Empiezan a desempolvar la reforma política del DF en San Lázaro

A dieciséis años de la última reforma sustantiva al régimen interior del Distrito Federal, los grupos parlamentarios de izquierda en la Cámara de Diputados promueven reformas a la Constitución para dotar de autonomía a la capital del país.

La agenda local de la ciudad de México no puede soslayar por más tiempo la reiterada demanda de los habitantes del Distrito Federal por alcanzar la plenitud de sus derechos políticos, para poder darse su Constitución y su gobierno , establece la iniciativa del PRD, PT y MC en la Cámara de Diputados.

El proyecto elaborado por el perredista José Ángel Ávila Pérez precisa que si bien la reforma política del DF implica constituir un gobierno autónomo, el territorio de la capital debe seguir siendo el asiento de los poderes federales del país.

Dicha reforma permitirá la descentralización y autonomía del régimen interno de la ciudad de México, bajo la premisa de que la capital requiere de mejores instrumentos políticos, económicos y jurídicos que posibiliten su gobernabilidad, dotando de mayor autonomía y libertad presupuestal a las delegaciones.

Impulsada por Miguel Ángel Mancera, quien asumirá el próximo 5 de diciembre el cargo de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la enmienda constitucional sugiere construir un nuevo régimen político que haga realidad la Constitución local; que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal participe de las reformas constitucionales y autorice el techo de endeudamiento del DF; que el Jefe de Gobierno nombre al Secretario de Seguridad Pública y al Procurador General de Justicia, y que las delegaciones integren un cuerpo colegiado de gobierno.

De aprobarse la propuesta, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrá derecho de iniciar leyes o decretos en cualquier materia ante el Congreso de la Unión, en los mismos términos que los 31 congresos de las entidades federativas del país.

En cuanto a la división política y administrativa, se plantea la creación de demarcaciones territoriales gobernadas por un consejo de gobierno integrado por un titular y concejales, cuyo número determinará la Constitución local, electos de manera universal, secreta y directa por los ciudadanos de las respectivas delegaciones.

Se constituiría, además, un sistema de coordinación fiscal propio de la ciudad de México.

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