Lectura 3:00 min
En Guerrero, impunidad es de naturaleza política, advierte la Open Society
El reporte, elaborado en conjunto con ONG, expone que la injusticia en la entidad se debe a la dependencia del sistema de justicia estatal, el cual está influenciado por un Poder Ejecutivo autoritario.
La impunidad frente a atrocidades documentadas durante la última década en Guerrero tiene naturaleza política, concluye un informe de la organización internacional Open Society Justice Initiative (OSJI).
Esta naturaleza se da en su falta de voluntad par hacer que la justicia funcione ante los homicidios, tortura, desapariciones, asesinatos y demás atrocidades registradas, indica.
El documento Justicia fallida en el estado de Guerrero exhibe que el nuevo Congreso y gobernador electo, Héctor Astudillo Flores, recibirán un estado con 19,434 homicidios reportados entre el 2005 y el 2014 ante la Procuraduría General de Justicia, ahora llamada Fiscalía General del Estado de Guerrero (PGJG), un número que resulta impactante para un estado con una población de sólo 3.4 millones de habitantes .
El conjunto de fosas comunes y clandestinas no investigadas, muchas de las cuales se descubrieron tras las desapariciones de Ayotzinapa, confirma que el número real de homicidios es mucho más alto.
Elaborado por investigadores nacionales e internacionales de OSJI en conjunto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la pesquisa recoge que de enero del 2005 a abril del 2015 la PGJG inició 7,965 averiguaciones previas por homicidio doloso, las cuales dieron lugar a 1,601 acusaciones formales o consignaciones y 764 sentencias condenatorias.
La internacional OSJI indica que pese a que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero también documentó 54 casos de tortura entre 1994 y el 2014, jamás se ha emitido una orden de aprehensión ni acusación formal.
Las estadísticas y las entrevistas sugieren que funcionarios a cargo de la persecución del delito y la policía investigadora del delito cometen actos de tortura y malos tratos en forma habitual a modo de castigos extrajudiciales y para obtener confesiones forzadas en las que basan sus investigaciones , acusa el equipo de organizaciones.
El trabajo de investigación da cuenta de que bajo el mandato de los predecesores de Astudillo, el sistema de justicia ha sido influenciado por un Poder Ejecutivo autoritario que no ha respetado la autonomía legal o independencia de las instituciones y ha buscado manipularlas por medios inapropiados e irregulares.
El equipo de estudiosos recogió que la misma policía investigadora implicada en cometer atrocidades es la encargada de investigarlas.
La publicación -una investigación que inició en el 2013- detecta que hasta hace poco la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero -ahora Fiscalía General del Estado de Guerrero- era un mero apéndice del Poder Ejecutivo, y parecía más interesada en ignorar las denuncias de atrocidades que en investigarlas (...) La capacidad de los abogados defensores es débil y su presencia es insuficiente, especialmente en las zonas pobres, rurales y mayoritariamente indígenas , indica el documento.
De acuerdo con OSJI, estas deficiencias representan un obstáculo fundamental para la prevención y sanción de la tortura. El Poder Judicial no es suficientemente independiente del Ejecutivo, como lo ejemplifica un secretario general de Gobierno que es, a la vez, presidente con licencia de la judicatura local.
El Congreso del estado omitió actuar como contrapeso del Ejecutivo y, en el 2014, fue cómplice de la irregular neutralización por parte del ex gobernador Ángel Aguirre de la única institución estatal que denunciaba la impunidad en casos de violaciones graves de derechos humanos: la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero , remata OSJI.
