelos y, en esta última ocasión, para tratar el tema de una nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

 Sin embargo, indicó que, en lo general, estaba en contra del dictamen, ello “a pesar de coincidir plenamente en continuar con el trabajo realizado por la Sección Instructora”, pues “la Cámara de Diputados de ninguna manera ha solapado ni ha evadido las determinaciones relacionadas con solicitudes de juicio político; por los tiempos legislativos, tres de ellas quedaron pendientes en esta ocasión”.

Por lo que externó su sorpresa ante la posibilidad de tratar otro asunto, tan complejo, como una iniciativa de Ley Federal en materia de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

En tanto, Dulce Alejandra García Morlan, diputada del PAN, también mostró su aceptación a que se votarán todos los temas de la minuta por separado, con el fin de tener la oportunidad de revisar y discutirlos a fondo. “Nosotros no somos jueces y por lo tanto debemos permitir que la ley se cumpla y no tenemos que obstaculizar cualquier proceso judicial. Serán los diputados federales los que en su momento tendrán la oportunidad de presentar las pruebas para su defensa”.

El diputado Manuel Huerta Martínez (PT) mostró su rechazó sobre el caso de desafuero de Mauricio Toledo, integrante de su bancada, pues afirmó que su grupo parlamentario no avala un proceso “espurio” y plagado de irregularidades que busca  una venganza política y un uso faccioso de la ley, por lo que “no podemos acompañar el dictamen que se presenta ante la Comisión Permanente para convocar a un periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados”.

Reiteró que, además de las violaciones al debido proceso, existe una venganza política de la no se serán parte y lamentó la falta de transparencia por parte de la Sección Instructora. Añadió que su deber constitucional, es seguir los principios mínimos de la legalidad, debido proceso y transparencia.

kg

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