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Dos años sin magistrados
A sólo 10 días de que se cumplan dos años de que recibieron de Peña Nieto los nombramientos de 18 magistrados anticorrupción para su ratificación o rechazo, la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión siguen violando la Constitución.
A sólo 10 días de que se cumplan dos años de que recibieron del expresidente Enrique Peña Nieto los nombramientos de 18 magistrados anticorrupción para su ratificación o rechazo, la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión siguen violando la Constitución.
El 18 de julio del 2017 fue la fecha límite que tuvieron los senadores de la pasada legislatura, la LXIII, para ratificar o rechazar dichos nombramientos, recibidos el 25 de abril del mismo año, debido a que al día siguiente entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
La nueva LXIV Legislatura, cuyos integrantes asumieron funciones el 1 de septiembre del 2018, tampoco ha resuelto al respecto.
Los 18 nombramientos de magistrados pendientes corresponden al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas determinadas como graves y a los particulares participantes en actos vinculados con las mismas.
Además, es al que corresponde fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten al erario o el patrimonio de los entes públicos federales.
La reforma constitucional promulgada el 27 de mayo del 2015, que creó el SNA, amplió de 13 a 16 el número magistrados del TFJA; es decir, falta nombrar a los tres que integrarán la nueva Tercera Sección para estar completo.
Los senadores tienen pendiente también determinar si ratifican o no a los otros 15 magistrados propuestos por Peña Nieto para integrar las cinco salas especializadas del citado tribunal, tres por cada una.
Desde el 31 de julio del año pasado, Fernando Silva García, juez octavo de Distrito en Materia Administrativa, ordenó a la Cámara Alta cumplir con los citados nombramientos, en repuesta a la demanda de amparo indirecto promovida por el Comité de Participación Ciudadana del SNA para cumplir lo ordenado por la Constitución.
El pasado sábado, Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva, informó, vía Twitter, que el Senado de la República fue notificado de manera formal de la sentencia de amparo que le obliga a cumplir con su facultad exclusiva sobre dichos nombramientos.
“Hoy el Senado fue notificado de la sentencia de amparo sobre los magistrados anticorrupción. Procederemos a cumplir la sentencia”, escribió el senador por Morena.