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Entra en vigor ?cannabis medicinal
El subsecretario Roberto Campa anunció, por otra parte, que el 26 de junio se cumplirá el plazo para publicar la Ley contra la tortura.
El uso medicinal de la mariguana en México es legal desde este martes, luego de que entró en vigor el decreto que reforma la Ley General de Salud y el Código Penal Federal.
Corresponderá a la Secretaría de Salud, dentro de los próximos 180 días, emitir los reglamentos y normatividad para el uso terapéutico del tetrahidrocannabinol (THC) y sus variantes estereoquímicas.
Las modificaciones legales a la Ley General de Salud permiten comercializar, exportarse e importarse los productos médicos elaborados a base de la cannabis en concentraciones de 1% o menores de THC, cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria que emitirá la Secretaría de Salud.
En tanto, las modificaciones al Código Penal Federal permiten la siembra, cultivo o cosecha de plantas de mariguana, pues no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos del reglamento de la Secretaría de Salud.
Persiste la tortura
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, anunció que el próximo 26 de junio se cumplirá el plazo para que se promulgue la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura en México, al tiempo que, dijo, esta práctica persiste entre las agencias de seguridad pública en el país.
El funcionario reconoció, en el marco de la realización de un seminario sobre políticas públicas, que la tortura se trata de un problema complejo , además de que tener una ley no garantiza que los problemas se resuelvan, pero la ausencia de una ley hace que sea mucho más difícil resolverlos .
En este sentido aseveró que si bien las autoridades federales han tratado de erradicar las acciones de tortura al interior de las corporaciones de seguridad, aún es un problema que prevalece, además de que estos métodos siguen siendo vistos como una forma de investigación.
La tortura no le conviene a nadie (...), constituye un factor detonador de violencia y no de seguridad. Una investigación fundada en la tortura carece de valor jurídico , indicó Campa Cifrián.
