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Descartan que haya periodo extraordinario
Entre los temas pendientes que habrán de heredar a la nueva Legislatura se encuentra la ley general de desapariciones forzadas.
A pesar del cúmulo de pendientes legislativos, en la Cámara de Diputados no hay condiciones para la realización de un periodo de sesiones extraordinarias antes del próximo 31 de agosto, fecha en que concluirá la LXII Legislatura.
Consultado al respecto, Miguel Alonso Raya, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en San Lázaro, explicó que tras los comicios del pasado proceso electoral federal intermedio no se vislumbra un periodo extra de trabajo en la Cámara Baja.
Cuando todavía no termina ni la calificación de la elección del 7 de junio, dijo, es muy difícil acordar la concreción de las diversas leyes secundarias aún pendientes.
A la pregunta de si hay posibilidad alguna de convocar a un periodo de sesiones extraordinarias en la Cámara Baja, como pretende hacerlo la Cámara de Senadores, según declaró su correligionario Miguel Barbosa, Alonso Raya respondió:
Lo que yo sostengo y lo que hemos comentado, cuando menos entre los coordinadores (parlamentarios) ahora, (es que) no vemos nosotros condiciones.
Primero, todavía no termina ni siquiera la calificación de la elección. Tenemos que poner los pies sobre la tierra. Estamos ya en proceso de preparación y entrega de la Legislatura que sale a la que viene. Entonces, yo no veo condiciones para poder, como Cámara de Diputados, ir a un periodo extraordinario .
Entre los pendientes que habrán de heredar los actuales diputados federales a sus sucesores, quienes asumirán el cargo a partir del próximo 1 de septiembre y hasta el 31 de agosto del 2018, se encuentra la ley general de desapariciones forzadas, derivada de la reforma constitucional al Artículo 73.
En el tintero también se quedará el programa de reorganización administrativa, que de acuerdo con los artículos transitorios de la reforma constitucional en materia de transparencia, debieron aprobar los legisladores federales salientes para que los grupos parlamentarios rindan cuentas claras de los recursos públicos de que gozan y cuyo destino se encuentra, a la fecha, en absoluta opacidad.
