El Congreso rechaza observaciones de FCH

La Comisión Permanente del Congreso pidió al presidente Felipe Calderón publicar la ley de víctimas como la aprobaron los legisladores y rechazaron las observaciones del titular del Ejecutivo.

Senadores y diputados en la Comisión Permanente respaldaron la determinación del presidente del Senado, José González Morfín (PAN), de ordenar la publicación del decreto que expide la ley general de víctimas y lo instruyeron a que continúe el trámite.

El diputado priísta Humberto Benítez Treviño dijo que no se puede permitir que estemos en el limbo jurídico porque tenemos a las víctimas, que son la parte más sensible del drama penal, desprotegidas .

Carlos Alberto Pérez Cuevas (PAN) indicó que no se permitirá que ninguna bancada saque de este tema un interés político. Dijo que solicitar al Presidente la publicación de la norma es una salida, pero queda la posibilidad de una controversia, ya que hay cuestiones que pueden dar para ello .

Ahora, el Presidente puede interponer ante la Suprema Corte un recurso de inconformidad.

El priísta José Ramón Martel comentó que la ley es perfectible y hay procedimientos para mejorarla; dejémonos de grillas o de sacar provecho partidista y démosle a la nación una ley que mucho necesita .

El senador panista Ricardo García Cervantes explicó que, toda vez que las observaciones llegaron después del plazo que fija la Constitución, deben ser devueltas e insistir en la publicación de la ley.

El senador perredista Carlos Sotelo manifestó que las víctimas de la guerra que el país ha padecido en los últimos años no pueden esperar 30 años a que se les haga justicia.

Acusó que en el fondo se encuentra el pretendido intento de vetar una ley por parte del Ejecutivo federal .

La diputada perredista Mary Telma Guajardo afirmó que es momento de quitarnos de demagogia y aceptar que el plazo se venció el 10 de mayo , por lo que si el Presidente tiene observaciones, puede presentar, una vez publicada, una iniciativa de reformas.

REITERAN INCONSISTENCIAS

El consejero jurídico de la Presidencia, Miguel Alessio Robles, dijo que la ley general de víctimas es inconsistente e insostenible.

Esa ley es insostenible constitucionalmente. No tiene facultad el Congreso de la Unión para legislar una ley general de víctimas. Para el Presidente hubiera sido muy fácil publicarla y que después la anulara la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la Corte la anula y no se aplica para nadie , explicó.

Mientras el Congreso determinaba rechazar las observaciones del Ejecutivo, Alessio comentó que los estados o municipios podrían interponer controversias constitucionales por las inconsistencias.

El Asesor Jurídico detalló que la Presidencia eventualmente podría recurrir a la Corte si se publica la ley en el Diario Oficial de la Federación. Ésa es una decisión que eventualmente tendríamos que tomar .

Prueba de las inconsistencias, completó, es que el Senado aprobó la reforma constitucional para que el Congreso tuviera facultades para emitir la ley y la Cámara de Diputados no la aprobó, sólo avaló la ley. El Presidente presentó las observaciones en el plazo, porque hasta el 1 de junio tuvimos la ley para hacer las observaciones y que empezaran a contar 30 días .

Concretó que la primera vez que el Legislativo remitió la ley para que el Ejecutivo le hiciera observaciones, pidió que se la regresaran el mismo día porque había confrontaciones entre lo que aprobaron las cámaras.

Repito, para el Presidente hubiera sido muy sencillo ordenar, promulgar y publicar la ley, y esperar a que alguna entidad federativa, algún municipio, la controvirtiera en la Corte y no tengo dudas de que por unanimidad de votos la Suprema Corte la anularía y tendríamos que volver a empezar .

EN BREVE

El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, justificó la devolución de la ley general de víctimas al Congreso porque no establecía claramente las funciones y responsabilidades de cada orden de gobierno.

Poiré argumentó que la fuerza jurídica de la ley en el ámbito de estados y municipios no es suficiente , al considerar que nueve de cada 10 delitos son del fuero común.

Desde el principio, el Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad exigió que la ley incluyera la creación de un registro de víctimas, la edificación de un memorial en Paseo de la Reforma, reconocimiento jurídico de los muertos, fondos de ayuda a los familiares de las víctimas, que el gobierno federal pidiera perdón, la creación de la procuraduría de víctimas, el esclarecimiento del paradero de los desaparecidos y la restauración del tejido social.

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