Gastan el doble y resuelven la mitad

Cancún, Qroo. Falta de voluntad y el partidismo son la razón de que 112 millones de mexicanos padezcan la criminalidad común y organizada.

Aunque existen recursos y tecnología, el subejercicio aleja las soluciones. También está el factor humano, expuso la directora de Proyectos Especiales de la consultora en seguridad pública, Promad, Dora Irma Terrazas Herrera.

Entrevistada por El Economista durante el IV Congreso Internacional de Centros de Atención de Emergencias, en Cancún, comentó que todo el paquete cuesta entre 40 millones y 45 millones de pesos, lo que representa menos de 50% de los que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) otorga al año a más de 220 municipios.

Acusó que ante la existencia anárquica de números de emergencia, se busca impulsar la creación de los llamados C-4 con una alianza de empresas mexicanas que pueden cumplir todos los requisitos, estándares y exigencias internacionales .

La unión compuesta por Auronix, Avaya Inc, Cen Systems, Epe, Grupos Integradores, MapData, Promad, Sogams y Wasatch decidió crear El Sistema Integral de Atención de Emergencias (Siade) en el 2008, que ofrece a estados, municipios y a la Federación, toda una gama de posibilidades para atender denuncias o necesidades de seguridad ciudadana.

Aceptó que en cada estado de la República existen 32 C-4, 72 subcentros y centros de emergencia en los más de 220 municipios, pero los informes son dispersos. No se puede decir que no existen esfuerzos gubernamentales pero tienen que ser canalizados en forma eficiente para cumplir con las exigencias de la población .

Terrazas Herrera, quien ha trabajado junto con autoridades de gobierno desde hace años, puntualizó que el SESNSP ha otorgado los recursos suficientes para adquirir equipos de vigilancia y denuncia. Sólo falta, dijo, que los responsables de la seguridad y la vigilancia en cada entidad y en todos los municipios asuman su responsabilidad ante la demanda de la sociedad de vivir tranquila.

SIN CERTIFICADO PARA GRABAR

TRABAJAN SÓLO CON PERMISO

Cancún, Qro.- Salvador Alvarado, representante de Sistemas Mer, filial de la empresa estadounidense JOVS, experta en videograbar juicios orales, alertó que no existe certificación sobre empresas involucradas en las necesidades que generó la Reforma de Justicia Penal, lo que puede provocar fuga o filtración de información a delincuentes.

Alvarado destacó que en México, luego de la reforma, laboran entre ocho y 10 empresas, incluida la suya, en Baja California, Sinaloa, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Guanajuato. Sin embargo, dijo, sólo cuentan con el visto bueno del Secretariado Técnico para la Implementación de la Reforma de Justicia Penal, a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Alvarado expuso la necesidad de salvaguardar la seguridad de testigos y denunciantes, sobre todo en juicios de excepción que involucran a testigos protegidos en casos de delincuencia o crimen organizado, como establece la reforma.

En ese sentido, reiteró que las empresas que trabajen en nuestro país en la operación de mecanismos de impartición de justicia, de los que todos estamos aprendiendo, asuman responsabilidades para que se cumplan las intenciones de la reforma .

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