Corrupción evita planeación urbana

La Asociación Mexicana de Urbanistas alertó sobre los riesgos a los que está expuesta la población por la falta de un sistema de planeación urbana.

Se trata de las 56 zonas metropolitanas existentes en el país, que por su mala planeación urbana quedarán condenadas a un subdesarrollo y nula competitividad nacional e internacional, de ahí la urgencia de iniciar el debate para emprender acciones que reviertan el daño generado, explicó.

Mediante un diagnóstico detalla que, en las grandes ciudades del país, hay una profunda crisis en el sistema de planeación urbana que pone en riesgo a la población que en ellas habita.

Explica que existe desconocimiento del tema, falta de decisión y corrupción generada en contubernio entre autoridades y particulares, lo que se refleja en las múltiples modificaciones a los usos del suelo, planes y programas de desarrollo urbano, a conveniencia de los cabildos de algunos ayuntamientos del país.

Lo anterior, especifica el diagnóstico, genera situaciones de emergencia, como fue el caso reciente de Veracruz, Puebla, Nuevo León, Tabasco y Chiapas, en donde la nula planeación de nuevos asentamientos urbanos provocó el colapso de viviendas e infraestructura.

El urbanista Joaquín Álvarez Ordoñez dijo que a este sector le preocupa el surgimiento y crecimiento desordenado de las grandes ciudades, no sólo porque atenta contra el bienestar común y porque daña el nivel de vida de sus habitantes, sino también, limita sus posibilidades de desarrollo.

En el estudio se lee que a 34 años de la promulgación de la Ley General de Asentamientos Urbanos, el resultado es el fracaso de los gobiernos federal, estatal y municipal, en la implementación de una planeación urbano-regional, pues se ha privilegiado una visión de corto plazo regida por la corrupción, la improvisación y los intereses de grupos particulares, lo que se traduce en una desmedida explotación de los recursos naturales y la especulación con el uso de suelo, arremetió.

Asimismo, anunció que impulsará la creación de una nueva ley en materia de planeación urbana que responda a la realidad nacional actual y que garantice el cumplimiento de políticas urbanas de mediano y largo plazos.

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