Es casi medio año y el gobierno todavía no compra los medicamentos para 2021

En materia de abasto de medicamentos para instituciones del sector público, el remedio resultó peor que la enfermedad: el gobierno cambió la forma de comprarlos con el argumento de que había prácticas corruptas, fracasó en el intento, los expertos le dicen, de una y otra forma, “te lo dije”, no quiere corregir y los pacientes son quienes pagan las consecuencias.

De acuerdo con dirigentes de la industria farmacéutica y expertos en compras de gobierno, la persistencia en el desabasto de medicamentos se explica por el alto nivel de improvisación, desorganización e inexperiencia de quienes tienen la tarea de adquirir los medicamentos e insumos médicos y que, a dos años y medio de iniciado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no han podido cumplir en tiempo y forma con su trabajo.

El informe denominado “Mapeo del desabasto de medicamentos en México”, correspondiente al primer cuatrimestre de 2021, que realizó la organización Cero Desabasto, desde febrero de 2019 y hasta el 30 de abril pasado, registra 4,504 reportes que detallan la falta de alguna medicina o suministro médico en instituciones públicas del sector salud de todo el país.

Tan solo entre enero y abril de este año, recibieron 773 reportes de 30 entidades, entre las que destacan la Ciudad de México, de donde proviene 31% de los casos, seguido por Jalisco, con 10%, así como Estado de México y Chihuahua con el 9% cada uno.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que por mucho es la institución que más pacientes atiende en el país, concentra el mayor número de reportes por desabasto, 43%, seguida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 28% y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), 21 por ciento. El porcentaje restante corresponde a los servicios estatales de salud, hospitales de alta especialidad e institutos nacionales de salud y otros subsistemas federales.

Cambio en la forma de comprar generó el problema

El origen de este problema fue la decisión del gobierno federal de cambiar la forma en que se compraban las medicinas y, en general, todos los insumos médicos.

Además, en mayo de 2019, el gobierno del presidente López Obrador vetó a los tres principales distribuidores de insumos médicos, señalándolos (que no acusándolos formalmente), de prácticas monopólicas.

De acuerdo con un análisis realizado por la Organización Impunidad Cero, al tomar esa decisión, el gobierno no consideró que esas empresas compraban medicamentos a otras farmacéuticas para vender al gobierno, tanto las medicinas, como la distribución.

Concretamente no se contempló la logística de distribución lo cual contribuyó al desabasto.

El problema creció y en octubre de 2020, el gobierno informó que tomó la decisión de encargar a la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) la compra consolidada de medicamentos para el periodo 2021-2024.

El organismo, que no tiene experiencia en la compra de medicamentos en las cantidades que requiere México, cobraría una comisión de 1.25% del monto total de la compra, es decir, alrededor de 85 millones de dólares, por hacer la función que antes hacía el IMSS al menos desde 2013. Además cobró por adelantado 134 millones de dólares por la consultoría.

José Carlos Ferreyra López, presidente del Instituto Farmacéutico México (Inefam), destacó que UNOPS  es la misma organización que cobró al gobierno mexicano cinco millones de dólares por vender el avión presidencial, que luego fue rifado pero no entregado a los ganadores de la rifa y que sigue en venta, pero no hay quien lo compre. Además el gobierno mexicano le pagó alrededor de 125 millones de pesos por la implementación del pasaporte digital, pero los mexicanos todavía siguen usando los de siempre.

Para solucionar el problema del desabasto, el gobierno propuso a la empresa paraestatal BIRMEX, pero ésta no cuenta con la capacidad, infraestructura, recursos, ni logística para proporcionar el servicio de distribución de insumos tan delicados como medicinas a todo el país.

55% de las claves no se licitaron

El 27 de mayo pasado, el secretario de Salud, Jorge Alcocer dijo en Palacio Nacional que “a la fecha, se han adjudicado con la UNOPS un total de 730 claves de medicamentos y material de curación. Participaron 171 empresas de 17 países y resultaron ganadoras 144 empresas de siete países”.

Expuso que se trata de medicamentos, de alta especialidad, alto consumo: oncológicos, enfermedades infecciosas, cardiología, VIH, neurología, hematología, endocrinología.

Ese día el presidente López Obrador afirmó que en la compra de medicamentos existe un ahorro de 11,880 millones de pesos.

Sin embargo, el problema es que, a la fecha, la UNOPS no ha cumplido con el encargo, en tiempo y forma. De acuerdo con Sergio Martín Esquivel, presidente de la Comisión de Compras de Gobierno de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), a la fecha esa oficina de la ONU únicamente ha podido licitar 45% de las claves de medicamentos. Eso quiere decir que solo 1,184 claves se le han pedido a alguna empresa que las surta.

El especialista en contratos públicos llama la atención en que 88% fueron adjudicadas a empresas nacionales porque las extranjeras, que eran a quienes el gobierno prefería comprar, o no quisieron, o no cumplieron con los requerimientos.

Eso quiere decir que, más de la mitad de las claves no pudieron ser licitadas. Eso explica el desabasto y la dimensión del problema que enfrenta el país en la materia.

De acuerdo con el “Reporte especial. Estructura general de la compra consolidada de medicamentos organizada por la UNOPS para el abasto 2021. Claves desiertas y adjudicadas”, realizado por el Inefam, de junio 2021, la UNOPS debió adjudicar ya a posibles vendedores 1,606 millones 514,959 piezas de medicamentos para 2021, de los cuales sólo logró adjudicar 664 millones 445,626 y ha declarado desiertas 962 millones 069,333 pesos.

Dicho de otra forma, ha adjudicado 40.1% de las piezas y declarado desiertas 59.9 por ciento. En 56.7% de los casos, es porque el precio se consideró no aceptable y en 38.7% no se sabe el motivo. Eso explica que, a dos años y medio de iniciado el problema, se hayan presentado ya más de 200 amparos y casi 600 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por parte de derechohabientes que reclaman la falta de medicamentos para sus tratamientos.

Si bien en los últimos días se han incrementado las denuncias de desabasto de medicamentos, es un problema que se viene arrastrando desde 2019. Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) recordó que, en junio de ese año, se tuvieron 62% de las claves desiertas y para la segunda licitación, celebrada en diciembre, con mucho menos claves, 30% se declararon desiertas.

De acuerdo con el especialista, en México nunca se había superado el 7% de claves declaradas desiertas en los procesos de licitación. El desabasto afecta a todos los pacientes. Sin embargo, Impunidad Cero señala que quienes más han reportado la falta de sus medicamentos son los que padecen diabetes, seguidos de los de cáncer, enfermedades reumatológicas, entre otras.

En febrero el gobierno pidió a dependencias comprar como puedan

En febrero pasado, el propio gobierno encendió las alarmas. El día 23 de ese mes, el Insabi, encargado de operar el nuevo esquema con la UNOPS, envió un oficio circular a los titulares de las instituciones del sector participantes en la compra consolidada de medicamentos y material de curación 2021, en el que los instruye a comprar los medicamentos que no pudo comprar la UNOPS.

El documento, firmado por el coordinador de Abasto, Adalberto Javier Santaella Solís, hace referencia a 231 claves de medicamentos y material de curación no susceptible de consolidación.

Ferreyra López, presidente del Inefam, dijo que el gobierno calculó que las convocatorias de compra emitidas por la UNOPS tendrían una altísima respuesta en los mercados internacionales, pero no fue así.

Prueba de ello es que 85% de las propuestas aceptables fueron de empresas mexicanas.

Además se evidenció que en más de 200 claves de medicamentos esenciales quienes ofrecían el mejor precio, la mejor garantía y calidad y abasto, era PISA y otras mexicanas; sin embargo el gobierno se negó a que les compraran a ellos. Eso lo obligó a optar por las llamadas compras directas aunque sea más caro.

Cambian marco legal para poder comprar a quien sea

Por otra parte, a lo largo del problema de desabasto, el gobierno mexicano se ha visto obligado a cambiar el marco legal que rige las adquisiciones públicas, con el fin de que la UNOPS pueda cumplir con el encargo.

El  presidente del Inefam, recordó que la UNOPS prácticamente obligó al gobierno mexicano a modificar la Ley de Adquisiciones, para que no se viera afectada por denuncias entre países, debido a que México tiene firmados una serie de tratados de libre comercio. Eso para que quedara expreso en la ley la posibilidad de intervención de organismos internacionales.

Posteriormente, para que no tuviera ningún cuestionamiento en cuanto a la calidad y eficacia de los medicamentos que comprara, el gobierno publicó un acuerdo mediante el cual la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) fue puesto a cargo de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, que dirige Hugo López- Gatell.

Además, modificó la farmacovigilancia, para que, si algún paciente tiene algún problema derivado de los medicamentos suministrados en unidades médicas del gobierno abastecidas por la UNOPS, no exista responsabilidad para ese organismo internacional, añadió el presidente de Inefam.

En ese sentido Gual Cosío afirmó que lo que ocurrió fue que el gobierno pavimentó el camino para que se compren productos en el extranjero, con una falsa visión donde piensan que hay almacenes llenos de medicamentos en el mundo para ofrecerlos a quien lo quisiera, pero, obviamente, así no funciona la industria farmacéutica.

Recalcó que se requiere planeación y tiempo para la fabricación de medicamentos, tanto en México, como en el resto del mundo.

Destacó que la autoridad mexicana también decidió reconocer registros de países que ni siquiera estaban considerando en México y ahora no vamos a saber si la calidad de esos productos es correspondiente a lo que se les exige a las empresas establecidas en México, porque se trata de países que no son de alta vigilancia sanitaria.

Para el director de Canifarma, lo relevante es que ahora el gobierno puede comprar al precio que sea, a cualquier postor y donde sea y, lo más grave, sin garantizar la calidad de los productos que se van a comprar.

Refirió que ya se han visto importaciones de productos de Korea, en donde el etiquetado no cumple con lo que se exige en la norma 072 de México en materia de etiquetado. “Vienen etiquetados en coreano, hebreo, cirílico”.

El gran problema, abundó, es que se está legislando sobre las rodillas, tratando de permitir que estas cosas se den, permitiendo que muchas importaciones puedan venir sin ninguna forma de control, como se exige a las empresas establecidas en México.

Recalcó que la industria farmacéutica mexicana es muy competitiva y seria, consolidada y no se le ve como un activo para el país.

“Contamos con una industria farmacéutica seria que puede abastecer el mercado nacional, inclusive de centro y Sudamérica”, expuso.

Puede estar en riesgo el cobro de facturas al gobierno

Por su parte Carlos Matute, experto en derecho administrativo, subrayó que estamos ante un crimen y lo constituye el desabasto de medicamento. Llamó la atención en que el problema no se ha manifestado en toda su dimensión, porque ha bajado la atención médica, debido a las medidas para la contención de la pandemia de la Covid-19. “Cuando se vuelva a brindar atención médica, los pacientes se van a dar cuenta que no se han comprado los medicamentos e insumos médicos y entonces, lo que es un problema de administración pública, se va a convertir en un problema social.

En su opinión, en materia de compra de medicamentos, el gobierno se ha convertido en dos años de ineficiencia y de inoperabilidad; se hicieron bolas en la compra y lo único que han hecho es “patear el bote” (echar el problema hacia adelante) con una serie de ordenamientos hacia una parte de la ejecución de contratos para realizar abasto urgente que podrá incluso poner en riesgo el cobro de lo adquirido por el desaseo con el que están haciendo los procedimientos de licitación.

Al respecto, Sergio Huacuja, integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y experto en contratación pública, expuso que, en el caso de la compra de medicamentos “la realidad se ha impuesto y finalmente el destino nos alcanzó. Lo que era la crónica de un fracaso anunciado, es ya una realidad”.

Estos dos años y medio han transitado por un difícil alumbramiento a un cambio de paradigma en el proceso de contratación gubernamental que, si bien es cierto, ha sido planteado desde la buena fe y pretendía erradicar vicios y eventualmente poder dejar al margen prácticas nocivas, que eventualmente pudieran haber generado temas de corrupción, lo cierto es que en la práctica los resultados han sido total y absolutamente distintos.

Prueba inequívoca de ello, dijo, es que los procesos de licitación pública enarbolados como regla genérica del artículo 134 constitucional, que recientemente fue modificado, se han convertido hoy día en una excepción. Ahora, la regla son justamente los supuestos de excepción que la ley prevé que es la adjudicación directa o a cuando menos tres personas.

diego.badillo@eleconomista.mx