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Eficientar programas sociales, para bajar gasto burocrático
La dispersión y proliferación de programas de desarrollo social de los gobiernos municipales, estatales y federal es una debilidad de la política social que promueve el clientelismo, observa la iniciativa civil Frente a la Pobreza.
La dispersión y proliferación de programas de desarrollo social de los gobiernos municipales, estatales y federal es una debilidad de la política social que promueve el clientelismo, observa la iniciativa civil Frente a la Pobreza.
Para evitar los riesgos de clientelismo y uso electoral de los programas sociales la iniciativa propone crear el Padrón Único de Beneficiarios, así como transparentar los recursos, acciones y resultados de dichos programas sociales a través del formato datos abiertos.
En un estudio, el Frente argumenta que, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se han identificado 6,751 acciones y programas de desarrollo social de los gobiernos municipales, estatales y federal.
Abunda en que la misma Coneval expone que la dispersión de programas reduce los impactos, incrementa el gasto burocrático e impide lograr una cobertura completa de la población potencialmente beneficiaria de cada programa público.
Además genera duplicidades y amplios márgenes de opacidad y de discrecionalidad en la asignación de subsidios y apoyos.
El Frente analiza que con base en las estadísticas del Consejo, 18% de la población, es decir 20 millones de personas en México, carece de acceso efectivo a los servicios de salud, con lo cual se vulnera un derecho humano fundamental.
La evidencia disponible muestra que la afiliación no garantiza el acceso efectivo a los servicios de salud , se lee en el documento titulado Propuestas de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza para el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.
Las propuestas buscaban enfrentar la falta de información confiable, completa y oportuna, desglosada a nivel Centro de Salud, sobre los indicadores básicos de prestación de los servicios, así como establecer la responsabilidad del Consejo Nacional de Salud en vigilar la calidad y el acceso efectivo a los servicios, con base en dichos indicadores.
Para ello proponía que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, responsable del Seguro Popular, publicara la información sobre obras e inversiones con datos de localización geográfica acordes a los lineamientos del Instituto nacional de Estadística y Geografía.
También propuso que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud publique cada cuatro meses los indicadores de seguimiento a la operación reportados por los servicios estatales de salud, desglosados por la Unidad de Salud, incluyendo la Clave Única de los Establecimientos de Salud, la evaluación anual conforme a la Ley de Salud y que se establezcan indicadores de monitoreo aprobados por Coneval.
