Gertz Manero propone blindar a testigos protegidos

El presidente de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, Alejandro Gertz Manero, urgió a crear leyes que brinden mayor seguridad a los testigos protegidos, que cooperan con las autoridades contra la delincuencia organizada.

Luego del asesinato del testigo protegido de la PGR, Edgar Bayardo, el diputado federal por Convergencia, consideró necesario que este tipo de personas tengan mayor protección y claridad en su situación jurídica.

"(Edgar Bayardo) era una persona que estaba formalmente detenida, estaba en una situación que era de un limbo legal, en el que sí estaba en una instalación que era de la procuraduría, pero que podía entrar y salir".

Pareciera que la ejecución de Bayardo, dijo, es producto de un descuido o de una desatención de las autoridades encargadas de salvaguardar su integridad física.

'Los datos que había dado, ya habían dado sus frutos, la información formaba parte del acervo que tenían la instituciones de seguridad de justicia, pero el hecho de que lo hayan asesinado de esta forma también indica que debe haber filtraciones externas e internas de tal naturaleza que traen este tipo de consecuencia', añadió.

Caros y ¿eficientes?

Antes de ser testigos protegidos de la PGR, fueron asesinos, guardaespaldas, choferes, cómplices, lugartenientes o hasta familiares directos de los capos del narcotráfico. Con nombres ficticios, estos personajes son parte sustancial en juicios contra miembros del crimen organizado.

Para las autoridades, sus testimonios han servido para enfrentar a la delincuencia organizada y llevar a prisión a varios de los más peligrosos delincuentes. En contraparte, abogados defensores cuestionan su uso y los acusan de declarar inducidos, en forma parcial por intereses personales y de las autoridades.

Algunos de los colaboradores de este tipo de las autoridades no han pisado la cárcel, se encuentran resguardados, bajo protección y pago de las autoridades. Otros, han muerto asesinados, algunos más fueron dados de baja del sistema de protección o en los hechos han escapado, o preferido entregarse en Estados Unidos a las autoridades de ese país para evitar filtraciones sobre su paradero o el de sus familias.

En 2006, la PGR dio a conocer una inversión cercana de $38 millones en ocho años con el propósito de mantener y brindar seguridad a testigos colaboradores y protegidos, que en su momento aportó información a la dependencia en casos de investigaciones relacionadas con el crimen organizado. Falta saber el dato en el sexenio de Felipe Calderón.

Caso Bayardo destapó la polémica

La semana pasada, Edgar Bayardo fue acribillado en un café Starbucks de la colonia del Valle. No tenía problemas de dinero, fue detenido por su relación con el narcotráfico, en particular con el cártel de Amado Carrillo, desde mediados de los noventa. En los últimos años cobraba US100,000 por informar al cártel de los hermanos Zambada, pero también había trabajado para los Beltrán Leyva.

A todos los cárteles les cobraba en varios miles de dólares por proporcionarles información, y al ser detenido y protegido de la PGR cobraba $50,000 mensuales.

Asesino y soplón (en el lenguaje del crimen), el asesinato de Bayardo abre la duda sobre la eficacia de los testigos protegidos, quienes se encuentran en un limbo legal que las autoridades deben esclarecer.

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