Desplazamiento forzado por violencia, en 27 estados del país

El desplazamiento forzado interno en nuestro país es una problemática que afecta a miles de ciudadanos, principalmente provocada por la violencia y la inseguridad, por lo que el Estado mexicano debe reconocer oficialmente su existencia, adoptar una postura unívoca sobre la misma y emprender acciones específicas para su atención, consideró Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH.

Durante la presentación del Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, expuso la necesidad de elaborar un diagnóstico nacional y oficial a través de un levantamiento censal sobre este fenómeno, a fin de que sea una herramienta para la construcción de políticas públicas y programas eficaces para su atención.

El desplazamiento forzado interno en México es un problema cuya magnitud y alcances reales aún debe ser investigado y determinado de manera objetiva e integral , refirió.

De acuerdo con el documento, detectaron el fenómeno en al menos 27 entidades, entre las causas principales está la violencia del crimen organizado.

La CNDH logró recoger el testimonio de 1,784 personas que dijeron ser víctimas de desplazamiento; sin embargo, expuso que se logró detectar a 35,433 personas en esta condición, referenciadas por autoridades estatales y municipales.

Por otra parte, varias autoridades estatales y municipales, a solicitud de la Quinta Visitaduría, comunicaron entre el 2013 y el 2015 que tenían información de 30,377 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, en sus respectivos territorios , dijo Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador de la CNDH.

Además de que en el mismo periodo, organismos públicos de derechos humanos en las entidades reportaron 6,685 personas bajo esta circunstancia en los estados donde se encuentran.

En tanto, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reportó que del 2006 al 2013, atendió a 5,364 familias de indígenas desplazadas en Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nayarit y Oaxaca, lo que equivaldría a 16,092 personas.

Aunque advirtió que estas cifras son proporcionadas por diferentes fuentes y es probable que algunas de las víctimas aparezcan en más de una de éstas, sí dan cuenta de la magnitud del problema que enfrenta México en esta materia.

Al respecto, el ombudsman nacional indicó que una de las dificultades a enfrentar es la ausencia de una norma que establezca lo que debemos entender por desplazamiento forzado interno, y el establecimiento de un marco de actuación frente al mismo.

González Pérez dijo que, a la fecha, las acciones que se han emprendido para su atención han sido aisladas, centradas en apoyos asistenciales temporales, sin planeación integral y sin ser aplicadas bajo diagnósticos serios y confiables.

Las medidas que se implementen, si aspiran a tener una incidencia positiva en esta problemática, deben ser más de carácter preventivo que reactivo, a efecto de proporcionar soluciones viables, efectivas y duraderas, más que implementar medidas de carácter paliativo y de corto plazo , indicó.

El documento expone que las autoridades mexicanas tienen la obligación de atender a las víctimas de manera prioritaria para proteger sus derechos humanos y para generar soluciones duraderas, por lo que deben existir mecanismos de respuesta adecuados y eficientes.

No hay una acción coordinada de los tres niveles de gobierno para hacer frente al problema del desplazamiento forzado interno y atender las violaciones a los derechos humanos de las víctimas. Es urgente la acción conjunta de los tres niveles de gobierno en la prevención (...) para evitar que se sumen más víctimas y que se atiendan a las existentes , expuso.

En este sentido, la CNDH urgió a la creación de una ley general sobre desplazamiento forzado interno para la distribución y determinación de las atribuciones y obligaciones de las autoridades en la materia.