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Política

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¿Cuáles fueron los argumentos del pleno de la SCJN para invalidar el Panaut?

Con 9 votos de los ministros, el pleno de la Corte invalidó el decreto del 18 de abril del 2021, que reformó diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Foto EE: Archivo

Foto EE: Archivo

Por no ofrecer la garantía de que los datos biométricos de los ciudadanos serán resguardados, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional e invalidó las reformas que crearon el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), que fue impulsado por el actual gobierno federal con la idea de combatir delitos.

Con 9 votos de los ministros, el pleno de la Corte invalidó el decreto del 18 de abril del 2021, que reformó diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández, ponente del asunto y cuyo proyecto fue aprobado, destacó que el decreto invalidado no regulaba el destino de los datos biométricos exigidos a los ciudadanos para suministrar el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.  

Por ello, dijo, se requiere de un control constitucional, como lo es hasta ahora la orden judicial para requerir los datos personales de una persona.

Planteó que el Panaut no era una medida necesaria en una vida democrática, porque no hay un control de los datos y de respeto a la privacidad de las personas, además de no encontrar justificación y ser contrario a los principios de los artículos 6 y 16 de la Constitución.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá aseguró que el Panaut exigía a los ciudadanos datos personales a cambio de mayor seguridad, pero resultaba en una falsa y peligrosa dicotomía entre seguridad y uso de datos. Recordó que ya hubo un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), mismo que puso en mayor riesgo a los usuarios al filtrarse información y por ello se destruyó en 2011.

Añadió que se pretendía por parte del gobierno federal reducir la incidencia delictiva con el argumento de tener los datos biométricos de los ciudadanos, pero en el decreto que derogó el Renaut se argumentó que ese fue la causa de su fracaso en 2011, porque los delincuentes o sus cómplices no proporcionan los datos correctos sobre su identidad.

El ministro Luis María Aguilar Morales dijo que al entregar los ciudadanos sus datos biométricos sin que se garantice la debida protección de los mismos, se correría el riesgo de revelarse hasta la identidad genética de las personas.

Sostuvo que no es necesaria para el fin buscado, pues hay muchos mecanismos que tiene la autoridad judicial para investigar y perseguir delitos cometidos mediante telefonía móvil.

jorge.monroy@eleconomista.mx

kg

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