Gobierno de EPN, el de más extorsiones

En los últimos tres sexenios, el delito de extorsión aumentó considerablemente, siendo la administración de Enrique Peña Nieto la que tiene el registro más alto.

De acuerdo con cifras anuales de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde el 1 de diciembre del 2012, fecha de inicio del gobierno en curso, hasta el último informe con corte al 30 de septiembre, se cometieron 34,959 extorsiones en todo el país.

En lo que va de este sexenio, las entidades con mayor incidencia de este delito son: el Estado de México con 6,341 registros, Jalisco con 4,107 y la Ciudad de México con 3,809.

En contraste, las entidades con menor número de denuncias son Nayarit con nueve, Tlaxcala con 25 y Morelos con 107.

Si bien el mayor recuento de extorsiones se ha cometido en el gobierno en curso, al comparar la incidencia durante el mismo lapso, pero en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, este delito aumentó más de la mitad en comparación con el sexenio anterior.

Mientras que entre el 1 de diciembre del 2000 y el 30 de septiembre del 2006, durante el gobierno de Vicente Fox se denunciaron 12,747 extorsiones; entre el 1 de diciembre del 2006 y el 30 de septiembre del 2012, en la administración de Felipe Calderón, se cometieron 31,950, es decir, aumentó 60 por ciento.

Según la Policía Federal, en el delito de extorsión la delincuencia utiliza la violencia psicológica para intimidar a las víctimas, por ejemplo, utilizando agresiones verbales y, de acuerdo con el artículo 390 del Código Penal, la extorsión, considerada como un delito de alto impacto, la comete quien “sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial”.

También asienta que a quien cometa este delito se le aplicarán penas de dos a ocho años de prisión y de 40 a 160 días de multa. Las penas aumentarán si la extorsión se realiza por una asociación delictuosa, un servidor público, ex servidor público, miembro o exmiembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas.

Por ello se impondrá al servidor o ex servidor público, o al miembro de alguna corporación policial, la baja definitiva de la institución a la que pertenezca, así como la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargos públicos.

Por otra parte, las autoridades federales señalan que la modalidad más frecuente de extorsión es la telefónica, que inició a principio del año 2000, cuando el acceso a la telefonía celular se amplió a un mayor número de sectores de la población. A partir de esto, los delincuentes comenzaron a contactar a sus posibles víctimas mediante llamadas o mensajes de texto.

Recientemente el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentó el Informe de Resultados del Comité Especializado de Estudios e Investigaciones que Permitan Inhibir y Combatir la Utilización de Equipo de Telecomunicaciones para la Comisión de Delitos o Actualización de Riesgos o Amenazas a la Seguridad Nacional Junio 2017-Junio 2018, que remitió a la Cámara de Senadores y reveló que, en un periodo de un año, reos de siete centros penitenciarios , de los cuales dos son federales y cinco estatales, cometieron 3.7 millones extorsiones a través de llamadas telefónicas.