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Entramado burocrático facilita el soborno: TM
De acuerdo con Eduardo Bohorquez, de Transparencia Mexicana, cada entidad federativa tiene leyes particulares y esto evita una coordinación coherente para combatir la corrupción.
México requiere una política integral anticorrupción, con coordinación de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes para ir erradicando este problema, advirtió Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.
En entrevista, destaca que el hecho de que México tenga un entramado institucional complejo, donde cada entidad federativa tiene leyes particulares, sin una política de estado en la materia, se vuelve un terreno fértil para el soborno.
México tiene un entramado institucional mucho muy complejo, porque somos algo así como 2,470 economías, 2,444 economías municipales, 32 a nivel estatal y una que engloba a todas ellas. No se ve que haya un esfuerzo coordinado y coherente en todo el territorio para combatir la corrupción , indicó.
El experto agregó que la lucha contra la corrupción involucra la coordinación de muchísimos actores.
No es exclusiva del ámbito municipal o estatal, está la Federación, el estado, el municipio, los tres poderes, el Poder Legislativo. Es un fenómeno que abarca no solamente la parte de negocios ni tampoco la de policías de tránsito. Y si no tenemos una política de Estado en este tema, se entiende que no haya mucho progreso , refirió.
Cuando uno tiene un país con estas características institucionales, necesita una política integral porque si no el caso en corrupción en uno solo o cuatro estados, termina por afectar la imagen nacional, dijo.
En su opinión, la Federación implementa una política anticorrupción mientras los estados y municipios hacen otra y los legislativos otra.
No se ve que haya un esfuerzo coordinado y coherente en todo el territorio nacional para combatir la corrupción en todos sus facetas. Y es lo que terminamos por ver en los índices , lamentó.
De acuerdo con Bohórquez, las políticas de estado consistentes sí pueden llevar a los sistemas de las naciones a escalar en el índice de percepción de la corrupción. Así, por ejemplo, cita el caso de Singapur en Asia o Chile en América Latina.
En ambos casos, tras 10 años de políticas constantes de modernización del estado han ido escalando como líderes regionales en el caso chileno y mundiales en el de Nueva Zelanda, en cuanto a la lucha anticorrupción.
Hace una década, Singapur ocupaba el sitio seis en el IPC y ahora comparte el puesto número uno junto con Nueva Zelanda y Dinamarca, como uno de los tres países con más bajos niveles de corrupción.
ymorales@eleconomista.com.mx
