Diputadas aceleran la discusión en San Lázaro de la ley 3 de 3 contra la violencia

Legisladoras integrantes del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva dieron a conocer que prevén que a más tardar a finales de marzo se apruebe en la Comisión de Puntos Constitucionales la llamada “ley 3 de 3 contra la violencia”, que buscas frenar las candidaturas de personas violentadoras de mujeres.

La iniciativa que reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución para suspender los derechos políticos de aquellos hombres deudores de pensión alimenticia, acosadores o agresores, se mantiene en comisiones.

Las diputadas integrantes de todos los partidos políticos de San Lázaro indicaron que alistan que a más tardar el próximo 26 de marzo se apruebe en la Comisión de Puntos Constitucionales la “ley 3 de 3 contra la violencia”, para que a finales de marzo pase al Pleno de la Cámara de Diputados y a principios de abril se apruebe en el Senado está minuta. 

Las legisladoras buscan que dicha reforma sea avalada antes de septiembre para que pueda entrar en vigor justo antes de las próximas elecciones.

En conferencia de prensa con diputadas de diversos grupos parlamentarias y representantes de colectivos y grupos feministas, la diputada Blanca Alcalá Ruiz (PRI) indicó que la iniciativa busca reformar los artículos 38 y 102 de la Constitución, a fin de suspender los derechos políticos de aquellos hombres que tengan antecedentes, denuncias o sentencias como deudores de pensión alimenticia, acosadores o agresores por razones género en el ámbito familiar.

Señaló que se trata de una modificación transversal que aborda los distintos órdenes de gobierno y las distintas instancias del poder público: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Comentó que dicha propuesta es parte de la iniciativa ciudadana que “nos sirvió, sin duda, de guía, de orientación, para poder presentar esta iniciativa que hemos puesto a consideración del Pleno y de la Comisión de Puntos Constitucionales la semana pasada”.

“Para el Grupo Parlamentario del PRI es un honor el poder concretar estos acuerdos en favor de las y los mexicanos, pero particularmente de las mujeres mexicanas”, dijo.

Por su parte, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Elizabeth Pérez Valdez, destacó que dicha iniciativa fue la prioridad para salir adelante y con altura de miras en la LXV Legislatura, de la Paridad, y reconoció el trabajo de las diputadas, feministas y organizaciones para impulsarla. 

“Desde la Cámara de Diputados romperemos ese pacto patriarcal y llamamos a la Cámara de Senadores a que acompañen esta iniciativa, porque en el 2024 no queremos ninguna persona violentadora en el poder”, expresó.

Por su parte, la diputada Amalia García Medina (MC) enfatizó en que la principal obligación de un Estado es garantizar seguridad para todas y todos los habitantes, por ello, dijo, “sentar las bases para que en el artículo 38 de la Constitución esté claramente establecido que no podrá estar en ninguno de los tres órdenes de gobierno un violentador, agresor o deudor alimenticio; es poner en el centro ese objetivo fundamental". 

“Esto es, una de las expresiones de que las mujeres con esta visión que nos unifica en contra de un modelo patriarcal, que ha prevalecido a lo largo de la historia, podemos hacer alianzas y buscar nuevas maneras de vivir otro tipo de sociedad y que tenemos un paradigma distinto, que es el que tendría que abrirse paso en nuestro país”, añadió.

Por su parte, la diputada Salma Luévano Luna (Morena), presidenta de la Comisión de Diversidad, apuntó que no se puede tolerar que personas que ejercen violencia de algún tipo lleguen al poder y se exhiban como servidores públicos sin ninguna consecuencia.

“No más agresores con fueros, no vamos a permitir que se escuden en un cargo público y como mujer orgullosamente trans, el feminismo sin las mujeres trans, no es feminismo. Seguimos con todo hacia delante hasta que la dignidad se haga costumbre”, externó.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Aleida Alavez Ruiz, afirmó que reconocer la “ley 3 de 3 contra la violencia” no sólo es legítima, sino que es congruente con las obligaciones que en esta materia hemos asumido como nación en el concierto internacional de las naciones.

Destacó que dicha iniciativa coloca como punto central de los cargos públicos el mensaje de cero tolerancia de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes; promueve la prevención de la violencia institucional y sube el nivel de la ética pública para construir una democracia basada en la corresponsabilidad de su prevención.

“Esta iniciativa no violenta los derechos de las personas a ser votadas o asumir un cargo público, sino que únicamente limita racional, proporcional, objetiva y legítimamente ese derecho a las personas que no tengan ese tipo de sentencias condenatorias en su contra”, sostuvo.

Por otro lado, Patricia Olamendi Torres, fundadora de la red Nosotras Tenemos Otros Datos, resaltó que dicha iniciativa establece la ética en la política para eliminar a todo agresor, y con ello “las mujeres estamos poniendo la ética como la posibilidad de construir un futuro igualitario”.

Además, reconoció el trabajo conjunto de las legisladoras de todos los partidos para construir dicha propuesta. “Retomamos con esto un camino que las feministas hemos hecho a lo largo de muchos años. La fórmula de no importa el color de la bandera con la que llegamos a este Congreso, lo que importa es la causa de las mujeres que ha permitido avanzar”, expresó.

Yndira Sandoval, feminista, consideró que hoy se ha concretado una iniciativa en una reforma de gran calado que colocará al más alto nivel los mandatos jurídicos en el país en poder impedir que los agresores lleguen al poder.

Dijo que la iniciativa se llama "3 de 3", porque no se requiere a ningún agresor, deudor o violador, en lo federal, estatal ni municipal, ni en el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, ni en ninguno de los órganos que de estos dependan, ya que se debe “dotar de ética la política y elevarlo esto a rango constitucional; es cambiar los estándares en la responsabilidad pública e institucional”.