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Encinas reconoce deficiencias para erradicar tortura contra mujeres
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración resaltó que es necesario que el Estado mexicano establezca políticas públicas para combatir y erradicar las prácticas de tortura sexual contra mujeres.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, resaltó que es necesario que el Estado mexicano establezca políticas públicas para combatir y erradicar las prácticas de tortura sexual contra mujeres.
Durante la 1ra Sesión Ordinaria 2023, en su calidad de presidente del mencionado mecanismo, Alejandro Encinas informó que los lineamientos para la operación del Mecanismo de Seguimiento para la operación del mismo, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 24 de marzo.
En dicho documento se cita que los lineamientos “tienen como objetivo establecer la organización y funcionamiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres, de la Comisión de Erradicación del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres… como un Grupo de Apoyo Técnico para todas las mujeres que se encuentren en territorio mexicano víctimas directas de tortura sexual, con especial atención a aquellas que se encuentran en conflicto con la ley, sujetas a proceso penal o privadas de la libertad”.
Por otro lado, llamó a los integrantes del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual a dar seguimiento puntual a las denuncias de dos mujeres tzotziles privadas de la libertad, en Chiapas, y una más en Guerrero que fueron sujetas a tortura sexual durante su proceso sexual.
Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Mujeres y secretaria ejecutiva del Mecanismo, consideró que el trabajo que éste realiza está enfocado en la eliminación de la discrecionalidad del acceso a la justicia en tres rubros.
El primero, brindado atención concreta y directa a mujeres identificadas como víctimas de tortura; el segundo, busca la sanción de los involucrados en la comisión de los delitos, y el tercero genera medidas y políticas públicas para que los hechos no se vuelvan a repetir.
“Hoy contamos con las herramientas suficientes y necesarias para que este tipo de actos que violentan los derechos humanos de las mujeres no se vuelvan a repetir en nuestro país; y en caso de que se presente la repetición del delito, la estructura del Estado mexicano nos permite dar una respuesta contundente para la sanción de estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres”, aseveró.