El cártel captura las rentas de ganado de exportación del norte de Jalisco

• El crimen organizado controla el negocio del ganado bovino de exportación del norte de Jalisco. El cártel ordenó a los ganaderos a quién vender y cobra comisión al vendedor.
• La economía ganadera de Jalisco produce 100,000 reses de exportación cada año. Cada cabeza puede significar 5 pesos por kilogramo de  ganancia para el Cártel Jalisco Nueva Generación, que impuso “gerentes” regionales para administrar la operación criminal. 
• Las víctimas tienen temor de denunciar y el Gobierno de Jalisco no se ha pronunciado. “Acá los ganaderos empezaron a bajar los brazos”, dijo un comerciante de la zona.

Juan C levantó la mano para hablar, visiblemente molesto. En medio de unos 70 productores, perplejos con su atrevimiento, dijo que el negocio que les proponía “La Plaza” de Colotlán (la célula local del Cártel Jalisco Nueva Generación) era un abuso que arruinaría los negocios ganaderos. Su protesta no fue secundada; sus vecinos contemplaban silenciosos e intimidados. Más tarde, fueron por él a su casa. Estuvo toda la noche fuera. Regresó golpeado y advertido. “Nadie más se atrevió a decir otra cosa”, narra un testigo.

El “aviso” entregado en esa reunión, realizada la última semana de octubre, era sobre algo que ya había entrado en operación: que “la maña” (el nombre coloquial que recibe la organización criminal) iba a controlar completamente el negocio del ganado bovino de exportación, y que había que entregarle 5 pesos de los 62 o 63 pesos que se les estaba pagando por kilogramo de ganado puesto en pie, en la frontera con Estados Unidos. El Norte de Jalisco es la única región del occidente mexicano que está libre de brucella y tuberculosis y, por ello, cuenta con el privilegio de exportación. Los 5 pesos representan al menos la mitad de la ganancia real por entregar becerros de unos 230 kilogramos para engorda a los compradores estadounidenses.

De este modo, de un plumazo, los ganaderos de los municipios del árido norte de Jalisco perdieron completamente el control de su negocio. Las primeras noticias que corrieron de este “acuerdo” impuesto comenzaron el 3 de octubre de 2022 —corrió a ambos lados de la frontera, pues la región presenta una elevada migración desde hace un siglo—. Coincidieron con el anuncio del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, de la firma del Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (conocido por el acrónimo Apecic), firmado, entre otros, por grandes productores de cárnicos, presentes en el norte del país. En virtud de ese acuerdo, se eximen de trámites fitosanitarios y de pago de impuestos las importaciones de alimentos, en aras de controlar la inflación para los consumidores mexicanos.

Las reuniones “informativas” se dieron en los 10 municipios de la demarcación, y como no se respondió a los primeros llamados, hubo que advertir que la cosa iba en serio. La agrupación criminal utilizó a los ganaderos más connotados de cada municipio para “encargarles” la operación del modelo. Por grado o por fuerza. A comienzos de noviembre, ya estaba allanado el camino. Y los pocos rebeldes ya habían sido amenazados. A Juan C, por ejemplo, le despojaron de todo el negocio de becerros, aunque no le tocaron la comercialización de bovinos de más edad, un premio de consolación. A Adolfo L, quien acudió a Guadalajara a protestar y fue conminado a disciplinarse, le espetaron un burlón “¿Pudiste resolver algo?”.

“La Plaza” designó dos ganaderos responsables en los municipios de Colotlán, Villa Guerrero, Totatiche, Huejúcar y Huejuquilla, que deberán gestionar la red de control a favor de ellos en esas demarcaciones y las otras cinco que conforman la región: San Martín de Bolaños, Chimaltitán, Bolaños, Mezquitic y Santa María de los Ángeles. Todos los operadores se dedican al oficio de varias generaciones. No hay manera de que se zafen: el grupo criminal ha tenido acceso a toda la información oficial del Senasica (Servicio  Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) y del Siniiga (Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado), que opera a nivel de cada municipio. Los burócratas locales son la “garganta profunda” que les mantienen actualizada la información que remite no solo a cada predio y ranchero, sino a cada animal que nace, pues debe ser registrado, lo que corresponde a un “arete” que es un código de seis dígitos que permanece en un registro a nivel de cada asociación ganadera local.

Esas asociaciones ganaderas locales son clave, también, porque emiten guías de tránsito y “formas valoradas” (una especie de factura, pues muchos productores no están dados de alta en Hacienda) que les entrega la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco, las cuales son esenciales para mover el ganado hacia centros de acopio o rastros. Esta red ha sido controlada por amenazas o por corrupción, aunque lo normal suele ser una combinación de ambas, ante la virtual inexistencia de un sistema público de seguridad del Estado mexicano que le dé alternativas a los responsables de las asociaciones o a los servidores públicos.

“El mensaje es que van controlar todo el ganado que se mueve hacia la frontera, pero no queda muy claro que lo estén haciendo así; algunos ganaderos comentan que el destino real de los becerros son sitios de engorda ubicados en el país. Esto se debe al acuerdo contra la inflación que asumió el gobierno mexicano, y al hecho de que el precio por kilogramo ha subido a nivel nacional hasta casi equipararse con el que se paga con la exportación”, dijo un experimentado ganadero a El Economista.

Lógicamente, los denunciantes tienen temor y no desean ser identificados. Para prueba de que es un sentimiento generalizado, señalan que el asunto ha sido denunciado ante el líder de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, Adalberto Velasco Antillón, quien se comprometió a hablarlo personalmente con el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. Este diario intentó buscar la versión del líder gremial, pero no hubo respuesta. No obstante, apenas el 10 de noviembre, declaró sobre los problemas de extorsión y robo de ganado en la región de Los Altos de Jalisco: “Lamentablemente, como muchas personas, no estamos viendo fácil los problemas de inseguridad. Hay ranchos abandonados como están, también lamentablemente, en otros estados. Y hay gente que tuvo que abandonar sus comunidades de origen, como ha pasado en Zacatecas y en algunos municipios de Jalisco; ya en algunas comunidades sí ha impactado”.

También se solicitó la versión del Gobierno de Jalisco, a través de la Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural), instancia que canalizó la responsabilidad a Asica (Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco), que al cierre de esta edición tampoco se había pronunciado sobre el tema.

Una práctica común

Que los grupos criminales busquen las rentas de negocios prósperos no es novedad. En el caso del aguacate y del limón, en Michoacán, el modelo se instauró exitosamente, señala la consultora en seguridad y relaciones internacionales, maestra por la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, Ruth G. Ornelas.

“Fueron los Caballeros Templarios (un cártel criminal que predominó en Michoacán entre fines de los años 90 y la primera década del siglo XXI) los pioneros en ese modelo de extorsión; porque ellos fueron los que realmente hicieron un trabajo aprovechando todo el capital social que tenían, porque obviamente, como eran gente local, estaban muy bien parados con las autoridades, estaban muy bien parados con las comunidades”, dijo Ornelas. “Eso les permitió tener acceso, con algún burócrata corrupto, por ejemplo, en la junta local de sanidad vegetal que depende de Sagarpa (hoy se denomina Sader), tuvieron acceso a la radiografía de todas las huertas aguacateras existentes. Cuando tú ya tienes esa información, parece una nimiedad, pero cuando tienes esa información, para efecto de poder hacer las actividades de depredación y extorsión; ellos ya tenían información de algo observable, fácil de verificar”.

Con esa información, “ellos sabían de cada huerta, cuántos árboles aguacateros tenían. Ellos entonces hacían cosas como: a aquellos que no exportan les cobro por cada hectárea al año 1,500 pesos; a aquellos que sí exportan les cobró 3,000 pesos por cada hectárea sembrada. Eso, si tú ya lo comparas y lo contrastas con aquello que tú sacas a nivel anual, en producción, ya representaba entre 1 y 4%. Eso era nada más en relación con las hectáreas sembradas. Solo una parte del proceso de la producción. Después viene la cosecha, recolección, dos veces al año del fruto. Allí lo que sucedía es que ‘como ya sé todo el panorama, ya sé cuánto va a producir cada árbol’. Entonces empiezan por tonelada producida a cobrar 100 pesos. Al año representaba 119 millones de pesos, 0.5%. Sacaban más de lo sembrado. Esto es nomás a una persona. Luego viene la etapa de comercialización, en esa etapa, a cada empacadora ya le cobran de 4 a 6 pesos por kilogramo de aguacate. Y si pones que son 250 empacadoras, pues hay montos que son millonarios”.

Todo este proceso “fue básicamente armado por ellos. Llegaron al punto de regular, a poner las reglas. Pero en este proceso de deterioro no fue que llegaran a imponerse de un día a otro: primero las autoridades están coludidas o cooptadas. Después ellos mismos (los narcos) empiezan a decidir, si está el candidato equis, y griega y zeta, pero el zeta nos va a apoyar (a diputado, a gobernador o a presidente municipal) es el que nos conviene, entonces se van con él, y si no, de ahí empieza a derivar la violencia. Es donde se juntan los intereses políticos, los económicos y los de la delincuencia organizada”.

Un modelo de éxito probado

El modelo de control de la economía aguacatera en Michoacán es el que se replica en el caso de la ganadería del norte de Jalisco, que produce por año unas 100,000 reses para el mercado de exportación de becerros. Si son animales de 230 kilogramos en promedio, a 62 pesos, dan casi 1,500 millones de pesos anuales.

“Acá los ganaderos empezaron a bajar los brazos. La orden se dio en toda la zona norte y hasta Puente de Camotlán (límite de los municipios de Bolaños y La Yesca, Nayarit). Yo me enteré hace como un mes, más o menos. La orden fue que el cártel les ordenó a quién vender y además le cobra comisión al vendedor. Efectivamente, la orden es que les decomisa el buen ganado (el de exportación) y les deja el malo para el consumo local. La ganadería es de las pocas buenas actividades económicas en la región. Tal vez no sea tan curioso que el ganadero oficial del cártel (al menos aquí en el pueblo) sea un hijo de un ganadero de abolengo”, dijo Ignacio, un comerciante de Totatiche.

“Pero la orden fue para todos: desde los grandes ganaderos que exportan hasta los hombres de campo que tienen unas cuantas reses; esto último lo supe por dos amigos de la familia que a eso se dedican. Estamos en plena temporada de venta de ganado; hacia finales del año es cuando se vende lo que se engordó a lo largo del año. El caso ha generado mucho malestar”, dijo Ignacio.

La nueva economía ganadera

El negocio de producir becerros implica inversiones de más de 40,000 pesos anuales, por ejemplo, para un hato de 200 reses. Es necesario vacunar, pagar veterinario certificado, que hace pruebas a animales de forma aleatoria con costo de 300 a 350 pesos por bovino para renovar el certificado de ser un hato libre de brucella y tuberculosis, procedimiento que se renueva cada año.

¿Este ganado de alta calidad podría tener ahora destinos diferentes al de la frontera? Sería fundamental hacer el rastreo, pues los grupos criminales pueden controlar los puntos de inspección y las rutas carreteras hacia la frontera. Pero también tienen un modelo de “negocio” con los engordadores mexicanos, sea en los rastros tipo inspección federal o sea en los sitios de engorda. El cobro es por góndola o “panzona”, un tráiler cargado de reses llevadas a mercados regionales. Solamente hay exenciones para movilizar bovinos en los mercados locales, siempre que no haya más de 15, o que sean reses viejas, muy apreciadas por los consumidores de la zona.

“Hay una naturalización de un control sobre los territorios de muchos años. Están ejerciendo un derecho que se han autoasignado para cobrar sobre la economía, es un Estado dentro del Estado, es una extorsión para que a cambio de esa contribución eviten que se les haga daño. Esto es una carga extra a las contribuciones que ya deben hacer los ciudadanos. El hecho de no ser escuchados implica complicidad o al menos inacción de las obligaciones por el Estado, que hace a éste cómplice por omisión, por cerrar ojos y oídos a las denuncias y quejas de los empresarios”, dijo el doctor Rubén Ortega Montes, especialista en temas de crimen por la Universidad de Guadalajara.

Se trata de un fenómeno que se ha extendido por muchas regiones del país y que, a la larga, produce un miedo que inhibe las economías y provoca pobreza y migración. “Es un dejar hacer y dejar pasar por gobiernos municipales que ya fueron, en el mejor de los casos, rebasados, y de los gobiernos estatal y federal, que si no actúan, serán rebasados también, y entonces, a quién van a acudir los ciudadanos”.

La corrupción y el miedo tejen las redes de información, “por eso se llama crimen organizado, actúa con inteligencia y tiene especialistas en todas las disciplinas; así como hay un brazo armado, hay un brazo de inteligencia, que exhibe la falta de ejemplaridad de un Estado que se ha visto empequeñecido por estas organizaciones complejas y bien estructuradas”, dijo Ortega Montes.

Lo cierto es que el “acuerdo” ya opera y los ganaderos del norte de Jalisco deben dejar en manos de terceros buena parte de sus ganancias. Algunos buscan estrategias de comercialización limitadas a las localidades de la demarcación, único nicho en el que no interviene “La Plaza”, con precios más castigados ante un aumento de oferta que los comerciantes no tenían previsto. Otros buscan estrategias para mover sus hatos o dedicarse solamente al ganado “viejo”, muy apreciado en pueblos y ranchos.

Al final, la no intervención del Estado mexicano condenará a muchos a dejar de invertir o a migrar en definitiva, para salvar vidas y patrimonios.