Elecciones 2024: ¿Cómo llega el INE a las elecciones del 2 de junio?

El Instituto Nacional Electoral (INE) llega a la elección del 2 de junio de 2024, amenazado con desaparecer ―por tercera vez en el sexenio―, al menos como se conoce hasta ahora; afectado por un periodo de, al menos dos años de fuerte golpeteo desde la presidencia de la república y que aparentemente cesó; una serie de manifestaciones en las calles en defensa de esa institución;  con la mitad de las secretarías ejecutivas con encargados de despacho; y con la renuncia de cientos de capacitadores electorales.

Intentos por transformar al instituto, vía reforma electoral

La estridente confrontación entre el presidente, Andrés Manuel López Obrador y los ahora exconsejeros electorales, particularmente con Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, inició desde el arranque del sexenio y duró hasta que concluyeron su periodo de servicio en la llamada herradura de la democracia, en marzo pasado.

La etapa más intensa inició cuando el jefe del Ejecutivo realizó el primer intento por renovar el instituto, conocido ahora como el Plan A.

El 28 de abril de 2022, el presidente López Obrador presentó una iniciativa de reforma electoral que tenía la intención de transformar al instituto y las reglas con las que operan los partidos políticos.

El objetivo era convertir al INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, lo cual, entre otros aspectos implicaba disminuir de 11 a siete consejeros electorales; eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias y desaparecer a los llamados legisladores plurinominales.

El argumento expuesto por el mandatario fue que con ello se buscaba disminuir el costo de la democracia, al ahorrar más de 20,000 millones.

Se buscaría también que el nuevo INEC fuera el único organismo encargado de la organización de las elecciones, absorbiendo las funciones que hoy tienen los Organismos Públicos Locales (institutos electorales de los estados).

La bancada de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión no logró conseguir los consensos necesarios para aprobar el plan, por lo que el 6 de diciembre de 2022 el pleno de la Cámara de Diputados desechó la iniciativa por no alcanzar los votos necesarios.

Plan B

Al fallar el Plan A, el presidente López Obrador anunció el llamado Plan B, que consistió en un paquete de reformas, no a la Constitución, sino a leyes generales en materia electoral. Entonces se argumentó que con esos cambios se lograrían ahorros por unos 3,500 millones de pesos.

Concretamente propuso realizar reformas a las siguientes leyes:

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
• Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
• Ley General de Partidos Políticos
• Ley Federal de Consulta Popular
• Ley General de Comunicación Social
• Ley General en Materia de Delitos Electorales

El objetivo era reducir el aparato administrativo del INE, eliminando áreas administrativas. Contemplaba la salida de alrededor de 85% del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional; disminuir de 300 a 264 el número de oficinas distritales del INE, entre otros cambios.

Tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores aprobaron los cambios (no necesitaron mayoría calificada), durante la primera quincena de 2022, después se hicieron algunas “correcciones” a lo aprobado. 

La versión final de esa reforma se logró en febrero de 2023 y los cambios fueron promulgados en marzo del mismo año.

Sin embargo, varios cambios fueron objeto de 161 controversias constitucionales y siete acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que declaró la inconstitucionalidad de los cambios por violaciones al proceso legislativo. Eso derivó en un tercer plan o tercera amenaza al INE.

Plan C

De acuerdo con el presidente López Obrador, el Plan C consiste en convencer a los ciudadanos para que voten por los candidatos a diputados federales y senadores de Morena y sus aliados en las elecciones del 2 de junio próximo y con ellos lograr los votos suficientes en la próxima legislatura, tanto en el Senado, como en la Cámara de Diputados, para que, ahora sí prospere una nueva iniciativa de reforma electoral, con al menos dos terceras partes de los votos.

El pasado 6 de febrero, el presidente López Obrador presentó un paquete de 20 iniciativas de reformas, entre ellas una de carácter electoral y que, dijo, tiene como objetivo evitar el uso de "excesivas estructuras burocráticas electorales" y eliminar las candidaturas plurinominales. 

La idea es reducir de 500 a 300 el número de diputados federales de 128 a 64 los integrantes del Senado. El objetivo es reducir gastos destinados a campañas y a partidos políticos.

La iniciativa propone suprimir al INE, eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales OPLEs y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como autoridad electoral que sería la única autoridad administrativa electoral del país.

Sus funciones absorberían las de los órganos públicos locales (OPL), es decir, organizaría la totalidad de los procesos electorales de la República, a nivel nacional, estatal y municipal. Además de organizar los ejercicios de democracia directa que prevé la Constitución.

Además, el nuevo INEC tendría menos direcciones ejecutivas que el actual INE; se reduciría su estructura desconcentrada y se conformaría por órganos temporales.

El Consejo General del INEC estaría integrado por siete funcionarios (y no 11 como el actual INE) y se plantea que éstos sean electos mediante voto popular, a partir de propuestas por los tres Poderes de la Unión.

Defienden al INE en las calles

La intención de cambiar al INE generó una fuerte confrontación entre el presidente y algunos consejeros electorales, así como una serie de inconformidades en diversos sectores que motivaron movilizaciones. 

La primera ocurrió el 13 de noviembre de 2022. José Woldenberg pronunció un discurso en el que aseguró que los ciudadanos buscaban defender el sistema electoral.

La segunda ocurrió el 26 de febrero de 2023. En esa ocasión los oradores fueron la periodista Beatriz Pagés Rebollar y el ministro en retiro de la Corte José Ramón Cossío. El movimiento Unidos por México, que organizó el evento, manifestó en un comunicado que “está en riesgo el derecho de elegir a nuestros gobernantes y representantes de elecciones transparentes, equitativas y confiables. 

El 18 de febrero de 2024 se realizó otra concentración en el Zócalo capitalino. El orador fue el expresidente del INE, Lorenzo Córdova, quien señaló que mexicanos se reunieron en las plazas del país para defender a la democracia y a las libertades y derechos “que hoy pretenden arrebatarnos”.

La mitad de las direcciones funcionan con encargados de despacho

El 3 de abril de 2024, Guadalupe Taddei Zavala asumió la presidencia del Consejo General del INE. Al llegar 18 de los 19 secretarios ejecutivos que tiene el instituto, renunciaron.

De acuerdo con la propia consejera presidenta, el reemplazo de los titulares no estuvo exento de tensiones a grado tal que se tuvo que aplicar el reglamento y nombrar ocho mediante la figura de encargados de despacho.

Preocupan focos rojos por inseguridad

El instituto debe organizar una elección en un momento en donde hay severos problemas de inseguridad en varias regiones del país y los equipos del INE, al menos hasta el inicio de la semana que recién concluyó seguían incompletos.

De acuerdo con lo expuesto durante una reunión de integrantes del Gabinete de Seguridad con los consejeros del INE, realizada a inicios de la semana pasada, al menos ocho estados son considerados “focos rojos” por hechos violentos y la presencia de grupos de la delincuencia organizada. Se trata de:

• Chiapas
• Zacatecas
• Guerrero
• Zacatecas
• Michoacán
• Sinaloa
• Tabasco
• Sonora

Tan solo en Chiapas, en donde el 16 de mayo pasado fue asesinada a balazos la candidata a alcaldesa de La Concordia, Lucero López Maza y un militante del Partido Popular Chiapaneco, junto con al menos otras cuatro personas, se tienen identificados al menos 17 municipios con niveles de inseguridad preocupantes. Se trata de los siguientes:

• Frontera Comalapa
• Bella Vista
• Amatenango
• Bejucal de Ocampo
• Mazapa de Madero
• Siltepec 
• Chicomuselo
• La Concordia
• El Parral
• Villaflores
• Maravilla Tenejapa
• Las Margaritas
• Altamirano
• Chanal
• Oxchuc 
• Mitontic
• Chenalhó

El problema es que, de acuerdo con algunos consejeros del instituto, se tienen dificultades para instalar alrededor de 500 casillas, principalmente en zonas donde hay casos de desplazamiento forzado interno por violencia o problemas entre comunidades.

• Están incompletos equipos de Capacitadores 
• Asistentes Electorales y Supervisores Electorales 

Por otra parte, lo que ha preocupado más en las últimas semanas a los empleados del INE es la falta de personal en ciertas áreas.

El instituto debe contar con 42,725 Capacitadores Asistentes Electorales (CAE). Ellos son los que visitan, sensibilizan y capacitan a los ciudadanos sorteados como funcionarios de casilla. Además, son los encargados de garantizar la instalación y funcionamiento de las casillas el día de la elección y de informar sobre el desarrollo de la jornada electoral.

El problema es que habían renunciado 15,292 y aunque se habían remplazado buena parte de ellos, faltaban varios por contratar.

Al 15 de mayo pasado se contaba con 41,373, por lo que faltaba por contratar 1,352 

Además de los 7,139 Supervisores Electorales (SE) que deben integrar el equipo, renunciaron al menos 1,125 y, aunque fueron reemplazados un número importante, faltaban por contratar 82, pues hasta esa fecha el equipo estaba integrado por 7,057

Los consejeros han enfatizado que en el escenario de que no se logren contratar a los que faltan, pueden ser reemplazados con personal del Servicio Profesional Electoral; de la rama administrativa; de honorarios; de las juntas locales o distritales o incluso de los módulos de credencialización.

El INE cuenta con una estructura permanente en todo el territorio que incluye 32 Juntas Locales, una en cada estado y la Ciudad de México, así como 300 Juntas Distritales (una en cada distrito electoral). 

Cada junta está integrada por cinco vocalías o funcionarios que son miembros del Servicio Profesional Electoral.