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Ex funcionarios de Moreira, a la cárcel
La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en favor del dueño de un predio a quien el gobierno del estado se negó a reembolsarle $7,000.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila consignar penalmente a tres ex funcionarios de Torreón, Coahuila, por desacato judicial al incumplir una sentencia dictada por un juez.
El caso tiene origen el 3 de octubre del 2012, durante el mandato del ex gobernador Humberto Moreira, cuando el municipio de Torreón fijara erróneamente el valor catastral de un predio, el dueño impugnó y ganó el juicio.
Un juzgado en Coahuila ordenó el 7 de enero del 2013 que se devolvieran 7,000 pesos; sin embargo, el municipio se negó a pagar debido a insuficiencia presupuestal; por ello, el caso llegó al máximo tribunal.
Los ex funcionarios, Pablo Chávez Rosique, tesorero; Roberto Flores Zamudio, jefe de catastro municipal, y Juan Ángeles Salas Rochas, encargado de verificar el catastro municipal, podrían ser acusados de desacato judicial.
Y es que la propuesta de sentencia, presentada por el ministro Jorge Pardo Rebolledo, mediante la que se plantea consignar penalmente a los tres ex trabajadores del municipio, es apoyada por otros cinco ministros, lo que suma ya seis votos -de 11- en favor .
El municipio aparentemente quiso cumplir con la sentencia, y digo aparentemente, porque sólo dejó insubsistente el avalúo, pero no hizo un nuevo avalúo; para hacer uno nuevo no necesitaba tener recursos presupuestales, tenía que haber hecho el avalúo, hacer la liquidación y como resultado finalmente sólo tener que devolver 7,000 y tantos pesos, que no creo que impacten demasiado en la cuestión presupuestal , refirió el ministro Luis María Aguilar.
Evidentemente no se atendió al cumplimiento de la sentencia hasta que llegó hasta esta Suprema Corte, y después de que se cumplió ex temporáneamente, ante esta corte, tratan de justificar el cumplimiento extemporáneo , expresó el ministro Pardo Rebolledo.
Los ministros retiraron de última hora este incidente de inejecución para valorar unos documentos con los que se pretende justificar el cumplimiento extemporáneo de dicha sentencia.
El próximo lunes, el pleno decidirá si le da valor probatorio o no a estos escritos.
