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En vigor, sentencias de hasta 70 años a los secuestradores
El Presidente celebró la aprobación en el Congreso de la Ley Antisecuestro, la cual eleva las sanciones para quienes cometan este delito.
La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; que contempla, entre otros aspectos, la creación de un Fondo de Apoyo para las Víctimas y Ofendidos, endurece la pena para secuestradores y permite que los careos sean a través de medios electrónicos, se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación.
El presidente Felipe Calderón afirmó que esto es producto del consenso entre las diferentes fuerzas políticas ante un delito perpetrado por criminales sin escrúpulos, quienes con el propósito de obtener dinero no les importa mantener a su víctima en una situación humillante, quitarle la vida, sino que mantienen en un grado máximo de angustia a los familiares .
En la residencia oficial de Los Pinos, donde estuvieron presentes familiares de víctimas del secuestro, el Jefe del Ejecutivo saludó que los legisladores avalaran la modificaciones que, dijo, serán medulares para hacerle frente al delito.
La bestialidad, la cobardía con la que actúan estos criminales no debe ser tolerada .
Destacó seis aspectos de la ley que entrará en vigor 90 días después de su publicación: mayores sanciones, que sea un delito que no prescribe, los mecanismos para mejor coordinación entre autoridades, fortalecimiento del marco legal, apoyo a las víctimas y testigos, así como los mecanismos para la reparación de daños.
Endurecen penas
Las penas irán de 25 a 45 años cuando el secuestro imponga violencia o sea perpetrado por quienes hayan pertenecido o pertenezcan a instituciones de seguridad pública. Si la víctima es privada de su libertad, la pena será de 40 a 70 años de prisión definitiva.
Esta Ley da aún más solidez a la creación de las Unidades Antisecuestro, que ya se están estableciendo en el país, ya que prevé que las procuradurías estatales cuenten con las unidades, en las que habrá ministerios públicos, policías, peritos, técnicos especializados, que contarán con requisitos muy estrictos para el ingreso y para la permanencia de los elementos , advirtió.
Se prevé también que si ha desaparecido el dinero del rescate de la víctima, el juez pueda ordenar que se repare el daño con los recursos que provengan de patrimonio del delincuente.
Al evento asitieron legisladores como, también estuvo la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda; la dirigente del Movimiento Pro Vecino, Laura Elena Herrejón y el empresario Nelson Vargas.
trosas@eleconomista.com.mx
