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Detenidos del caso Iguala rehúsan someterse a pruebas
Algunos de los detenidos por el caso se negaron incluso a llenar el formulario médico requerido para realizar las pruebas.
La Procuraduría General de la República (PGR) realizó por lo menos 95 dictámenes médicos y psicológicos para igual número de detenidos por el caso Iguala, con el fin de determinar si existió tortura contra ellos durante su detención, lo que incluyó al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, considerados autores intelectuales de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En el tomo 188 de la tercera versión pública de la averiguación previa de la PGR por el caso Iguala, consta que la procuraduría extrajo las declaraciones de los detenidos por posibles casos de tortura y las remitió a su Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, donde se elaboraron los dictámenes médicos psicológicos realizados a los detenidos.
Se asegura que también fue practicado el Protocolo de Estambul, aunque no refiere el número de casos que se realizaron.
Cabe destacar que en una reunión con la titular de la PGR, Arely Gómez, los padres de los 43 normalistas expresaron su rechazo a que sea la propia procuraduría quien investigue las posibles conductas de tortura para hacer declarar a los detenidos. Vidulfo Rosales, abogado de los padres, dijo que debe ser una instancia externa la que verifique esa situación.
En ese marco, el tomo refiere que el 11 de abril del 2015 se estableció el acuerdo para realizar dentro de los centros federales de reclusión las pruebas médicas y psicológicas a los detenidos del caso Iguala para determinar si fueron o no torturados.
Se practicaron esas pruebas al exalcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa; a los sicarios de Guerreros Unidos Patricio Reyes Landa el Pato; Agustín García Reyes el Chereje; Felipe Rodríguez Salgado el Cepillo; Jonathan Osorio Cortés el Jona; Dario Morales Sánchez; Marco Antonio Ríos Berber; Roberto Pedrote Nava; Raúl Núñez Salgado el Camperra; Miguel Landa Bahena el Duvalín; David Cruz Hernández el Chino, quienes son los principales declarantes de la Procuraduría para asegurar que los 43 normalistas fueron asesinados y sus cuerpos calcinados en el basurero de Cocula.
Sin embargo, el expediente refiere que no todos los detenidos aceptaron realizar las pruebas médicas y psicológicas, e incluso en algunos casos se negaron a llenar el formulario médico.
Fueron los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) quienes argumentaron posibles torturas en los detenidos del caso Iguala para extraer declaraciones ministeriales.
