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Envían a migrantes, en espera de asilo, al sur de México
Entre mayo y septiembre del 2023, el país recibió a más 31,000 personas expulsadas por EU. Los migrantes afrontan problemas como la alfabetización digital ya que el gobierno de EU ha hecho obligatorio el uso de la aplicación CBP One para quienes buscan solicitar asilo en la Unión Americana.
Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en el que denunció que migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, y son obligadas a esperar en México, enfrentan la reubicación forzada al sur del país por parte de funcionarios mexicanos, en donde deben esperar meses para obtener una respuesta a sus solicitudes.
En el sur de la República mexicana, según HRW, enfrentan problemas como la falta de acceso a servicios básicos como atención médica, agua potable y refugio; violencia por parte de grupos criminales, así como de autoridades de migración nacionales, soldados de la Guardia Nacional y policías y la posibilidad de deportación sumaria.
También, la ONG detalló que las personas que son devueltas por las autoridades son entregadas directamente a funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) quienes, a menudo, los detienen y los colocan en autobuses que no se les permite abandonar durante hasta tres días y los trasladan a Villahermosa, Tabasco, en la frontera con Guatemala, sin realizar un escrutinio de las necesidades de protección al efectuar estas reubicaciones forzadas, que el INM llama “retornos asistidos”.
“Generalmente se les presiona (a las personas en calidad migrante) para que firmen acuerdos escritos para salir de México a través de su frontera sur. El gobierno mexicano también deporta sumariamente a solicitantes de asilo a su país de origen, generalmente, sin realizar controles para garantizar que sean devueltos sin ningún peligro”, se indicó en el trabajo titulado “No pudimos esperar: Medición digital en la frontera entre Estados Unidos y México”.
Los solicitantes de asilo le dijeron a Human Rights Watch que los agentes del INM les gritaban y no les permitían leer lo que estaban firmando. Dijeron que los agentes del INM tampoco les preguntaban si tenían miedo de regresar a su país de origen o a Guatemala”, se lee en el texto.
El Instituto Nacional de Migración (INM) le dijo a la ONG que, de mayo a septiembre de 2023, había recibido a 31,409 migrantes no mexicanos enviados por el país vecino del norte a la República. “Esa cifra es mayor que los datos citados de manera inconsistente por el gobierno de Estados Unidos durante el mismo período”, reportó la organización.
Problemas con CBP One
El informe refirió que tanto México como Estados Unidos han hecho obligatorio el uso de la aplicación móvil del gobierno estadounidense, CBP One, para las personas que buscan asilo en la Unión Americana.
Lo anterior resulta, según la organización, en una “medición” de facto, una práctica formalizada a principios de la administración Trump que limita el número de solicitantes de asilo procesados en los puertos de entrada cada día, devolviendo a otros a México.
Por otro lado, se indicó que casi todos los solicitantes de asilo entrevistados por HRW describieron problemas para usar o acceder a CBP One; para algunos, la aplicación era particularmente difícil de usar debido a factores de identidad como su raza, alfabetización digital, capacidad para leer o escribir, idioma, edad, estatus LGBT o discapacidad.
También, se dio a conocer que algunos solicitantes de asilo no tienen teléfonos celulares porque no pueden pagarlos o porque actores criminales o agentes gubernamentales en México les han robado los teléfonos.
Cuando los solicitantes de asilo tienen teléfonos, a menudo sus dispositivos no tienen espacio de memoria para admitir la aplicación y no pueden pagar los datos que necesitan para usar la aplicación o no tienen acceso a Wifi, denunció la ONG.
El informe se basó en entrevistas con 128 solicitantes de asilo que pudieron compartir información sobre las experiencias de un total de 263 personas, incluidos familiares y amigos con quienes viajaban, así como entrevistas con 13 trabajadores de refugios, ocho proveedores de servicios para migrantes, funcionarios del gobierno mexicano y trabajadores de derechos humanos. La investigación se llevó a cabo entre agosto y septiembre de 2023 en Ciudad de México; Saltillo y Piedras Negras, Coahuila; Monterrey, Nuevo León; Nuevo Laredo, Tamaulipas; y Eagle Pass, Texas.