Endurecen reforma a pena por trata de personas

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de esos delitos, a fin de darles una máxima protección.

Dichos cambios establecen que cometerá el delito de trata quien explote a una persona, ya sea mediante amenaza, uso de la fuerza, engaño, seducción, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, ofrecimiento, concesión o recepción de un pago o beneficio a un tercero que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otra.

El dictamen aprobado en la sesión de este miércoles establece que se impondrán de 10 a 25 años de prisión y de un mil a 20,000 días multa a quien, para sí o para un tercero, consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona con fines de explotación.

Asimismo, se impondrá la misma pena a quien tenga o mantenga a una persona en condición de servidumbre, a través de cualquier acción dolosa, ya sea mediante amenaza, uso de la fuerza, engaño o abuso de poder, entre otras.

Con ello, el dictamen a la minuta, devuelto al Senado de la República para sus efectos constitucionales, sustituye la denominación de dicha norma por la de Ley General en materia de Trata de Personas.

También se sancionará con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30,000 días multa a quien explote la prostitución ajena, a través de cualquier acción dolosa; además, de 10 a 25 años de prisión y de 5,000 a 50,000 días multa, a quien explote a una persona para realizar actos de mendicidad forzosa.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Miriam Cárdenas Cantú, fundamentó el dictamen y explicó que se modificaron diversos artículos de la minuta enviada por el Senado, a fin de dotar al Estado de mejores instrumentos para prevenir, combatir y sancionar esos crímenes contra la humanidad.

Resaltó que una de cada tres víctimas de trata de personas en el mundo es menor de edad; mientras que en términos cuantitativos, se estima que ese delito genera ingresos anuales por más de 32 mil millones de dólares.

Sostuvo que la trata de personas es un problema que lacera y lastima a cada país en el mundo y México, infortunadamente, es uno de aquellos en los que con mayor crudeza y crueldad se padece .

En la tribuna, al fijar la posición de su partido, el diputado del PRI, Fernando Donato De las Fuentes, señaló que con las modificaciones se penalizan delitos subsecuentes a la explotación de una persona, como la pornografía proveniente de la trata en sí misma en una cadena delictiva.

Además, explicó que se sanciona el delito asociado a la trata como el arrendamiento o comodato de un bien inmueble con conocimiento de que será usado para la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la ley.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) consideró un gran acierto que el fondo destinado a asistir, apoyar y a resarcir el daño de las víctimas del delito de trata de personas, se integra al fondo previsto en la Ley General de Víctimas, ya que cuenta con recursos dentro del Presupuesto.

La diputada Esther Quintana Salinas, del Partido Acción Nacional (PAN), subrayó que con las penalidades previstas por la ley, le estamos dando al Ministerio Público todos los instrumentos para que a este delito le piensen dos veces antes de cometerlo .

Afirmó que también se incluyó una de las más habituales manifestaciones en las que se realiza la trata de personas con fines de explotación sexual, que es la forma en que opera comúnmente el crimen organizado, ya que la víctima es engañada con promesas de trabajo bien remunerado, o amenazada o coaccionada.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, comentó que de acuerdo con datos de 2012 de la Organización Internacional del Trabajo, 20.9 millones de personas fueron víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, de las cuales 55% eran mujeres y niñas.

Consideró que las reformas serán una legislación vigorosa que posibilitará a las autoridades de procuración e impartición de justicia contar con un marco jurídico eficaz en aras de castigar a quienes cometen esa conducta delictiva.

En tanto, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, precisó que la trata de personas es la captación, traslado, entrega o recepción de una persona con fines de explotación, no solamente sexual, sino también laboral e inclusive para el tráfico de órganos.

Advirtió que en México existen 363 municipios en condiciones de alta vulnerabilidad para la trata de personas y las entidades con mayor riesgo son el Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Francisco Coronato Rodríguez resaltó que el tráfico de personas a nivel mundial es el tercer negocio más lucrativo después del comercio de armas y de drogas.

Explicó que los principales cambios con las reformas avaladas este miércoles, son la nueva estructura de la Ley General en materia de trata de personas, donde se establecen los delitos y las disposiciones generales de carácter penal.

Por el PVEM, el legislador Antonio Cuéllar Steffan indicó que entre 2007 y 2012, de 297 detenidos por la comisión de ese delito, sólo 35 fueron condenados, lo que significa que las acusaciones no se entablaron de manera correcta o que quienes pudieron haber sido procesados aludieron a la defensa de sus derechos a la exacta aplicación de la Ley Penal para ser exonerados del delito.

Del PRD, la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem sostuvo que el mayor problema de la actual legislación es la falta de aplicación de la ley contra los actos de trata.

La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) precisó que a menudo se confunde la actividad de la trata, que está a cargo de redes criminales nacionales e internacionales, con los delitos que después se cometen contra las víctimas.

mfh