Decreto para transferir Guardia Nacional a Sedena es inconstitucional, coinciden expertos

El decreto que emitirá el presidente Andrés Manuel López Obrador para transferir el mando de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es inconstitucional y el Poder Judicial de la Federación (PJF) debe ser efectivo para detenerlo, coincidieron expertos en derecho constitucional.

Javier Martín Reyes, abogado y politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), estimó que el presidente López Obrador ya se dio cuenta de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es ágil en procesar las controversias y acciones de inconstitucionalidad que se promueven contra sus decretos, por lo que ahora busca consumar la militarización de la seguridad pública con la transferencia de la GN a la Sedena.

"A mi me queda claro que la Suprema Corte y el Poder Judicial tendrían que ponerle freno a un acuerdo que es abiertamente contrario a la Constitución", mencionó.  

Destacó que desde junio del 2020 la Suprema Corte no ha podido resolver las diversas acciones de inconstitucional promovidas en contra del decreto del 11 de mayo de ese año del presidente López Obrador, por el que ordenó el uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública hasta 2024.

En el mismo sentido, Daniel Torres Checa, abogado constitucionalista de la Universidad Panamericana (UP), expresó que el silencio de la Suprema Corte en este tema es un argumento que lleva al presidente López Obrador a plantear mediante un decreto pasar la Guardia Nacional a la Sedena.

Javier Martín Reyes explicó que si bien el decreto que emitirá el primer mandatario puede ser sujeto de amparos y suspensiones por parte de los jueces federales, la resolución definitiva tiene que provenir de la Suprema Corte de Justicia, misma que podría ir más allá del 2024 en su determinación.

Consideró que en caso de emitir dicho decreto, éste es inconstitucional, ya que el artículo 21 de la carta magna es claro en que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil”.

En el mismo sentido, el abogado constitucionalista Ignacio R. Morales Lechuga planteó que el presidente López Obrador no puede emitir un decreto contra la Constitución sin que sufra las consecuencias de su violación.

El abogado Javier Martín Reyes consideró que si el presidente López Obrador desea que la seguridad pública sea militar, debe cubrir el procedimiento correspondiente, mediante el envío de una iniciativa al Congreso.

“Si el Presidente quiere una Guardia Nacional militarizada que lo planteé, que presente una iniciativa, que haya una discusión democrática en el Congreso, y si le dan las mayorías que se apruebe, aunque es una mala idea en el marco internacional. Pero aquí no se vale agarrar la vía fast track de desconocer por un acuerdo o un decreto lo que con toda claridad establece la Constitución”, expresó.

La Fundación para la Justicia sostuvo que “el Presidente viola el compromiso de respetar y actuar conforme a la Constitución, la cual establece que las instituciones de seguridad pública pertenecerán al orden civil. Cualquier decisión que disponga adscribir a la GN a la Sedena es inconstitucional”.

Dijo preocuparle los “giros autoritarios” y las “medidas antidemocráticas” para lograr el avance de la militarización en el país.

El politólogo Jorge Javier Romero planteó que: “el Presidente ha anunciado que, sin tapujos, ha decidido violar la Constitución y hacer lo que le de la gana con la Guardia Nacional. Desacato descarado, algo propio de golpistas”.