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Critican uso de fondos de seguridad a estados para compra de insumos
La organización Causa en Común dijo que en ningún momento se establece por qué, cómo o bajo qué criterios se allegarán los productos.
La organización Causa en Común llamó a las autoridades del gobierno federal a no autorizar el uso de los fondos de seguridad para dotar a los policías estatales y municipales de equipos de protección ante el Covid-19, pues a su parecer ello propiciará desvío de recursos y corrupción por parte de las autoridades estatales.
Cabe destacar que el gobierno federal autorizó el 10 de abril a los gobiernos de los estados a utilizar recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Subsidio de Fortalecimiento en materia de Seguridad Pública (FORTASEG) para la adquisición de equipo de urgencia, apoyo extraordinario y alimentos del personal de seguridad pública de las entidades federativas y presidencias municipales o alcaldías, con la finalidad de que los elementos policiales cuenten con el equipo indispensable que les permita hacer frente a la situación de emergencia por el Covid-19 que vive nuestro país
El FASP cuenta este año con recursos por 7,443 millones 986,130 pesos, mientras que el FORTASEG por 3,921 millones 700,000 pesos.
La organización Causa en Común, que preside María Elena Morera, sostuvo que en el acuerdo del 10 de abril del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), no definen con claridad los términos o mecanismos clave para adquirir bienes o servicios, por lo que se facilita el desvío de recursos.
“No hay una definición sobre qué productos pueden adquirirse para hacer frente a la emergencia por coronavirus; en específico, no se clarifica qué es “equipamiento indispensable”, “apoyo extraordinario”, “equipo de urgencia”, ni se brinda un catálogo detallado de los bienes y servicios que se requieren comprar”, destacó.
Causa en Común refirió que en ningún momento se establece por qué, cómo o bajo qué criterios se allegarán los productos; es decir, “¿qué características tendrán?, ¿hay restricciones para comprar determinados objetos?, ¿para qué elementos policiales se van a destinar?”.
Añadió que tampoco se especifican los mecanismos para supervisar que lo adquirido sean los productos correctos.
Para María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, “esta opacidad y falta de certeza podría provocar que los encargados de ejecutar los fondos de seguridad pública en estados y municipios se aprovechen para desviar los fondos para sus propios fines”.
“En el contexto de crisis económica e inseguridad que vivimos en México, es inadmisible que el dinero destinado para combatir la delincuencia se pueda usar de manera inadecuada”, consideró.
Morera consideró que la solución no es quitar recursos a tareas de seguridad, “al contrario, tendrían que aumentarse, lo que se podría lograr si se reasignaran fondos de otras obras no prioritarias como el Tren Maya”.
Finalmente, la activista consideró que esta medida muestra que “el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha ido perdiendo relevancia y parece esmerarse en seguirla perdiendo y, en el camino, desatiende las urgentes necesidades en seguridad que existen en el país”.
